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Un pequeño lío jurídico tiene en enredos a una de las emisoras más prestigiosas de Colombia, Radio Santa Fe, creada en 1956. El 29 de enero de 2004 uno de sus exdirectores, Germán Salgado Morales, demandó a la cadena radial porque, según él, después de un despido injustificado no le fueron liquidados sus cesantías conforme a su salario y no fue indemnizado como correspondía. Según las cifras de Salgado Morales, lo que le tendrían que pagar a corte del 31 de agosto de 2013 serían $994 millones.
El proceso legal llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que el 13 de junio de 2012 determinó que los fallos de primera y segunda instancia estaban acordes a derecho y que la empresa Radio Santa Fe Ltda. debía pagarle por cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de servicio, indemnización de despidos, indemnización moratoria, aporte a la seguridad social y una sanción legal por la no consignación de las cesantías en un fondo de ahorro.
Sin embargo, Salgado ha dicho que no ha visto un solo peso del dinero que la Corte ordenó que le pagaran. El gran problema es que la empresa a la que el exdirector demandó ya fue liquidada y no hay quien le responda por su plata, es decir, Radio Santa Fe Ltda. dejó de existir. Según los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, Radio Santa Fe Ltda. se convirtió en sociedad anónima y en junio de 2010 se cambió el nombre a Grupo Las Palmas S.A.S., hasta su liquidación total el 12 de septiembre de 2012. En pocas palabras, no hay un responsable a la vista en este caso.
Aunque se sigue escuchando Radio Santa Fe, la concesión de radiodifusión de la emisora pertenece a otra empresa. Según un oficio del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, “el 21 de septiembre de 2009 se autorizó la cesión de los derechos de concesión de la sociedad Radio Santa Fe S.A. a favor de la sociedad Grupo Santafé S.A.”. Salgado ha dicho que irá hasta las últimas consecuencias para que se le pague la millonaria deuda. Agregó que de ser posible intentará apropiarse de la marca Radio Santa Fe a través de herramientas jurídicas, como, por ejemplo, entablar una denuncia penal por fraude a resolución procesal.
Morales Salgado inició su pleito jurídico asegurando que lo despidieron sin justa causa el 1º de agosto de 2001. “Yo llegué a mi puesto de trabajo y ahí estaba sentado Édgar Artunduaga. Fui a la oficina de la gerenta a preguntar qué sucedía y me avisaron que ya no seguía trabajando como director de Radio Santa Fe. No salí por renuncia sino por despido y eso sepultó prácticamente mi carrera porque en ningún medio me querían contratar. Me dijeron que llegáramos a un acuerdo para mi indemnización, pero era mínima”, aseguró el exdirector.
Morales decidió entablar la demanda por la crisis financiera que le causó su despido. En ella alegaba que jamás lo liquidaron ni le pagaron cesantía e indemnización. Según registran los fallos de las tres instancias, el lío jurídico se dio por el sueldo que le pagaban cuando era director de la emisora. El total que recibía Salgado como director era de $5’000.000, sin embargo, el gran problema fue que en el contrato entre las partes se establecía que el sueldo era de $625.000 y que por concepto de subsidio de alimentación y transporte recibía $4’375.000, es decir $2’187.500 por cada auxilio.
Tanto el juzgado como el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte manifestaron que no era normal que el ingreso mensual de un director de un medio de comunicación estuviera compuesto en un 87,5% por pagos “no constitutivos de salario”. Esta es la razón por la cual la Corte dijo que, a pesar de que existiera un contrato, Salgado tenía la razón al no haber aceptado la conciliación y, por ende, se le tenían que retribuir sus derechos. El Espectador intentó comunicarse con los socios de Radio Santa Fe, pero se abstuvieron de hacer comentarios ya que, manifestaron, se trata de un tema viejo que no tiene ninguna validez porque la empresa ya no existe y la emisora está en manos de un nuevo dueño. Sin embargo, a lo largo del proceso se defendieron argumentado que la justicia se equivocó al considerar los auxilios de alimentación y de transporte como factor salarial a pesar de que había un pacto expreso entre las partes.
smartinezh@elespectador.com
@santsmartinez
Por Santiago Martínez Hernández
