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26 Feb 2021 - 11:00 a. m.

El nuevo Código Electoral ya está en estudio por la Corte Constitucional

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de la Corte Constitucional, ya tiene en su escritorio el proyecto de ley con el cual se pretende reformar las elecciones en Colombia. El Congreso ya les dio el visto bueno a cambios de horario, un mayor poder de la Registraduría y hasta una estrategia para controlar la votación con cédulas de fallecidos.
Si el nuevo Código Electoral es aprobado por la Corte Constitucional sus normas empezarán a aplicarse a partir de las elecciones presidenciales de 2022.
Si el nuevo Código Electoral es aprobado por la Corte Constitucional sus normas empezarán a aplicarse a partir de las elecciones presidenciales de 2022.
Foto: Cristian Garavito / El Espectador

El nuevo Código Electoral está a un paso de ser realidad. El último trámite, tras pasar por horas de debate en el Congreso, está en manos del magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez, de la Corte Constitucional, cuyo trabajo será hacer una juiciosa revisión de las 194 páginas que componen la naciente reforma al sistema de elecciones en Colombia y, además, de los eventuales conceptos de las partes intervinientes. Entre las nuevas reglas se encuentra, por ejemplo, que la Registraduría deberá hacer una correcta actualización de los registros de defunción ante posibles casos de corrupción.

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Para hacer un correcto estudio del nuevo Código Electoral, el magistrado Ibáñez primero deberá constatar que todos los tramites llevados a cabo en el Congreso cumplen con los requerimientos de legalidad. Se le solicitó a la secretaria del Senado y de la Cámara de Representantes los registros sobre las fechas de las sesiones de discusión y voto del proyecto, así como el cumplimiento de las publicaciones en actas y gacetas. El proyecto se aprobó en la Cámara con 133 votos por el sí y 22 por el no, mientras que en el Senador fueron 82 los congresistas que apoyaron y 20 quienes rechazaron.

Mientras Ibáñez estudia los 252 artículos del proyecto de ley, que fueron aprobados incluso convocando sesiones extraordinarias en el Congreso, el documento completo fue enviado a la Procuraduría para que rinda concepto. Asimismo, el expediente se fijó en lista para que cualquier ciudadano pueda intervenir por escrito, ante solicitudes de apoyo o desacuerdo. Además, se le comunicó el inicio del trámite a la Presidencia de la República, a la Presidencia del Senado, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional.

Además, se invitó a más de una decena de instituciones para que rindan conceptos en su condición de expertos. Entre las entidades están la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Estado, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Misión de Observación Electoral (MOE), a Transparencia por Colombia, a Congreso Visible, a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y a las facultades de derecho y de política de las Universidades de Antioquia, de Los Andes, de Caldas, del Cauca, Externado de Colombia, EAFIT, Javeriana, Mariana, Nacional de Colombia, de Nariño, del Norte, Pontificia Bolivariana, de la Sabana, Santo Tomás y Sergio Arboleda.

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Con el nuevo Código Electoral se pretende dar fin a la vigencia del Decreto Ley 2241 de 1986 y de esa forma modernizar y buscar una mayor eficiencia en el sistema electoral. Entre los elementos que entrarían en vigor está la obligatoriedad de la paridad de género a la hora de agrupar las listas de candidatos para los cuerpos colegiados del Congreso. De acuerdo con lo consignado en el proyecto, para aspirar a cinco o más cargos las listas deberán tener un 50% de cupos de mujeres. Actualmente el límite está en el 30%.

Ahora bien, según el artículo 21 del proyecto de ley, para el Consejo Nacional Electoral se conformarán tribunales de vigilancia y garantías electorales. Además, el registrador nacional será facultado para “nombrar los cargos directivos del nivel central, los registradores distritales de Bogotá, departamentales, delegados seccionales en registro civil e identificación y en lo electoral y registradores especiales, municipales y auxiliares del Estado Civil”.

Durante las discusiones en el Senado se debatió sobre el aumento de la planta de la Registraduría, con la creación de los delegados seccionales para el registro civil y la identificación y lo electoral. Desde la oposición se intentó eliminar ese punto del proyecto, pero los cercanos al gobierno mantuvieron su apoyo, argumentando que dos delegados podrían contrarrestar opiniones ante posibles irregularidades o discrepancias.

“Se logró el fortalecimiento del plan de auditoría garantizando un ejercicio técnico e independiente al uso de la tecnología en el proceso electoral, como también se estableció que cada mes la Registraduría deberá publicar cuantas cédulas han sido excluidas del censo electoral para evitar que los ‘muertos’ voten”, dijo en entrevista el coordinador ponente Alejandro Vega, del Partido Liberal, en entrevista con El Espectador en diciembre pasado. También se enfatizó en la implementación de la cédula digital.

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Por otro lado, en el nuevo Código Electoral se trazó la hoja de ruta en cuanto al desarrollo de las elecciones. Habrá una nueva logística sobre los puestos y jurados de votación, así como los testigos electorales. De acuerdo con el artículo 156, tanto las elecciones presidenciales como de cuerpos colegiados se adelantará para septiembre. Desde hace tres décadas los comisivos se celebran en octubre. Asimismo, las mesas de votaciones iniciarán a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 5:00 p.m.

Además, se pretende que el Estado garantice el transporte, por medio de rutas hacia los puestos de votación urbanos y rurales, entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. “Es importante que haya una hora más para votar y que las empresas de transporte tengan que entregar las hojas de ruta del día domingo, que se garantice el servicio público que antes desaparecía”, le explicó a este diario Alejandra Barrios, representante de la Misión de Observación Electoral (MOE), en entrevista del pasado 19 de diciembre.

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