"El Panadero" busca su libertad a través de la JEP

Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, perpetrador o autor intelectual de decenas de crímenes como guerrillero o paramilitar, condenado a 28 de años de prisión por el secuestro de la periodista Jineth Bedoya, llamado a juicio por falso testigo  y expulsado de Justicia y Paz, ahora busca su libertad a través de la Justicia Especial de Paz (JEP), haciéndole esguince a fiscales, jueces o magistrados que ha sabido esquivar a su conveniencia desde que entró a la cárcel en 1999. (Los trucos judiciales del jefe exparamilitar "Panadero" y de su compadre)

Nacido en Barrancabermeja en 1966, desde muy joven ingresó al frente 24 de las Farc, donde cometió toda clase de delitos, hasta que entró en conflicto con sus mandos porque se dedicó a realizar extorsiones por su cuenta. Después de sortear con éxito dos atentados de la guerrilla, optó por cambiar de bando y se unió a las Autodefensas Unidas de Santander y el sur del Cesar. En su nueva condición de paramilitar, Jaimes Mejía se destacó en su especialidad: el asesinato. (Condenan a 28 años de cárcel a alias "El Panadero")

Sin embargo, en la noche del 18 de marzo de 1999, después de participar en el asesinato de un taxista, la Policía lo capturó en el municipio de El Playón (Santander). De inmediato, tras un fallido intento de soborno para burlar a las autoridades, fue judicializado por un nefasto antecedente: su participación directa en la masacre perpetrada por el paramilitarismo en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, con saldo de siete muertos y 25 desaparecidos.

Por la trascendencia del personaje, fue remitido a la cárcel La Modelo en Bogotá, donde entró a ser parte del círculo de confianza de los jefes paramilitares Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha. Fue la época en que este centro penitenciario se convirtió en un campo de batalla que dejó muchos muertos, incluso descuartizados que pasaron a engrosar la lista de desaparecidos. La guerra era contra los presos de las Farc, pero muchos otros cayeron en el fuego cruzado.

Esa violencia sin control, exacerbada por el tráfico de armas al interior del penal, fue el escenario que empezó a develar la periodista Jineth Bedoya desde las páginas de El Espectador, hasta el 25 de mayo de 2000 en que fue secuestrada y sometida a ultraje sexual por el paramilitarismo. El señuelo para privarla de su libertad fue acción de Mario Jaimes Mejía, ya conocido como El Panadero, quien a través de un intermediario fue la persona que engañó a la periodista y le tendió la trampa.

Durante largos años, Jineth Bedoya clamó justicia para su caso, con la convicción de que el primer eslabón para esclarecer la verdad era El Panadero. No obstante, desde su cómoda posición de paramilitar en el círculo del poder carcelario, Jaimes Mejía se negó a cualquier colaboración con la justicia. Tampoco hizo mucho por esclarecer sus crímenes como guerrillero o paramilitar, y más bien se dedicó a sostener sus relaciones con el poder ilegal para ganar impunidad en la cárcel.

Hasta que se le apareció el primer salvavidas: la Ley de Justicia y Paz. Aunque esta norma se hizo en 2005 en el contexto del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, con el paso de los días se aceptó que exparamilitares que ya estuvieran presos antes de la ley, pudieran acogerse a ella. El Panadero lo hizo, pero cuando todo el mundo esperaba sus verdades como paramilitar, súbitamente apareció contando historias de sus días como guerrillero de las Farc.

Hoy está claro que en ese giro de tuerca en su aproximación a la justicia, tuvo que ver el jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. En concreto, sin mayores explicaciones, El Panadero resultó trasladado a la cárcel de Itagüí, donde estaban recluidos los principales jefes paramilitares, y de allí salió a dar sus primeras declaraciones sobre lo sucedido en Barrancabermeja, ciudad que el paramilitarismo dominó con el Bloque Central Bolívar, al mando de Julián Bolívar.

