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La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtió que el precio fijado por la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, para asignar el tercer canal es insuficiente.
La posición del organismo de control, en este caso, coincide con la Contraloría General de la República, que señaló que el señalamiento de la Comisión en este aspecto puede afectar el patrimonio público.
Así mismo, el organismo reiteró su apoyo a la subasta como el mecanismo más idóneo para hacer efectiva la entrega de la concesión al nuevo operador televisivo.
El Ministerio Público, representado por las dos entidades, tampoco respalda la asignación de la frecuencia de la que actualmente hace uso el Canal 13, en manos de TV Andina, toda vez que lo considera como un nuevo componente de detrimento patrimonial para las arcas del Estado.
Por otra parte, la Procuraduría señaló como un equívoco, el que no se haya hecho referencia en los pliegos de condiciones la estimación, tipificación y asignación de riesgos, al advertir que se podrían presentar eventualidades que generen costos innecesarios para la CNTV, que deberían estar a cargo del nuevo operador.
Agregó que allí se puede estar contradiciendo lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 que, para el Ministerio Público, es clara en exigir la inclusión de ese tipo de previsiones en procesos licitatorios de esa naturaleza.
De la misma manera, cuestionó el que la CNTV no haya hecho referencia a la cuantía del alquiler en una frecuencia en la RTVC, cuando la asignación del tercer canal ya está próxima a ser dirimida.
Por El Espectador
