Luego de que varios gobernadores anunciaran que no acatarán en sus territorios el decreto de emergencia económica que expidió el Gobierno Petro el año pasado, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció que tomará medidas contra quienes desconozcan esa orden presidencial.
“El orden constitucional lo hacemos valer y lo queremos seguir respetando. El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar”, aseguró Idárraga en un comunicado de prensa y en un video que ya circula en redes sociales.
El ministro Idárraga agregó que ninguna gobernación o autoridades territorial puede “obstaculizar la ejecución de medidas dictadas bajo un estado de emergencia debidamente declarado, ni intervenir indebidamente en decisiones administrativas orientadas a su implementación conforme a la ley”.
“El respeto por la Constitución no es opcional. El Gobierno seguirá actuando dentro de la Constitución y la hará valer en todos los escenarios que sean necesarios”, puntualizó el jefe encargado de la cartera de justicia.
El anuncio de las gobernaciones se conoció este jueves 15 de enero, tras una reunión en la Federación Nacional de Departamentos. En ese encuentro, 17 gobernadores tomaron la decisión unánime de no implementar esa medida económica en los departamentos sobre aumentar impuestos a la venta de tabacos y licores.
Además, hablaron sobre realizar una intervención ante la Corte Constitucional, que estudia la viabilidad de la emergencia, “para que (los) escuche sobre los efectos de las finanzas”. De acuerdo con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la emergencia económica afectará los ingresos de las regiones, pues “los principales recursos” para sectores como salud, educación y deporte.
“El cigarrillo por efecto del contrabando, qué en muchos casos vienen de grupos ilegales, está redistribuyendo las rentas y eso hace que ni siquiera tengamos recursos para pagar la Adres con el régimen subsidiado”, agregó.
Aunque la decisión de los gobernadores, en un principio, solo la firmaron 17, al final de la reunión los 32 jefes departamentales respaldaron la decisión. El Ministerio del Interior también anunció que tomará medidas sobre esa decisión que considera ilegal.
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