En ese contexto, la sorpresa la dio en abril de 2008, cuando aseguró saber cómo había sido asesinado en Barrancabermeja el joven dirigente del  Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA), David Núñez Cala. El homicidio fue perpetrado el 5 de abril de 1991 y, según El Panadero, él conducía la moto desde la cual se disparó al Secretario de Obras del puerto petrolero. Sin embargo, en su declaración aseguró que el crimen había sido planeado en compañía de dos líderes políticos del municipio.

En concreto, El Panadero aseguró que el exintegrante de la Unión Patriótica y la organización de derechos humanos Credhos, David Ravelo Crespo, y el miembro del FILA, el excongresista Aristídes Andrade, habían participado en la planeación del asesinato. Ambos lo negaron y atribuyeron las declaraciones de El Panadero a una clara intención del paramilitarismo de tratar de enlodar a dos de los dirigentes políticos que más habían cuestionado su actuar criminal en Barrancabermeja. (El confuso caso de David Ravelo llega a la Justicia Especial de Paz)

Todo parecía un tema de paso, hasta que en julio de 2009, el fiscal 22 especializado, William Pacheco, quien tenía antecedentes por un caso de desaparición forzada ocurrido en Armenia cuando fungía como oficial de la Policía, decidió abrirles investigación a Ravelo y a Andrade. Días después, Pacheco envió a la cárcel a Ravelo y a Andrade a la Corte Suprema de Justicia. Los procesados quedaron ante la dificultad de que la justicia le dio toda la credibilidad a El Panadero.

Y todo parecía apuntar a que Jaimes Mejía saliera airoso en su estadía en Justicia y Paz, más aún cuando empezó a comprometer a miembros de la fuerza pública y funcionarios públicos en la masacre paramilitar de Barrancabermeja en 1998, hasta que se le atravesó en sus cuentas, el caso que tenía pendiente por resolver: su participación en el plan para secuestrar a la periodista Jineth Bedoya. Hasta ese momento, el caso estaba en total impunidad.

No obstante, en 2011, a instancias de la entonces fiscal Viviane Morales, se decidió que el caso Jineth Bedoya se llevara a una fiscal de derechos humanos, quien en febrero de 2012 ordenó escuchar en indagatoria a El Panadero. Hasta ese momento, se sentía muy confiado, a tal punto de que, en desarrollo del juzgamiento de David Ravelo, declaró a una fiscal que Justicia y Paz ya venía aclarando el tema de Jineth Bedoya.

Entre noviembre de 2012 y octubre de 2013, David Ravelo fue condenado por el crimen de David Núñez. En esa misma época, el periodista Daniel Coronell sacó a relucir los antecedentes del fiscal William Pacheco que había impulsado el proceso de Ravelo y Andrade con base en los testimonios de El Panadero. Además de sus antecedentes en un caso de desaparición, a la luz de las normas vigentes no podía detentar cargos en la Fiscalía General de la Nación.

A su vez, Aristídes Andrade, llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, después de acumular pruebas de que la acusación en su contra y la de Ravelo, eran un montaje orquestado por el paramilitarismo, optó por denunciar en la unidad de falsos testigos de la Fiscalía a El Panadero. Entonces en 2014, después de sucesivos intentos por bloquear la acción de la justicia, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de fraude procesal y falso testimonio.

Como todavía se sentía cómodo en Justicia y Paz, El Panadero se dedicó a impedir su juzgamiento. En agosto de 2015, llegaron dos abogados a pedir aplazamiento para estudiar el caso. En enero de 2016, mandó a decir que los abogados le habían renunciado. El 26 de abril del mismo año, la diligencia judicial volvió a aplazarse porque el abogado asignado por la Defensoría del Pueblo tenía una capacitación. El 2 de agosto no aceptó al abogado de la Defensoría. El 27 de octubre no quiso ir.

