El 'paraguas' de la Bolsa

El 27 de junio de 2008 el superintendente financiero, César Prado Villegas, expidió una circular externa que buscaba blindar aún más a todas las entidades vigiladas por esa entidad de posibles operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo. Por eso ordenó que todo el sistema financiero implementara, si no lo había hecho, un riguroso protocolo de control, denominado Sarlaft. Lo absurdo es que mientras todos se apretaban el cinturón, según la circular, los únicos que no tenían que aplicar el protocolo eran la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y su agente de control, el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV).

En ese momento se ponderaron las estrictas medidas de control de la Bolsa, como resolviendo de tajo que allí no había peligro alguno de que se colaran mafias de blanqueo de dinero, y por eso la circular excluyó a la Bolsa de Valores y al AMV del escrutinio de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Hoy está claro que ese vacío en la regulación se constituyó en un escenario ideal para que se sucedieran los dos peores escándalos de la BVC: el descalabro de Interbolsa, calculado en más de $300 mil millones, y el bochornoso episodio de los 12 excomisionistas de bolsa, pedidos en extradición, que habrían lavado más de US$4 millones del narcotráfico. 

Así se lo aseguraron a El Espectador diversas fuentes que conocen del mercado de valores del país. Uno de ellos sostuvo que es absolutamente ridículo que mientras toda transacción superior a $10 millones es reportada por la banca a la UIAF, los multimillonarios negocios transados en la BVC no pasaran por el principal filtro del Estado en materia financiera para evitar el lavado de activos. “Antes de todos los escándalos la Bolsa decía que no era sujeto de riesgo, que eran los comisionistas. Pero fíjese lo que ocurrió. Es imposible vaticinar que la UIAF habría podido percatarse de lo que sucedería con Interbolsa o los corredores de la mafia, pero, con toda seguridad, fue un control con el que no se contó”, advirtió otra fuente.

Precisamente en la edición del pasado 24 de marzo, El Espectador reveló la investigación que adelantó entre 2004 y 2011 el agente especial del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos Evan Hartwell, en la que se estableció que a través de casas de cambio en México, Puerto Rico, Suiza y la ciudad de Nueva York se consignaron millonarios desembolsos que tenían como filtro la empresa fachada Logistical Engineering. Los comisionistas de las firmas Intervalores S. A., Compañía de Profesionales de Bolsa y Stanford S. A. presentaron facturas falsas a colombianos que supuestamente habían prestado servicios a Logistical y les consignaban en cuentas que controlaban los comisionistas. Así se ejecutaba en redondo la operación de lavado. 

Los comisionistas Manuel Madero Luzardo y Carlos Eduardo Leyton, para EE.UU., fueron los artífices de esta inédita infiltración de la mafia a la Bolsa de Colombia. Otros diez de sus colegas resultaron con acusaciones en cortes federales por un sinnúmero de operaciones financieras, que todo el tiempo estuvieron monitoreadas por agentes norteamericanos. En cristiano se diría que mientras en Colombia se juraba que la BVC era prácticamente invulnerable a la penetración del narcotráfico y el lavado, en Estados Unidos se tomaban medidas para detectar esta megaoperación de blanqueo. 

El caso Interbolsa también evidenció que no sólo fallaron todos los controles, sino que la UIAF estuvo ausente por expresa regulación de una circular de la Superfinanciera. El Espectador pudo establecer que pocos días antes de que se ordenara la intervención de la otrora todopoderosa Interbolsa, la UIAF le había solicitado a la Superfinanciera levantar las excepciones de la BVC y otras entidades. Así lo confirmó Jorge Galeano, delegado para los temas de lavado de activos de la Superintendencia, quien agregó que “hoy, para total claridad, no hay nadie exceptuado. La Superintendencia dio la orden perentoria a todas las entidades del sistema financiero, incluidas la Bolsa y el AMV, de reportar cualquier operación sospechosa”.

Galeano le explicó a este diario que esa orden se emitió el pasado 22 de marzo, en la circular externa 010 difundida por el superfinanciero Gerardo Hernández. “Esos cambios se hicieron por solicitud de la UIAF y también pensando en una gran evaluación internacional a la que se someterá Colombia el otro año”, sostuvo el alto funcionario, señalando que la razón por la cual la Bolsa y el AMV no tuvieron que implementar el Sarlaft fue porque “estas son plataformas que no tienen contacto directo con los clientes ni manejan dinero en efectivo. Esas excepciones se definieron con base en estándares internacionales, que señalan que con las entidades menos riesgosas se pueden aplicar medidas más reducidas”.

“En el país cualquier actividad está expuesta a ilícitos. Por eso, desde antes de que cambiaran la norma, la Bolsa de Valores de Colombia ya tenía un sistema de control montado, así que para nosotros nada cambió”, resaltó Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC. Añadió que “el sector financiero está particularmente en riesgo por su naturaleza y en Colombia tiene unos estándares de vigilancia que, aunque no son infalibles, son altísimos. Me preocupa que se generalice que las operaciones bursátiles están llenas de irregularidades. Colombia está muy bien ranqueada mundialmente en controles en términos de prevención y quienes quieren lavar dinero ya no están recurriendo al sector financiero por lo regulado que está”. 

Tanto Galeano como Córdoba sostuvieron que incluso si no se hubiera emitido la Circular 026 de 2008, que indicaba que la Bolsa y el AVM no tenían que implementar el protocolo de la UIAF, posiblemente no se hubiera podido evitar el desplome de Interbolsa o los casos de lavado de activos que ya indaga Estados Unidos. Para estos altos funcionarios fue clave que la Superfinanciera cambiara las reglas de juego. Ya cuando todo pasó.

Siete personas de la Superfinanciera en la mira

Según revelaciones de la revista Semana, la Procuraduría estaría detrás de siete directivos de la Superintendencia Financiera que habrían incurrido en fallas disciplinarias al no alertar a tiempo sobre los  movimientos irregulares de la firma comisionista Interbolsa que la llevaron  al descalabro. Entre los investigados por el Ministerio Público se encuentran el superintendente financiero, Gerardo Hernández, y los funcionarios Juan Pablo Arango, Luis Fernando Cuadrado Zafra, Rosita Barrios Figueroa, Diego Herrera Falla, Sandra Perea Díaz y Juan Pablo Coy Navarro. En el auto de cierre de la investigación de la Procuraduría se concluye que existieron “fallas evidentes en la labor de supervisión y vigilancia en las operaciones llevadas a cabo por Interbolsa, lo cual, por competencia, era su obligación”. En el proceso disciplinario se adjuntaron 16 pruebas técnicas y documentales que serán tenidas en cuenta para decidir si se abre un proceso formal contra los funcionarios.