A estas alturas, tres décadas después de los nefastos hechos que enlutaron a Colombia el 6 y 7 de noviembre de 1985, son muy pocos –si acaso existe alguno– los que pueden decir que saben con plena certeza lo que ocurrió con sus seres queridos durante esos dos días que comenzaron con una absurda toma del M-19, que siguió con fuego y bala y que terminó con más de un centenar de muertos, incluidos once magistrados. Este es un breve recorrido por ese enmarañado laberinto.
Uno: el Tribunal Especial. Ocho días después de que acabara el holocausto del Palacio de Justicia, el presidente Belisario Betancur creó este organismo con el propósito de esclarecer los hechos del 6 y 7 de noviembre. Con un problema: el tribunal no era en realidad un órgano judicial y, por ende, no tenía capacidad de sancionar. Luego de seis meses de trabajo, el Tribunal responsabilizó al M-19 de lo sucedido (aunque no compró la teoría del patrocinio de la mafia para la toma), pero señaló que el presidente Betancur sí debió haber atendido los llamados del entonces presidente de la Corte Suprema, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien hasta por radio alcanzó a implorar por un cese al fuego para proteger la vida de las cientos de personas que, como él, habían quedado atrapadas como rehenes. Echandía fue uno de los 11 magistrados que falleció durante el Holocausto.
Dos: el tema va a la Cámara. El procurador de la época, Carlos Jiménez , manifestó que el holocausto del Palacio de Justicia había sido un acto de guerra y que debía juzgarse como una violación al derecho internacional humanitario. Bajo ese argumento, se presentaron dos denuncias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Betancur y su ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe. La Comisión resolvió el caso el 16 de julio de 1986 en favor de Betancur y Vega Uribeal concluir que las denuncias carecían de elementos de juicio.
Tres: Justicia Penal Militar. En manos de la Justicia Penal Militar había quedado el juicio contra el general (r) Jesús Armando Cabrales y el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano. Los dos oficiales fueron absueltos justificando que sus actos se basaron en el principio de obediencia. En pocas palabras, que los militares acataron órdenes directas del comandante de las Fuerzas Militares y del presidente. El fallo fue ratificado por el Tribunal Superior Militar en octubre de 1994, al señalar que no existían pruebas de que los militares ocasionaran el incendio y la muerte de rehenes o desaparecieran personas. Sin embargo, hoy el general (r) Cabrales purga una condena de 35 años de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá por la desaparición de cinco personas. El coronel (r) también es investigado en la justicia ordinaria por estos y hechos y recientemente fue llamado junto a Cabrales para responder por la supuesta tortura de una decena de personas que salieron con vida del Palacio de Justicia.
Cuarto: los desaparecidos
De todos los temas es, probablemente, el menos claro. El Tribunal Especial que creó el presidente Betancur ya hablaba de personas desaparecidas después del Holocausto del Palacio y, a medida que fue pasando el tiempo, las familias de doce personas resultaron trabajando por un solo propósito: establecer el paradero de los suyos. La mayoría de las víctimas, además, compartían una característica: eran empleados de la cafetería del Palacio.
Después de que los hechos del Palacio terminaran, algunos de los restos fueron llevados a una fosa común del Cementerio del Sur. Sólo 13 años después, y por orden judicial, comenzaría la Fiscalía el proceso de identificación. En 2001, una prueba arrojó resultados positivos: se había dado con los restos de Ana Rosa Castiblanco, trabajadora del Palacio.
Apenas el pasado 20 de octubre, la Fiscalía admitió que los restos de otra mujer, considerada hasta entonces desaparecida, estaban también entre lo que se exhumó del Cementerio del Sur: Lucy Amparo Oviedo. En tumbas privadas de otras víctimas del Palacio de Justicia aparecieron los restos de otras dos desaparecidas: Luz Mary Portela y Cristina Guarín.
Hasta la fecha, los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez y el coronel (r) Alfonso Plazas Vega han sido llamados a juicio por la desaparición forzada de once personas. En primera instancia, el general (r) Ramírez fue absuelto. En segunda instancia, el general (r) Arias Cabrales fue hallado culpable por cinco desapariciones: Carlos Rodríguez (administrador de la cafetería), Bernardo Beltrán, David Suspes Celis, la guerrillera del M-19 Irma Franco y Luz Mary Portela (una de las recién halladas). Y, en segunda instancia también, el coronel (r) Plazas Vega fue condenado por la desaparición de Irma Franco y Carlos Rodríguez. Estos dos últimos procesos están en discusión en la Corte Suprema de Justicia.
Quinto: Condenan a la nación. El 10 de diciembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al a nación por los hechos ocurridos por la desaparición de 10 personas, el asesinato de tres más, entre ellas el magistrado Carlos Urán, y las torturas infringidas a otras cuatro durante la retoma del Palacio de Justicia. Además, el fallo precisó que si este episodio sigue siendo una herida abierta, ha sido sobre todo porque en 29 años el Estado no ha hecho casi nada por esclarecer lo sucedido.
Por Redacción Judicial