Y mientras se dedicaba a bloquear su juzgamiento como falso testigo, ante las evidencias del caso del secuestro de la periodista Jineth Bedoya, en febrero de 2016 finalmente terminó aceptando su responsabilidad. El día que lo hizo prometió que, en acatamiento a la verdad, iba a contar todo lo que vio durante sus años en la cárcel La Modelo entre 1999 y 2002. Un mes después, El Panadero fue condenado a 28 años de prisión y la Fiscalía solicitó su expulsión de Justicia y Paz. (Alias "El Panadero" aceptó cargos por secuestro y tortura de Jineth Bedoya)

En cuanto al proceso por falso testimonio, después de las múltiples dilaciones orquestadas por El Panadero, finalmente la audiencia de juzgamiento pudo hacerse en febrero de 2017. Ahora el caso está aplazado hasta el mes de octubre. En desarrollo de la investigación, la Fiscalía también imputó falso testimonio a Fremio Sánchez, su compadre y validador de sus declaraciones. Este ha optado por la misma fórmula: impedir la audiencia de juzgamiento.

En ese contexto, el pasado 20 de junio, después de seis años y nueve meses en prisión, quedó libre el exdirigente de Credhos David Ravelo Crespo. Logró su libertad tras acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), pues la norma permite hacerlo a quienes también hayan sido acusados de ser guerrilleros. Ravelo argumentó que nunca perteneció a la insurgencia y que fue víctima de un montaje judicial del paramilitarismo, con la autoría directa de alias El Panadero. (“Me presento a la JEP siendo inocente”: David Ravelo)

A su vez, la audiencia de juzgamiento del excongresista Aristídes Andrade culminó la semana anterior en la Corte Suprema de Justicia, que paradójicamente es la misma autoridad judicial que tiene que determinar si es válida la expulsión de Justicia y Paz de El Panadero, solicitada por la Fiscalía. En otras palabras, en dos escenarios separados deberá determinar si Mario Jaimes Mejía es un testigo falso o si tienen validez sus acusaciones contra David Ravelo y Aristídes Andrade.

A esta larga película de maniobras judiciales, se suma ahora un hecho inesperado. Mario Jaimes Mejía le pide a los magistrados del tribunal de Justicia y Paz ser beneficiario de la libertad condicional por virtud de la Justicia Especial para la Paz. El Panadero argumenta que antes de paramilitar fue guerrillero, que tuvo doble militancia en la guerra y que por eso le asiste el derecho de la libertad, aplicando el principio de la favorabilidad, pues sus actuaciones fueron en el marco del conflicto armado.

Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, perpetrador o autor intelectual de decenas de crímenes como guerrillero o paramilitar, condenado a 28 de años de prisión por el secuestro de la periodista Jineth Bedoya, llamado a juicio por falso testigo  y expulsado de Justicia y Paz, ahora busca su libertad a través de la Justicia Especial de Paz (JEP), haciéndole esguince a fiscales, jueces o magistrados que ha sabido esquivar a su conveniencia desde que entró a la cárcel en 1999. (Los trucos judiciales del jefe exparamilitar "Panadero" y de su compadre)

Nacido en Barrancabermeja en 1966, desde muy joven ingresó al frente 24 de las Farc, donde cometió toda clase de delitos, hasta que entró en conflicto con sus mandos porque se dedicó a realizar extorsiones por su cuenta. Después de sortear con éxito dos atentados de la guerrilla, optó por cambiar de bando y se unió a las Autodefensas Unidas de Santander y el sur del Cesar. En su nueva condición de paramilitar, Jaimes Mejía se destacó en su especialidad: el asesinato. (Condenan a 28 años de cárcel a alias "El Panadero")

Sin embargo, en la noche del 18 de marzo de 1999, después de participar en el asesinato de un taxista, la Policía lo capturó en el municipio de El Playón (Santander). De inmediato, tras un fallido intento de soborno para burlar a las autoridades, fue judicializado por un nefasto antecedente: su participación directa en la masacre perpetrada por el paramilitarismo en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, con saldo de siete muertos y 25 desaparecidos.

Por la trascendencia del personaje, fue remitido a la cárcel La Modelo en Bogotá, donde entró a ser parte del círculo de confianza de los jefes paramilitares Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha. Fue la época en que este centro penitenciario se convirtió en un campo de batalla que dejó muchos muertos, incluso descuartizados que pasaron a engrosar la lista de desaparecidos. La guerra era contra los presos de las Farc, pero muchos otros cayeron en el fuego cruzado.

