Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El caso de Jesús Santrich, el exlíder de la guerrilla de las Farc capturado el año pasado a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos en su contra, se convirtió en un terremoto en menos de 24 horas. El viernes empezó con la noticia de que Estados Unidos se negó a enviar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las pruebas que ésta solicitó con el fin de tomar decisiones en el proceso. Acto seguido, el Consejo de Estado indicó que Santrich mantendría su investidura hasta que se resolviera su extradición. Hasta ahí todo estaba dentro de los parámetros de lo normal.
Horas más tarde, sin embargo, información nueva revelada por la Fiscalía en un escueto —y confuso— tuit revolcó todo: “#Atención capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con cuatro personas más incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en dos hoteles norte de Btá., en momentos en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite de extradición de Zeuxis (sic) Hernández”. Fuentes de esa entidad confirmaron que el negocio pactado habría sido por US$2 millones en total y ayer viernes se habría entregado el 25 %, así: US$40.000 a Bermeo, quien se los habría dado a su pareja, Ana Cristina Solarte, en un baño del hotel donde estaba, para que sacara el dinero en su bolso, y el resto (US$460.000, casi $1.500 millones), a los demás capturados.
>>¿Quién es Carlos J. Bermeo, el fiscal de la JEP capturado por la Fiscalía General?
Los reflectores se posaron entonces sobre Carlos Julián Bermeo Casas, un fiscal de Apoyo II de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La cabeza de esa entidad, Giovanny Álvarez, lo nombró en octubre del año pasado “porque cumplía con todos los requisitos de ley para el cargo”, dijo él mismo ayer en rueda de prensa. Álvarez aseguró que Bermeo “acreditó una maestría en derechos humanos y cultura de paz”. No obstante, al revisar el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), donde todos los funcionarios públicos deben publicar los soportes de su hoja de vida, se leen solo dos cosas en su formación académica: “Básica secundaria” y “profesional - derecho - graduado”.
En el Sigep tampoco aparecen las credenciales que Bermeo exhibió en la cuenta de Twitter que creó como candidato por Opción Ciudadana para la Alcaldía de Popayán en 2014: especialista en derecho administrativo, especialista en derecho penal. Lo que hoy queda en evidencia es que, independientemente de sus títulos académicos, Giovanny Álvarez contrató como fiscal de la JEP a un hombre que estuvo directamente vinculado con el grupo político Opción Ciudadana, el cual avaló a cinco congresistas que resultaron condenados por parapolítica. Entre ellos su líder, Luis Alberto Gil, quien con este arresto regresa a las primeras planas de los medios de comunicación.
La reacción de la JEP se dio de inmediato, apenas horas después de que trascendiera la noticia de las capturas. Primero, con un comunicado de prensa en el que explicó que la UIA “no ha tenido ninguna participación en los procesos en los que se estudian las solicitudes de garantía de no extradición”. Luego fue la rueda de prensa de Giovanny Álvarez, quien manifestó que “la ley será implacable en el juzgamiento de personas que, con este tipo de actuaciones, empañan la labor de esta jurisdicción”. Por último hablaron el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, en nombre de la Sección de Revisión, y Patricia Linares, presidenta de la JEP, rechazando actos ilegales y pidiendo celeridad a la Fiscalía.
>>Fiscalía de la JEP no tiene injerencia en proceso de "Santrich": jefe de la entidad
El exsenador santandereano Luis Alberto Gil, más conocido como el Tuerto Gil, habría sido el intermediario de todo el negocio. Fue él, dicen fuentes de la Fiscalía, quien ofreció el contacto con el fiscal Bermeo. Gil fue sentenciado por la Corte Suprema de Justicia el 18 de enero de 2012 por nexos con grupos paramilitares. El excongresista, que lideró el partido Opción Ciudadana, resultó condenado por haber acordado con el comandante del bloque Central Bolívar de las autodefensas, Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, un apoyo electoral en Santander, en contraprestación de beneficios políticos y económicos. Estuvo detenido 34 meses y recuperó su libertad en marzo de 2012.
Los otros capturados son Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte. Del primero no hay información disponible hasta ahora. De Villamizar, sin embargo, hay datos claves. En el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) aparece que su formación académica es solo la secundaria y, según el portal La Silla Vacía, es “uno de los hombres de mayor confianza del parapolítico Gil”, a tal punto que fue asistente de su esposa, Doris Vega, en el Senado. De hecho, en el Sigep se lee que aún está en el Congreso. Solarte Burbano acredita estudios como auxiliar de enfermería, como técnica en contabilidad, derecho —no graduada aún— y sería la pareja del fiscal Bermeo.
Jesús Santrich está detenido desde febrero del año pasado, cuando un grupo del CTI de la Fiscalía dio cumplimiento a una circular roja de la Interpol que fue expedida en su contra por cargos de narcotráfico, a solicitud de la justicia estadounidense. El Espectador habló con integrantes de la Sección de Revisión de la JEP, área que tiene a cargo revisar la solicitud de extradición, quienes se mostraron sorprendidos por la información revelada por la Fiscalía hoy: “Aquí nadie conoce a ese fiscal Bermeo y, además, nada tiene que ver la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP con el proceso de Santrich”.
>>Caso Santrich: el uribismo cargado de tigre
La Fiscalía no ha dado aún más detalles, pero se sabe que alistaba las imputaciones de cargos de los cinco capturados. Mientras tanto, en el país político se empezaban a oír reproches del Centro Democrático, pidiendo acabar con la JEP, mientras el partido FARC hablaba de un “nuevo montaje” de parte de la Fiscalía. ¿Quiénes estaban pidiendo que se influyera sobre el proceso de extradición de Santrich? ¿Sabía el exjefe guerrillero lo que estaba pasando? Esas son preguntas que deben resolverse con urgencia. El Espectador trató de comunicarse varias veces con el abogado de Jesús Santrich, Alirio Uribe, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Por Redacción Judicial
