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Derecho a la vida
Sobre las ejecuciones extrajudiciales el organismo coincidió con la ONU: sí han disminuído, pero preocupa la falta de investigación e impunidad. El organismo resaltó “la ausencia de condenas a altos mandos”. Basados en cifras del Observatorio de DD.HH. de la Vicepresidencia, la CIDH encontró que entre enero y octubre del año pasado se cometieron 32 masacres en las que murieron 149 personas. Además, se mostró inquietud por la ampliación del fuero militar, señalando que los jueces militares suelen archivar los casos de violaciones de derechos humanos. El organismo reiteró también que se siguen recibiendo denuncias de crímenes cometidos por grupos ilegales y agentes del Estado.
Libre expresión
La Comisión llamó la atención sobre las implicaciones que puede tener la ley de inteligencia, que sanciona penalmente al funcionario que revele información confidencial. Destacó la decisión de la Corte Constitucional que les ordenó a los jueces favorecer la libertad de expresión a la hora de juzgar delitos como injuria o calumnia. Asimismo, rechazó que a pesar de este lineamiento, el periodista Luis Agustín González hubiese sido condenado a 18 meses de prisión por una columna de opinión. La CIDH igualmente señaló que periodistas han sido intimidados por bandas criminales y se resaltó la investigación contra Ferney y Dixon Tapasco por el asesinato de Orlando Sierra.
Acceso a la justicia
Según la comisión, este tema se divide en varios puntos. Para empezar, el organismo señala como obstáculo para el acceso a la justicia la permanencia de grupos armados ilegales, a pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares. Otro obstáculo, esta vez específicamente con respecto a Justicia y Paz, la paralización de los procesos de versiones libres por parte de exjefes ‘paras’ que fueron extraditados a Estados Unidos. La CIDH observa además que las víctimas también tienen problemas a la hora de contar con asesoría jurídica, dado el bajo número de abogados gratuitos con que cuenta la Defensoría del Pueblo, aunque destacó las estrategias de esta institución para superar este asunto.
Los vulnerables
Sobre las mujeres, la CIDH reitera su preocupación “ante la situación de inseguridad e incremento de amenazas” a organizaciones que las defienden, además de señalar que la violencia sexual continúa generalizada en el conflicto, afectando particularmente a niños y niñas menores de 14 años de edad. De igual forma, la guerra tiene en serio riesgo a comunidades indígenas como los Awá o las del Cauca, por los desplazamientos y la siembra de minas antipersonas. En 2011, anotó la CIDH, también continuaron los discursos de desprestigio contra defensores de DD.HH., a pesar de que el Estado asegurara haber adoptado una política de ‘desarme de la palabra’. Actualmente, los grupos armados ilegales continúan reclutando niños.
Afrodescendientes
Existe una población que preocupa particularmente a la CIDH: los afrodescendientes, quienes para el organismo interamericano continúan pasando por una “grave crisis humanitaria”. Por eso desde 2009 ha venido denunciando cómo son blanco de constantes actos de violencia: masacres, ejecuciones selectivas, desapariciones, violencia sexual, hostigamiento y desplazamientos. Para la CIDH resulta bastante inquietante la situación de seguridad de los líderes afrodescendientes y los miembros de consejos comunitarios que buscan la reivindicación de los derechos que estas comunidades tienen sobre sus territorios y sobre los recursos naturales que allí se encuentran.
Desplazados y retorno
La CIDH se unió a otros organismos, como la ONU, que han expresado gran preocupación por amenazas o asesinatos contra líderes de tierras y la sostenibilidad misma de los procesos de retorno. La Comisión destacó la relevancia de la Ley de Víctimas y el reconocimiento gubernamental de la existencia del conflicto. No obstante, con base en informes de distintas organizaciones, incluida la Corte Constitucional, encontró que las medidas tomadas para que la población desterrada goce de sus derechos están lejos de alcanzar un nivel aceptable.