Cinco meses después de que estallara el escándalo del hacker Andrés Fernando Sepúlveda y generara un revolcón político en plena campaña electoral para la Presidencia, la Fiscalía enfila baterías para dar los primeros grandes golpes en temas de capturas —el pasado viernes se capturaron dos cabos del Ejército y un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia— y revelaciones que tocarían las más altas esferas de la Fuerza Pública. A su vez, también se conoció que en la Corte Suprema de Justicia se adelanta una investigación preliminar contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y la representante a la Cámara María Fernanda Cabal, quienes fueron salpicados por Sepúlveda en sus explosivas declaraciones.
Y las denuncias por seguimientos ilegales tampoco cesan. A pesar de que se suponía que las infiltraciones a los correos de los jefes negociadores de paz, tanto del Gobierno como de las Farc, habían terminado después de desmantelar la fachada de inteligencia Andrómeda el pasado 4 de febrero, el jefe del equipo negociador de paz, Humberto de la Calle, aseguró que en más de 17 oportunidades habían intentado chuzar su computador y su iPad. El propio fiscal general, Eduardo Montealegre, indicó que tienen sospechas de que miembros de las Fuerzas Armadas estarían detrás de los hechos.
El nuevo capítulo de chuzadas en el país nació en agosto de 2013, cuando la Fiscalía desmontó la polémica Sala Gris, una fachada de interceptaciones que era manejada por el Ejército, pero bajo la supervisión del CTI. Tras varias sospechas que indicaban que en estas oficinas se realizaban seguimientos ilegales, el ente investigador decidió cerrarla y trasladarla a sus instalaciones. De inmediato las alarmas se prendieron y las pesquisas empezaron a apuntar a las nuevas actividades de inteligencias. El uso de civiles expertos en cibertecnología se convirtió en una forma más fácil de obtener mejores resultados.
Los hackers se convirtieron en aliados de las Fuerzas Armadas, pero tras la debacle de Andrómeda y el escándalo de Sepúlveda se dieron a la fuga. Las autoridades han intentado buscar su colaboración, pero pocos dejaron rastro y muchos continúan en el anonimato. Sin embargo, algunos le han ayudado a la Fiscalía, ya que permitieron establecer que entre los casos de Andrómeda y Sepúlveda hay una estrecha relación en el tema de compra y venta de información.
Con las pruebas recolectadas en los computadores incautados y con las declaraciones de Sepúlveda, la Fiscalía estableció que entre el hacker y Andrómeda hubo una fuerte relación. Altos mandos de las Fuerzas Armadas han ido a la Fiscalía a explicar sus relaciones con la fachada de inteligencia. Muchos han guardado silencio y otros han señalado que las actividades que se realizaron en la fachada de inteligencia eran legales, al punto que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el presidente Juan Manuel Santos estaban al tanto. Pero un giro inesperado se dio el viernes pasado al presentarse las primeras capturas por este caso. Se trata de los cabos del Ejército Luis Humberto Monero y del agente de la DNI Wilson Leonardo Torres —a quienes ya les imputaron cargos—.
Paralelo a esta investigación, la Fiscalía avanza en el tema de Sepúlveda. Aunque han logrado pasos importantes, aún existen muchas dudas, por ejemplo del papel que cumplieron la DNI e inteligencia militar en el tema de filtración de información clasificada al hacker mientras manejaba temas de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Personajes como el ecuatoriano Daniel Bajaña y Carlos Escobar han salido a relucir por sus nexos con Sepúlveda y su trabajo con entidades de inteligencia. Una de las hipótesis que reveló la revista Semana es que algunas de estas entidades a la vez que ayudaban a Sepúlveda, también lo investigaban por sus irregularidades.
Es el caso de la DNI, que al parecer, además de venderle información a Sepúlveda, infiltró a uno de sus hombres en su oficina para que realizara una serie de seguimientos. El propio hacker le ha dicho a la Fiscalía que él sostenía una relación fluida con esta entidad, al punto que realizaron trabajos en conjunto. Asimismo, agregó que la información que a él le suministraban la utilizaba para atacar al proceso de paz. Y es en este punto en el que salpicó a Uribe y otros alfiles del uribismo, como a la congresista Cabal y al exasesor político Luis Alfonso Hoyos.
Por estos señalamientos fue que la Corte Suprema de Justicia, tras la denuncia del director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, inició una investigación preliminar contra los congresistas Uribe y Cabal. Los magistrados indagan supuestos nexos con el hacker y si tuvieron participación alguna en las irregularidades. Por el momento, se conoció que el pasado jueves una comisión del alto tribunal interrogó durante tres horas a Sepúlveda, quien se ratificó en cada una de sus palabras.
Cabe recordar que, en declaraciones a medios de comunicación, anunció que él asistió a reuniones del Centro Democrático en las que se trazaban estrategias para atacar cuentas en Twitter y al proceso de paz. Manifestó que en estos encuentros participaba la representante Cabal, y Uribe conocía en detalle las decisiones que se tomaban. Personas cercanas al proceso que se adelanta en la Corte señalaron que las pesquisas continuarán e intentarán llegar hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, advirtieron que hay temor entre los magistrados, ya que no quieren que Uribe empiece a acusarlos de persecución política.
La polémica está que arde. Mientras los miembros del Centro Democrático han advertido que jamás dieron instrucciones para realizar interceptaciones ilegales, la Fiscalía y la Corte investigarán a fondo para establecer si algún político está implicado. Por otro lado, las denuncias, como la de Humberto de la Calle, alarman a las autoridades porque se continúan realizando chuzadas, que bien pueden ser por parte de las Fuerzas Armadas o de civiles, que quieren afectar el proceso de paz. Lo cierto es que, en medio de un río de presiones, el futuro de estas pesquisas tendrá una incidencia política crucial para el país.