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7 Nov 2021 - 3:06 p. m.

El pedido de justicia de una víctima de la toma y retoma del Palacio de Justicia

En el marco de la conmemoración de los 36 años del holocausto del Palacio de Justicia, Helena Urán Bidegain, hija del inmolado magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, recordó lo que ha significado el silencio del país frente al suceso que partió en dos la historia de Colombia en la segunda mitad del siglo XX.
Helena Urán de Bidegaín y su papá, el magistrado auxiliar, Carlos Urán, asesinado en la toma y retoma del Palacio de Justicia hace 36 años.
Helena Urán de Bidegaín y su papá, el magistrado auxiliar, Carlos Urán, asesinado en la toma y retoma del Palacio de Justicia hace 36 años.
Foto: Cortesía

En noviembre de 1985, después del holocausto del Palacio de Justicia, la primera voz que se levantó para denunciar lo sucedido fue la del Tribunal Superior de Ibagué. “Este tribunal repudia los actos terroristas de los que han sido víctimas la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y considera que la negligencia del gobierno, signo de su inmemorial menosprecio por la judicatura, condujo a la afrenta que sufre la república”, expresó en el texto de una denuncia contra el presidente Belisario Betancur radicada en la Comisión de Acusación.

Hoy, 36 años después del episodio más grave ocurrido en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, el Tribunal Superior de Ibagué recobra la memoria. Con el apoyo de los jueces del circuito de Chaparral, en la Casa de la Cultura del municipio del sur del Tolima, realizaron este sábado el panel “Las palabras no se las llevó el viento”. Un acto de homenaje a la memoria del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, oriundo de Chaparral, y de todas las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia.

Además de la participación del exministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández Barbosa, entre otras personalidades, estuvo invitada por vía internet, desde Estados Unidos, Helena Urán Bidegain, autora del libro “Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985″, publicado en 2020. Un testimonio literario e histórico de homenaje a la memoria de su padre Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado que murió ejecutado durante la retoma militar.

Estas fueron las palabras de Helena Urán Bidegain en el trigésimo sexto año de la memoria del holocausto del Palacio de Justicia.

“Un día como hoy, seis de noviembre, hace 36 años, me encontraba en el aula de clase donde cursaba quinto de primaria. Tenía 10 años y la vida, como la había conocido hasta ese día, llegaba a su fin. Ni yo ni nadie imaginaba lo que iba a suceder en el centro de la capital del país. Aunque sea un error garrafal hablar de ‘nadie’, porque si había hombres armas con la certeza de lo que iba a suceder ese día. Lo esperaban con ansia. Lo tenían preparado. Confiaban en que su toma saliera como la habían planeado. Mientras los otros también preparaban su retoma ausente de humanidad, de diálogo, solo con propósitos de vengarse y acabar con el enemigo sin reparo alguno.

El Ejército conocía los planes de la guerrilla del M-19 para ese miércoles seis de noviembre. Un mes antes de los hechos, el ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, había referido la información sobre un plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. En total, fueron 256 reportes realizados desde 20 dependencias de la Fuerza Pública, entre ellas el COICI, la Brigada XIII, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Hoy es irrefutable que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para el ataque de la guerrilla del M-19 al Palacio de Justicia.

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Muchos años después supe que el grupo guerrillero incluso anunció públicamente lo que sucedería en esos días. ‘Algo de tanta trascendencia que el mundo quedará sorprendido’, comunicó la guerrilla a través de los parlantes de la radio. Un oyente desprevenido quizás no podría en aquel momento imaginar de que se trataba el anuncio del M-19. Y yo, en esa época en la que poco o nada escuchaba radio, tampoco habría relacionado ese mundo del que se hablaba con el mío en el colegio. ¡Cuan equivocada estaba!

Hace 36 años, cuando el día señalado llegó, esa mañana los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y demás empleados llegaron normalmente a su lugar de trabajo: el Palacio de Justicia. Se percataron de la ausencia de seguridad, en contraste con la fuerte vigilancia militar que se desplegó durante la visita del presidente de Francia Françoise Mitterrand, días antes. Había tantos avisos, tantos rastros, tantas señas, pero más de 300 personas ingresaron ese día al Palacio de Justicia sin sospechar lo que pasó, y que hoy, 36 años después, se sigue negando.

