El lunar de los ‘falsos positivos’

Con el ánimo de buscar un reconocimiento institucional en la lucha contra las autodefensas, y para mostrar un éxito operacional ante la opinión pública, “con plena conciencia” de lo que hacían, un teniente y 13 soldados profesionales asesinaron a sangre fría a cinco personas que, después se constató, hacían parte de la red paramilitar al servicio de Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos. Los uniformados hacían parte del Batallón de Infantería número 44 Ramón Nonato Pérez, y el 25 de mayo de 2005, en la vereda El Porvenir del municipio de Monterrey (Casanare), retuvieron arbitrariamente a los señalados colaboradores del grupo ilegal, quienes aparecieron muertos al siguiente día.

Varios familiares de los occisos reconocieron que pertenecían a las autodefensas y contaron que los militares sancionados alteraron la escena de los hechos, no guardaron la cadena de custodia de los cuerpos o demás elementos de prueba, les pusieron ropa a sus víctimas que no correspondía con los orificios que les causaron las balas, y que fue de una finca de donde se los llevaron, respetándole la vida sólo a una mujer que supuestamente adujo estar embarazada. Uno de los testigos relató que después de interrogatorios sobre la ubicación de unas caletas con armamento, los uniformados les hicieron poner unos camuflados a estos paramilitares y los desaparecieron.

La Procuraduría estableció que después del asesinato se configuró toda una trama para simular un combate con el fin de evitar la mano de la justicia. Pero, además, los exámenes de Medicina Legal y otras pruebas criminalísticas demostraron que los miembros de este batallón de infantería, comandando por el teniente Haizer Meléndez Malagón, en desarrollo de operaciones legales, buscaron disfrazar unas ejecuciones extrajudiciales como un positivo más en la lucha contra los ‘paras’ en esta región de los Llanos.

La providencia de la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad de 15 años a estos 14 uniformados, y aunque se comprobó en el curso del proceso que las víctimas, Misael Álvarez Guerrero, Yúber Armando Contreras, Berney Guerrero, Nelson Enrique Arias y Hilda Blanco Cruz, conformaban las Autodefensas Campesinas del Casanare, también se determinó que sus decesos no ocurrieron como la versión oficial que los militares entregaron a la justicia, sino que se dieron como parte de un plan criminal que no es admisible para integrantes de la Fuerza Pública.

“No interesa que las personas a quienes arbitrariamente se les segó la vida colaboraran con las Auc, sino que estos asesinatos se produjeron como un lamentable y errado proceder de los servidores del Ejército”, concluyó el Ministerio Público.

Castigo por muerte de menor

El despacho de la Viceprocuradora también destituyó e inhabilitó por 10 años al capitán de la Policía Julio César Torrijos y al subteniente Édgar Mauricio Fontal, por los hechos que rodearon la muerte del menor Nicolás David Neira, ocurrida el 1° de mayo de 2005 en Bogotá. De acuerdo con la decisión, los uniformados no impidieron el asesinato del joven, hubo reiteradas contradicciones por parte de agentes del Escuadrón Antidisturbios de la Policía y se constató que un golpe contundente en su cabeza, producto “de un brutal ataque”, ocasionó el deceso del joven, que además sufría de asma. El menor fue señalado de participar en un marcha con un grupo de ‘punketos’ y se dijo que fueron éstos los que le causaron la muerte, aunque se estableció que fueron precisamente ellos los que intentaron salvarle la vida y que los policías no atendieron al joven.