:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/I4XCI4UQZVCQPIKVZCYYV3NKYU.jpg)
Después de casi dos años y con el inminente cambio de gobierno, todo indica que Andrés Díaz se despide como director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). En sus manos está la administración de los potentes recursos para mantener las 128 cárceles del Inpec, que guardan, con un 20% de hacinamiento, a casi 100.000 colombianos sindicados o condenados. A Díaz se le encomendó la tarea de maniobrar un sistema declarado bajo grave violación de derechos humanos y que hace unos días vivió la muerte de más de 50 internos en la cárcel de Tuluá. En sus cuentas, son cada vez menos las tutelas que le meten a la Uspec y su administración, como mínimo, dejará construidas cuatro ampliaciones de cárceles en 2022. Habló de la conexión con el Inpec y lo que significó palpar el mundo de la privación de la libertad.