El marchitar de Las Margaritas

Sabanas de San Ángel (Magdalena) fue el fortín de ‘Jorge 40’ y sufrió durante años el desplazamiento forzado. / Diario Hoy

En Sabanas de San Ángel (Magdalena), a escasos kilómetros de Chivolo (Magdalena), donde esta semana el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, presentó los avances en la implementación de la política de restitución de tierras, está la finca Las Margaritas. Un predio detrás del cual hay una historia de desplazamiento, litigios y errores burocráticos que parece no acabará pronto.

Todo se remonta a 1995. Ese año, la señora Margarita Felizzola de Rodríguez, en ese momento dueña de Las Margaritas, obtuvo un crédito de $5’250.000 de la hoy inexistente Caja Agraria. En 1998 los paramilitares de Jorge 40, que ya habían convertido la zona en su fortín, desplazaron a la mujer, a su esposo y a sus hijos. Otro de ellos había sido asesinado años antes. Por culpa de este desplazamiento la mujer no pudo seguir pagando el préstamo y entonces en 2001 el Banco Agrario, que había recibido los pasivos y activos de la Caja Agraria, la demandó. No hubo consideración con ella, dicen sus familiares.

Meses después, como la deuda seguía sin ser pagada, un juzgado de Magdalena ordenó el embargo del predio y el Banco Agrario procedió a rematarlo. Al fin, en febrero de 2004 la finca, de 40 hectáreas pasó a propiedad de Carlos Arturo Londoño Acosta, un empresario vallecaucano que la compró en $6’922.300. Pero la cosa no quedó allí. La señora Felizzola demandó el remate porque nunca se le notificó que éste iba a realizarse. Ahí el primer error: aunque el banco tenía información de que la mujer había sido desplazada y que había cambiado de residencia, le enviaron la notificación a donde no era.

Por ello la Corte Constitucional, en fallo del 17 de junio de 2005, ordenó que se anulara el remate porque “la entidad bancaria actuó de mala fe y faltó a la verdad”. La finca volvió a manos de Felizzola. Para solucionar todo esto, el 28 de diciembre de 2005 el Banco Agrario y la señora Felizzola llegaron a un acuerdo.

En la primera cláusula del mismo la mujer se obligó “libre, voluntaria y expresamente” a transferirle a Carlos Arturo Londoño el dominio de Las Margaritas a cambio de $20 millones. Sin embargo, la compraventa no se podía dar porque el predio estaba protegido por ser propiedad de víctimas de desplazamiento. Entonces en la cláusula octava se estipuló: “Las partes se comprometen a celebrar los actos necesarios para remover los obstáculos que puedan presentarse para el cumplimiento de este contrato”. Es decir, levantar la medida de protección.

No obstante, a renglón seguido quedó: “En caso de incumplimiento de la obligación de transferir el inmueble, la señora Margarita Felizzola deberá pagar, a título de devolución, una suma equivalente al 100% de lo que hubiese recibido con ocasión de este contrato”. “Nosotros íbamos a pagar la deuda, ya que no íbamos a levantar la medida de protección”, aseveró Antonio Rodríguez, hijo de la señora Felizzola, que falleció tiempo después. Y, para colmo de males, de repente el predio quedó sin medida de protección y volvió a manos de Carlos Arturo Londoño.

“Nosotros nunca solicitamos el levantamiento de la medida de protección”, aseguró Rodríguez. En realidad, era el Banco Agrario quien lo había hecho “en consonancia con lo que se había pactado”, según el vicepresidente jurídico del Banco Agrario, Hernando Gómez. “Con el acuerdo la misma Margarita accedió a que solicitáramos el levantamiento de la medida de protección. No se entiende por qué ahora dicen que lo que firmaron en el contrato de transacción no era lo que querían”, aseveró.

Los Rodríguez Felizzola demandaron, pero la Corte Suprema de Justicia concluyó lo mismo que Gómez en su fallo del 29 de septiembre de 2011. En él, el magistrado José Luis Barceló Camacho comentó: “[Es] evidente que el actor participó en la negociación que dio lugar a la cancelación de restricción de enajenar el citado bien, luego no puede pretender ahora retrotraer unos actos jurídicos con consecuencias patrimoniales”. Y declaró legal el segundo remate. Pero la historia, de nuevo, no acabó allí.

Ahora el Incoder, que levantó la medida de protección, aceptó que hubo un error en ese trámite. “En casos como este, sólo el dueño del predio puede solicitar el levantamiento. En este caso fue el Banco Agrario quien lo hizo y, por ello, la irregularidad. Por esta razón, todo lo actuado deberá ser anulado”, aseveró la subdirectora de Tierras de esa entidad, Jénnifer Mujica López.

El Incoder incluyó a Las Margaritas en el grupo de predios de esta región del país donde se está definiendo el “instrumento jurídico o administrativo para reivindicar los derechos de la población víctima de desplazamiento, la cual fue despojada de sus títulos por actuaciones administrativas del Instituto”. Por esto, es probable que la propiedad vuelva a manos de sus antiguos dueños y se abra así otro capítulo de este litigio de casi 11 años.

Fue un error. Mejor, varios errores. Y, sin embargo, entre litigio y litigio, Las Margaritas siguen en disputa. Este predio es la muestra de que el problema de la tierra en Colombia es más complicado de lo que lo quieren hacer ver. A Carlos Arturo Londoño, los antiguos dueños de Las Margaritas lo acusan de aprovecharse de las condiciones de violencia en esa región del país. El empresario responde que en esa zona hay muchos campesinos que se aprovechan de su condición de desplazados para vender varias veces un mismo predio.

Los Rodríguez Felizzola llevan 14 años sin regresar a la finca; Londoño sigue bajo la incertidumbre. Mientras el ministro de Agricultura muestra como un éxito la implementación de la política de restitución de tierras, las entidades siguen con dolores de cabeza por casos como el de Las Margaritas, una estampa de un problema nacional.