El ‘pacificador’, ¿crucificado?

El 7 de enero de 1999, el gobierno de Andrés Pastrana instaló oficialmente los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc en el Caguán. Luego de un tire y afloje inicial, el grupo subversivo congeló las negociaciones y le hizo una exigencia al Ejecutivo: resultados en las investigaciones contra el paramilitarismo y, como si fuera poco, le entregaron un listado de oficiales de los que se rumoraba tenían vínculos con las autodefensas. Entre ellos figuraba el general Rito Alejo del Río Rojas.

La presión de las Farc, sumada a la voz beligerante de ONG de Derechos Humanos que denunciaban que el oficial cohonestó la barbarie paramilitar cuando fungió como comandante de la Brigada XVII con sede en Carepa (Antioquia), entre 1995 y 1997, y la soterrada solicitud del Departamento de Estado norteamericano de hacer a un lado a Del Río, llevó al Ejecutivo a llamarlo a calificar servicios. Ocurrió el 13 de abril de 1999. La molestia del ex oficial no se hizo esperar: “La guerrilla no puede ser la que solicite, quite, ponga y designe, sabiendo que lo único que le ha entregado al país son muertos, masacres y voladuras de oleoductos”.

No fue ésta, por supuesto, ni la primera ni la última polémica en la que Del Río se vio involucrado. Su recio temperamento y su frontal dedicación para combatir la subversión le fueron granjeando enemigos que en pleno proceso de paz exigieron su cabeza en bandeja de plata. Ingresó al Ejército en 1964, en los convulsionados tiempos de la presidencia de Guillermo León Valencia, épocas en las cuales nacieron las Farc. Dos décadas después, Rito Alejo del Río, conocido ya en las filas militares como un tropero, se distinguió por lograr el repliegue de los frentes 11, 12 y 23 de las Farc en el Magdalena Medio.

De su paso por la comandancia del batallón Rafael Reyes, con sede en Cimitarra (Santander), ya como coronel, quedó documentado que el confeso paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias el Negro Vladimir, se reunió con él y otros oficiales del batallón Reyes para coordinar actividades paramilitares en la zona.

La denuncia la entregó el propio Vladimir en su indagatoria del 8 de agosto de 1995. Cinco años atrás, el mayor Óscar de Jesús Echandía, señalado fundador del grupo Muerte A Secuestradores (MAS) en Puerto Boyacá, le confesó al DAS que sirvió como razonero entre el coronel Del Río y el reconocido paramilitar Henry Pérez, posteriormente asesinado.

El alto mando castrense empezó a desplegar operativos y alcanzó el reconocimiento de bananeros y ganaderos que exaltaron su labor y hasta le pusieron mote: el pacificador de Urabá. Entonces, era un halago. Hoy, es casi un sinónimo de un sinnúmero de violaciones de derechos humanos que por más de una década han venido documentando ONG. De cualquier manera, al oficial Del Río el generalato le reconoció que tras su paso por la Brigada XVII logró cortar el cordón umbilical entre las milicias de las Farc y cierto sector del sindicalismo bananero de la región.

El repliegue de la guerrilla en Urabá coincidió con la mano negra del paramilitarismo. La alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, comenzó a denunciar el supuesto maridaje entre las autodefensas y las unidades de la Brigada XVII del Ejército. A mediados del año 96, varios reinsertados del Epl fueron asesinados en el Urabá y comenzaron las suspicacias.

Trece años después, el jefe paramilitar Hébert Veloza, alias HH, en sucesivas versiones a fiscales de Justicia y Paz, confesó que sus hombres ejecutaron los crímenes porque tenían información de que ya en la civilidad seguían colaborando con la guerrilla.

Dichos homicidios, contó, eran después ‘legalizados’ por la brigada de Del Río. En febrero de 1997, se desplegó la llamada ‘Operación Génesis’, en la que resultó muerto un campesino de Bijao (Chocó) llamado Marino López Mena. Cuatro ex ‘paras’ del bloque Élmer Cárdenas han implicado directamente, en Justicia y Paz, a uniformados de la Brigada XVII y han afirmado que ésta dispuso el terreno con bombardeos para facilitar el ingreso de los paramilitares, que decapitaron al labriego. Este caso, que ya fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la piedra angular de la investigación que hoy tiene nuevamente tras las rejas al general (r) Del Río.

La preclusión fue duramente criticada, pero pronto pasó al olvido debido al maremágnum noticioso que suele atiborrar las páginas judiciales de los diarios. Durante cuatro años, las actuaciones de Del Río pasaron inadvertidas. Incluso llegó a asesorar al DAS en los inicios de la era Uribe. También lo hizo el general (r) Iván Ramírez Quintero. Ambos, con fama de guerreros, hoy están privados de su libertad en una guarnición militar. Sus colegas hablan de guerra jurídica en contra de las Fuerzas Militares; en la otra orilla se ubican las víctimas del desangre paramilitar que consumió Urabá y que exigen la verdad.

La Fiscalía indaga a Del Río no sólo por el caso del señor López Mena, sino también por su presunta responsabilidad en los hechos que derivaron en la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida en julio de 1997. ¿Podrá probar su inocencia el uniformado con tantos testimonios encima? Penalistas consultados por El Espectador manifestaron que más allá de las pruebas, les preocupa que el expediente pueda caerse porque no es el Fiscal General el que está investigando a Del Río, sino un fiscal de Derechos Humanos. En esencia, temen que ocurra lo mismo que con el caso Jorge Noguera, el controvertido ex director del DAS que recuperó su libertad luego de que la Corte Suprema considerara que hubo errores procedimentales.