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Hacia las 11:30 de la mañana se impusieron las consignas, el ingreso triunfal y violento de la columna del M-19, sin un solo obstáculo ‘real’ en su camino. Con los guerrilleros llegaron las balas, y enseguida las de quienes se autodenominaron los defensores de las instituciones al contraataque. Minutos después, los tanques de guerra, los francotiradores, los proyectiles, el fuego. ¿Y el Ejecutivo?, mirando hacia otro lado y en silencio. Un silencio duro, pero cargado de significados, de intenciones. Un silencio que se impuso a la sociedad y a los medios de comunicación.

Estos últimos, cómplices, lo acataron. ‘El Ministerio de Comunicaciones prohíbe terminantemente la transmisión de entrevistas y llamadas a magistrados, puesto que ello afecta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que todavía se encuentran en el edificio’, fue la orden de la ministra de comunicaciones Noemí Sanín. Se prefirió el abuso de la fuerza y la censura, al diálogo pacífico. Y un silencio pactado se impuso a todos y todas. Silencio y ocultamiento. Sin espacio para la tristeza. Los traumas personales y colectivos debían ignorarse para volverse un fantasma. Todo debía olvidarse, negarse, esconder.

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Como diría el ministro de gobierno de la época, Jaime Castro, en un consejo de ministros. Era pertinente evitar los entierros con manifestación. Lo ideal era inhumar los cuerpos en una fosa común, previo al cumplimiento de los requisitos de ley. Se hizo sin lo último. De manera infame e ilegal, hombres con poder político y con armas, también robaron la identidad a otros para mantener al país en la ignorancia, la mentira y el miedo. Yo dejé Colombia meses después con mis tres hermanas y mi madre. El peligro era que las Fuerzas Armadas la ejecutaran a ella por su exigencia de verdad. Debía prevalecer el silencio. Nos fuimos sin que entendiera aún lo que acababa de arrollar mi vida.

Casi un centenar de personas habían muerto en el corazón del país. La sede de las altas cortes había quedo en ruinas. Varias personas no aparecían ni vivas ni muertas. Sin embargo, pese a la envergadura de la tragedia, la sociedad aceptaba sin reclamos la versión de que un grupo de 35 guerrilleros financiados por los capos de la droga y Pablo Escobar, habían atacado al poder judicial en su sede del Palacio de Justicia. Y que el Ejército de Colombia había defendido la Democracia valerosamente, incluso disparando cañonazos y proyectiles dentro y fuera de un edificio lleno de gente inocente.

La lógica oficial de salvar a la democracia mientras se atacaba a hombres y mujeres inocentes. Un maquillaje de silencios imposibles de entender para mí. Una contradicción, un sinsentido ante el que todos permanecíamos callados. Hoy, 36 años después, a pesar del silencio sostenido, la voz implorando cese al fuego del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, en medio del holocausto, sigue retumbando en los oídos de todos. Pero ni la impunidad, ni la mentira, ni la decepción, ni el desprecio, ni el engaño. Ni siquiera la disciplina a la que fue sometido el país ha podido evitar que las voces dedicadas a la justicia sean silenciadas.

Aquí permanecen. Cada año, cada mes, cada día, haciéndose oír, recordándonos que no hemos estado a la altura de lo sucedido. Ellos siguen reclamando justicia porque fue haciendo justicia que murieron. Esas voces están aquí con nosotros, en el inconsciente de una nación a la que la masacre del Palacio de Justicia le atravesó el alma. Por eso, el trauma colectivo de un país que demanda que se aclaren los hechos, y que los sucesores de quienes murieron ese día, se comprometan de fondo en esa exigencia. Si no es por solidaridad de cuerpo, que sea por el país, y que la Fiscalía investigue y se sepa la verdad. Aún hay tiempo. Esas voces, como la de Reyes Echandía, no dejan de implorarlo.

‘Por favor que cese el fuego, estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego, detengan el fuego porque están dispuestos a todo… Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes… hemos tratado de hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor presidente, pero él no está. No he podido hablar con él’.

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