Esa violencia sin control, exacerbada por el tráfico de armas al interior del penal, fue el escenario que empezó a develar la periodista Jineth Bedoya desde las páginas de El Espectador, hasta el 25 de mayo de 2000 en que fue secuestrada y sometida a ultraje sexual por el paramilitarismo. El señuelo para privarla de su libertad fue acción de Mario Jaimes Mejía, ya conocido como El Panadero, quien a través de un intermediario fue la persona que engañó a la periodista y le tendió la trampa.

Durante largos años, Jineth Bedoya clamó justicia para su caso, con la convicción de que el primer eslabón para esclarecer la verdad era El Panadero. No obstante, desde su cómoda posición de paramilitar en el círculo del poder carcelario, Jaimes Mejía se negó a cualquier colaboración con la justicia. Tampoco hizo mucho por esclarecer sus crímenes como guerrillero o paramilitar, y más bien se dedicó a sostener sus relaciones con el poder ilegal para ganar impunidad en la cárcel.

Hasta que se le apareció el primer salvavidas: la Ley de Justicia y Paz. Aunque esta norma se hizo en 2005 en el contexto del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, con el paso de los días se aceptó que exparamilitares que ya estuvieran presos antes de la ley, pudieran acogerse a ella. El Panadero lo hizo, pero cuando todo el mundo esperaba sus verdades como paramilitar, súbitamente apareció contando historias de sus días como guerrillero de las Farc.

Hoy está claro que en ese giro de tuerca en su aproximación a la justicia, tuvo que ver el jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. En concreto, sin mayores explicaciones, El Panadero resultó trasladado a la cárcel de Itagüí, donde estaban recluidos los principales jefes paramilitares, y de allí salió a dar sus primeras declaraciones sobre lo sucedido en Barrancabermeja, ciudad que el paramilitarismo dominó con el Bloque Central Bolívar, al mando de Julián Bolívar.

En ese contexto, la sorpresa la dio en abril de 2008, cuando aseguró saber cómo había sido asesinado en Barrancabermeja el joven dirigente del  Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA), David Núñez Cala. El homicidio fue perpetrado el 5 de abril de 1991 y, según El Panadero, él conducía la moto desde la cual se disparó al Secretario de Obras del puerto petrolero. Sin embargo, en su declaración aseguró que el crimen había sido planeado en compañía de dos líderes políticos del municipio.

En concreto, El Panadero aseguró que el exintegrante de la Unión Patriótica y la organización de derechos humanos Credhos, David Ravelo Crespo, y el miembro del FILA, el excongresista Aristídes Andrade, habían participado en la planeación del asesinato. Ambos lo negaron y atribuyeron las declaraciones de El Panadero a una clara intención del paramilitarismo de tratar de enlodar a dos de los dirigentes políticos que más habían cuestionado su actuar criminal en Barrancabermeja. (El confuso caso de David Ravelo llega a la Justicia Especial de Paz)

Todo parecía un tema de paso, hasta que en julio de 2009, el fiscal 22 especializado, William Pacheco, quien tenía antecedentes por un caso de desaparición forzada ocurrido en Armenia cuando fungía como oficial de la Policía, decidió abrirles investigación a Ravelo y a Andrade. Días después, Pacheco envió a la cárcel a Ravelo y a Andrade a la Corte Suprema de Justicia. Los procesados quedaron ante la dificultad de que la justicia le dio toda la credibilidad a El Panadero.

Y todo parecía apuntar a que Jaimes Mejía saliera airoso en su estadía en Justicia y Paz, más aún cuando empezó a comprometer a miembros de la fuerza pública y funcionarios públicos en la masacre paramilitar de Barrancabermeja en 1998, hasta que se le atravesó en sus cuentas, el caso que tenía pendiente por resolver: su participación en el plan para secuestrar a la periodista Jineth Bedoya. Hasta ese momento, el caso estaba en total impunidad.

No obstante, en 2011, a instancias de la entonces fiscal Viviane Morales, se decidió que el caso Jineth Bedoya se llevara a una fiscal de derechos humanos, quien en febrero de 2012 ordenó escuchar en indagatoria a El Panadero. Hasta ese momento, se sentía muy confiado, a tal punto de que, en desarrollo del juzgamiento de David Ravelo, declaró a una fiscal que Justicia y Paz ya venía aclarando el tema de Jineth Bedoya.

