El otro proceso contra César Pérez García por crímenes de integrantes de la UP

Al excongresista antioqueño César Pérez García, condenado a treinta años de prisión por la masacre de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988, le siguen apareciendo cuentas pendientes. Antes de que el país entrara en aislamiento social por el coronavirus, la Corte Suprema de Justicia lo escuchó en indagatoria, y en esta ocasión el alto tribunal lo hizo en busca de esclarecer si tuvo alguna responsabilidad en el asesinato de Elkin de Jesús Martínez, alcalde electo del municipio de Remedios, quien no alcanzó a posesionarse porque el 16 de mayo de ese mismo 1988 lo mataron en un hotel de Medellín.

Al excongresista antioqueño César Pérez García, condenado a treinta años de prisión por la masacre de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988, le siguen apareciendo cuentas pendientes. Antes de que el país entrara en aislamiento social por el coronavirus, la Corte Suprema de Justicia lo escuchó en indagatoria, y en esta ocasión el alto tribunal lo hizo en busca de esclarecer si tuvo alguna responsabilidad en el asesinato de Elkin de Jesús Martínez, alcalde electo del municipio de Remedios, quien no alcanzó a posesionarse porque el 16 de mayo de ese mismo 1988 lo mataron en un hotel de Medellín.

A pesar de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de dictarle una nueva medida de aseguramiento, este nuevo proceso tiene su origen en una decisión de la Fiscalía en 2014, al declarar crímenes de lesa humanidad los asesinatos de 34 líderes de la Unión Patriótica. Junto a Bernardo Jaramillo, Pedro Luis Valencia y José Antequera, entre otros, fue incluido Elkin de Jesús Martínez, por lo cual su caso es hoy imprescriptible. Además, su nombre aparece también en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2017 instó al Estado a hacer justicia en el caso de la UP.

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Según ese mismo informe, Martínez fue el gestor de la Unión Patriótica en el municipio de Remedios, cuando esta organización política surgió en 1985 como producto de los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur. En 1986, cuando la UP entró a las lides electorales, fue concejal del mismo municipio, lo que le dio la popularidad para postularse como primer alcalde elegido por el voto de sus habitantes. No obstante, desde el primer momento fue una campaña política marcada por las amenazas. El propio Martínez respondió con múltiples denuncias ante la Procuraduría General de la Nación.

Desde antes de las elecciones del 13 de marzo de 1988, un grupo paramilitar comenzó a ejercer violencia sistemática en los territorios donde la Unión Patriótica tenía ascendente político. Fue así como el viernes 4 de marzo en las fincas Honduras y La Negra, en Turbo (Antioquia), fueron masacrados 26 labriegos que pertenecían a los sindicatos agrícolas Sintrainagro y Sintrabanano. El 3 de abril se repitió la acción y en la vereda Mejor Esquina de Buenavista (Córdoba) fueron asesinados 36 campesinos. La ola de asesinatos fue atribuida a un grupo autodenominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste.

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La misma organización le envió un ultimátum a los alcaldes elegidos de la Unión Patriótica en Urabá y el nordeste antioqueño, y les hizo saber que no iban a permitir su posesión. La UP logró las alcaldías de Apartadó, Yondó, Segovia, Mutatá y Remedios. En este último municipio, el elegido fue Elkin de Jesús Martínez, a quien le llegó el 11 de mayo a su casa una nota de condolencia con un mensaje perentorio: “Lo prometido es deuda, sus horas están contadas”. En la mañana del 16 de mayo de 1998, cuando se encontraba en la recepción del hotel El Cristal en Medellín, Martínez fue asesinado por un sicario.

El expediente que se abrió por este asesinato quedó signado por la impunidad. Casi veinte años después, a instancias de la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía volvió a interesarse por el caso, pero el jefe paramilitar Ramón Isaza solo declaró que esa zona la controlaba el Bloque Metro de alias Doble Cero. El dilema es que este jefe de las autodefensas ya había sido asesinado en 2004. En consecuencia, el caso siguió inactivo entre fiscalías y juzgados penales, y la única persona que llegó a estar detenida preventivamente como presunto coautora fue dejada en libertad y nada volvió a saberse sobre pesquisas.

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Sin embargo, en esa ola de asesinatos selectivos y masacres de 1988, hubo un capítulo que nunca salió del radar de la justicia: la masacre de Segovia, donde murieron 43 personas. La alcaldesa del municipio, Rita Ivonne Tobón, pertenecía a la Unión Patriótica, lo mismo que siete de los trece concejales del municipio. Esa fue la razón para que el movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste se ensañara con Segovia y su gente. Aunque esa acción permitió develar la existencia del grupo paramilitar orientado por Fidel Castaño, con el paso del tiempo se estableció que la masacre también tuvo móviles políticos.

Uno de los partícipes de esa ola de violencia, el jefe paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, admitió ante la justicia que el exdiputado y excongresista liberal César Pérez García le pidió a las autodefensas de Henry Pérez y al propio Fidel Castaño que le ayudaran a recobrar el control político de la zona, ahora en manos de la Unión Patriótica. Ese testimonio y nuevas pruebas recaudadas permitieron a la Corte Suprema de Justicia condenar al excongresista a treinta de años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La sentencia fue suscrita en mayo de 2013.

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En ese contexto se busca establecer cuál pudo ser la relación de la misma organización y del propio Pérez García con la violencia ejercida contra los mandatarios electos de la Unión Patriótica. En términos de actividad económica y de influencia electoral, los municipios de Segovia y Remedios tenían en común la explotación aurífera y los mandatos del nuevo partido político. Ahora, 32 años después de los hechos, la Corte ya escuchó la versión de Pérez García sobre el asesinato de Elkin de Jesús Martínez y deberá esforzarse para determinar con exactitud quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen.

En la actualidad, Pérez García está amparado por el beneficio de la detención domiciliaria por razones de su precario estado de salud, y aunque está condenado como determinador de la masacre de Segovia, no se sabe con exactitud lo que puede aportar sobre el caso del alcalde electo de Remedios que no llegó a posesionarse. Cabe recordar que la alcaldesa de Apartadó, también electa en 1988, Diana Cardona Saldarriaga, fue asesinada en Medellín en febrero de 1990. Este crimen también fue incluido por la Fiscalía en la lista de las investigaciones que no deben prescribir, aunque pareciera que ya es poco lo que se puede aclarar sobre los pormenores.

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