El millón de dólares de Gette en Suiza

La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) Silvia Gette Ponce está recluida en El Buen Pastor por los procesos que se le adelantan por soborno y nexos con grupos paramilitares. Ahora la Fiscalía ha pedido que en su expediente se incluya además una investigación por el delito de abuso de confianza, debido a que, al parecer, utilizó su poder en la institución educativa para apropiarse en 2007 de más de un millón de dólares del alma máter. El dinero, según ella, fue invertido para obtener ganancias suficientes para la remodelación y adecuación de las sedes de Bogotá, Barranquilla y Miami. Sin embargo, los cambios al final se hicieron con otros recursos y el préstamo de Gette nunca se multiplicó ni apareció.

Cómo terminó ese millón de dólares en una cuenta personal de la exrectora de la UAC en un banco en Suiza es lo que explica un nuevo escrito de acusación contra Gette que fue radicado el pasado 14 de julio y en el que se la acusa del delito de abuso de confianza. El documento detalla la forma como Gette extrajo el dinero de las cuentas de la universidad, lo pasó a una cuenta en EE.UU. y luego lo transfirió a Suiza, con la excusa de que estaba haciendo una inversión para la universidad y que por ser en el extranjero era más fácil que estuviera a su nombre.

Según el escrito, conocido por El Espectador, todo comenzó el 20 de febrero de 2007, cuando desde una cuenta bancaria de la UAC en el Helm Bank de Barranquilla se hizo una transferencia por US$1’006.000 a una cuenta que abrió Gette a nombre de la institución en el Helm Bank de Miami. Luego, ese mismo día, un cheque del Helm Bank por igual cantidad de dinero fue consignado en el banco Liechtensteinische Landesbank de Zúrich (Suiza). Ese trámite permaneció reservado hasta 2013, cuando una solicitud de extractos bancarios al Helm Bank por parte del abogado y exfiscal Mario Iguarán, como apoderado de la universidad, reveló que el dinero que la universidad suponía guardado en Miami ya no existía. No obstante, las autoridades establecieron que una cantidad de dinero similar había sido transferida a una cuenta en Zúrich propiedad de Gette, lo cual se convirtió en un indicio para la Fiscalía sobre la responsabilidad de la exrectora.

Al seguimiento contable pedido por la universidad y que dio origen a esta investigación se suma el testimonio de algunos funcionarios de la institución académica y de los intermediarios que plantearon el negocio del cual, se suponía, saldría la plata para la transformación de la universidad. Meses antes de que se hiciera el trámite del dinero entró en escena Diego Fernando Guerrero. Al parecer, algunos funcionarios de la institución educativa hicieron público que la universidad estaba buscando recursos económicos para la ampliación y remodelación de las instalaciones. Guerrero llegó entonces a la UAC contactado por Pedro Eliseo Gracia para promover, por medio de su empresa DFG Financial Services, un proyecto de impacto social que sería una inversión con muy buena rentabilidad: con el aporte inicial de un capital semilla de US$1 millón se podrían conseguir recursos hasta por US$22 millones.

En esta reunión y en otras realizadas más adelante participaron otros funcionarios de la UAC que conocieron de primera mano la intención de la rectora de invertir ese dinero. Sin embargo, cuando fueron llamados por la Fiscalía coincidieron en que ella siempre dijo que debía pedirle permiso a la junta directiva de la universidad y que cuando se hizo el negocio Gette explicó que todo había sido aprobado por la junta, se había hecho en forma de préstamo porque así eran más fáciles los trámites en el exterior y porque se justificaba el origen de la plata. Finalmente, el negocio en el que Guerrero participó como intermediario y que se cerró en mayo de 2007 se firmó con Tonny Farhat, un canadiense propietario de Master Products Trading LLC.

En 2010, al no haberse producido ningún resultado, Silvia Gette solicitó a Farhat la devolución del dinero, pero él contestó que no era posible porque estaba invertido en bonos históricos de México y Alemania, inversión realizada a través de su empresa en Hong Kong, Toyohama Limited, donde al parecer después de un tiempo fue a parar el millón de dólares. Guerrero, como representante en el país del señor Farhat, ha precisado ante la justicia que él y algunos funcionarios de la UAC fueron intermediarios en un negocio de inversión privada con Silvia Gette, pero no con la universidad.

En su defensa, la rectora ha tratado de demostrar por muchos medios que no incurrió en un detrimento patrimonial de la UAC para obtener un beneficio personal y que la misma institución había decidido hacer el negocio a su nombre para facilitar el trámite porque no se contaba con una corporación en el exterior. Además, que siempre había quedado claro que los recursos que resultaran de la inversión serían utilizados para financiar los proyectos de ampliación de la misma universidad. En su defensa Silvia Gette puso en duda el trabajo del director financiero y del revisor fiscal, quienes apenas en 2013 reconocieron el faltante de dinero. Por eso, asegura, si ella resultó acusada, igual suerte deberían correr ellos en calidad de cómplices de su delito.

Por último, Gette ha denunciado ser víctima de ocultamiento de pruebas, destrucción de actas y falsedad por parte de sus subordinados en la universidad porque “los dineros de la cuenta de la UAC pasaron a mi cuenta en febrero de 2007, eso ocurrió así, pero aquí lo que no se dice es que todo estaba aprobado por la junta del proyecto y llevado a la sala general de la universidad para su aprobación respectiva”.

No obstante, en la acusación de 32 páginas la Fiscalía concluye que hay suficientes evidencias para acusar a Gette por el delito de abuso de confianza. Según la entidad, la exrectora, que afronta varios procesos más, no estaba autorizada para abrir a nombre de la universidad una cuenta en el exterior; que para transferir el dinero de la cuenta en Barranquilla a la de Miami debía tener autorización formal de la sala general, algo que no existió; que incurrió en una pérdida del patrimonio de la UAC de $279 millones al ordenar la apertura de la cuenta en dólares por el cambio a la tasa representativa de esa moneda; que omitió mencionar en su informe anual, presentado en diciembre de 2007, que había abierto una cuenta y lo que había hecho con el dinero.

En su testimonio, Eduardo de Jesús Vargas, miembro de la sala general de la UAC para la fecha de los hechos, dijo que para ese momento estaban buscando dinero para usar en la remodelación del alma máter y que el dinero debía entrar como créditos, pues “en ningún momento la universidad estaba para sacar plata”.

Para la Fiscalía las pruebas son suficientes para acusar a la exrectora de la UAC por el delito de abuso de confianza calificado con circunstancias de agravación, toda vez que Gette “teniendo acceso a todas las áreas de la universidad puso a su disposición recursos económicos, logísticos y físicos, propios de la Universidad Autónoma del Caribe para su beneficio personal”. El delito que se le atribuye a la exrectora tiene una pena que oscila entre tres y seis años de prisión.