Entre noviembre de 2012 y octubre de 2013, David Ravelo fue condenado por el crimen de David Núñez. En esa misma época, el periodista Daniel Coronell sacó a relucir los antecedentes del fiscal William Pacheco que había impulsado el proceso de Ravelo y Andrade con base en los testimonios de El Panadero. Además de sus antecedentes en un caso de desaparición, a la luz de las normas vigentes no podía detentar cargos en la Fiscalía General de la Nación.

A su vez, Aristídes Andrade, llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, después de acumular pruebas de que la acusación en su contra y la de Ravelo, eran un montaje orquestado por el paramilitarismo, optó por denunciar en la unidad de falsos testigos de la Fiscalía a El Panadero. Entonces en 2014, después de sucesivos intentos por bloquear la acción de la justicia, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de fraude procesal y falso testimonio.

Como todavía se sentía cómodo en Justicia y Paz, El Panadero se dedicó a impedir su juzgamiento. En agosto de 2015, llegaron dos abogados a pedir aplazamiento para estudiar el caso. En enero de 2016, mandó a decir que los abogados le habían renunciado. El 26 de abril del mismo año, la diligencia judicial volvió a aplazarse porque el abogado asignado por la Defensoría del Pueblo tenía una capacitación. El 2 de agosto no aceptó al abogado de la Defensoría. El 27 de octubre no quiso ir.

Y mientras se dedicaba a bloquear su juzgamiento como falso testigo, ante las evidencias del caso del secuestro de la periodista Jineth Bedoya, en febrero de 2016 finalmente terminó aceptando su responsabilidad. El día que lo hizo prometió que, en acatamiento a la verdad, iba a contar todo lo que vio durante sus años en la cárcel La Modelo entre 1999 y 2002. Un mes después, El Panadero fue condenado a 28 años de prisión y la Fiscalía solicitó su expulsión de Justicia y Paz. (Alias "El Panadero" aceptó cargos por secuestro y tortura de Jineth Bedoya)

En cuanto al proceso por falso testimonio, después de las múltiples dilaciones orquestadas por El Panadero, finalmente la audiencia de juzgamiento pudo hacerse en febrero de 2017. Ahora el caso está aplazado hasta el mes de octubre. En desarrollo de la investigación, la Fiscalía también imputó falso testimonio a Fremio Sánchez, su compadre y validador de sus declaraciones. Este ha optado por la misma fórmula: impedir la audiencia de juzgamiento.

En ese contexto, el pasado 20 de junio, después de seis años y nueve meses en prisión, quedó libre el exdirigente de Credhos David Ravelo Crespo. Logró su libertad tras acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), pues la norma permite hacerlo a quienes también hayan sido acusados de ser guerrilleros. Ravelo argumentó que nunca perteneció a la insurgencia y que fue víctima de un montaje judicial del paramilitarismo, con la autoría directa de alias El Panadero. (“Me presento a la JEP siendo inocente”: David Ravelo)

A su vez, la audiencia de juzgamiento del excongresista Aristídes Andrade culminó la semana anterior en la Corte Suprema de Justicia, que paradójicamente es la misma autoridad judicial que tiene que determinar si es válida la expulsión de Justicia y Paz de El Panadero, solicitada por la Fiscalía. En otras palabras, en dos escenarios separados deberá determinar si Mario Jaimes Mejía es un testigo falso o si tienen validez sus acusaciones contra David Ravelo y Aristídes Andrade.

A esta larga película de maniobras judiciales, se suma ahora un hecho inesperado. Mario Jaimes Mejía le pide a los magistrados del tribunal de Justicia y Paz ser beneficiario de la libertad condicional por virtud de la Justicia Especial para la Paz. El Panadero argumenta que antes de paramilitar fue guerrillero, que tuvo doble militancia en la guerra y que por eso le asiste el derecho de la libertad, aplicando el principio de la favorabilidad, pues sus actuaciones fueron en el marco del conflicto armado.