Hoy se posesiona Iván Duque como Presidente de la República de Colombia para el periodo 2018-2022.
El país tiene una larga tradición presidencial, siendo excepcional la Constitución de Cundinamarca de 1811, cuando el ejercicio del poder ejecutivo correspondía al rey auxiliado de sus ministros, y en defecto del rey, lo obtendría el Presidente de la Representación Nacional (Título I, art. 1-6).
El sistema presidencial se caracteriza por tener un ejecutivo monocrático ya que la jefatura del Estado y del Gobierno está en cabeza del mismo dignatario, elegido por el sufragio de los ciudadanos en forma directa o indirecta como en Estados Unidos, donde se vota para integrar el Colegio Electoral. En cuanto a los frenos y contrapesos, el Presidente concentra mayor poder que otros órganos del Estado, la moción de censura es débil o inexistente y el Gobierno no puede ser disuelto por el parlamento o Congreso.
En Colombia, esta funcionario es además suprema de autoridad administrativa (art. 189 ConstPol), dicho sea de paso, maneja una robusta burocracia, ya que es el comandante de las fuerzas armadas y dirige la fuerza pública (art. 189-3 ConsPol). Al Gobierno le corresponde frente al Congreso, entre otros asuntos, presentar proyectos de ley y el plan nacional de desarrollo e inversiones públicas (arts. 200); Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración cuya iniciativa le está reservada (art.154 ConstPol); Y respecto a la rama judicial, le corresponde conceder indultos por delitos políticos (art. 201 ConstPol), lo que es primordial en los procesos de paz.
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El primer mandatario además, goza de fuero por lo que, durante el periodo para el que fue elegido, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino por acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a la formación de la causa (art. 190 ConstPol). Lo desconcertante es que en nuestro país, la justicia penal no toca a los presidentes aun cuando luctuosos e ilícitos episodios los hayan rodeado.
Con todas estas atribuciones y prerrogativas, se anhela que el presidente Duque cumpla a cabalidad con la Constitución y la ley, evitando los desbordamientos y excesos.
Hoy, cuando se realiza su posesión, vale la pena recordar que las prácticas clientelistas, la reelección, las reformas constitucionales para mantenerse en el cargo o dotar al ejecutivo de una mayor nominación en los altos cargos del Estado, aumentan el desequilibrio de poderes.
Un Gobierno ejercido con sectarismo y ausente de la realidad, indiferente con la muerte, la pobreza, el abandono y el dolor de miles de ciudadanos, alejado de las comunidades con más vulneración de derechos fundamentales, destruye la democracia y el Estado social de derecho.
Dentro de las funciones y obligaciones encomendadas al presidente está el logro y el mantenimiento de la paz, conservando en todo el territorio el orden público y restableciéndolo donde fuere turbado (art. 189-4 ConstPol). Siendo la paz un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (art. 22 ConsPol), la llegada de otro Gobierno debería significar un renovado esfuerzo y compromiso para su salvaguardia. No obstante, la esperanza y la desconfianza entre los colombianos es evidente.
Esperanza de conseguir por fin una paz estable y duradera, especialmente para reparar a las víctimas; el nuevo mandatario ha dicho que todos somos amigos de la paz y que nunca se debió permitir que como país se abriera la falsa división entre amigos y enemigos de esta.
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Y desconfianza, pues una cosa son las promesas y otra distinta los hechos. El partido Centro Democrático, por ejemplo, al que ahora se suman otras colectividades, formularon reparos y propusieron modificaciones al Acuerdo Final y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se olvida que la exguerrilla de las Farc jurídicamente no existen y el Acuerdo es inmodificable. La JEP está bien concebida, es un tribunal independiente, autónomo y funciona simultáneamente con los jueces ordinarios, lo que ha suscitado la cooperación y el interés de organizaciones internacionales y de grupos de estudios. El Acuerdo Final de Paz y su implementación cuenta con un sólido andamiaje legislativo y de control constitucional. El Presidente Juan Manuel Santos actuó en cumplimiento de la Constitución y dentro de una función exclusiva e indelegable.
Por otro lado, entre la esperanza y la incertidumbre, le corresponderá al nuevo Gobierno adelantar el proceso de negociación con el Eln, por lo menos eso es lo esperado.
La experiencia indica que el diálogo, la concertación, utilizando mecanismos autocompositivos y heterocompositivos, posibilitan un adecuado abordaje de los conflictos armados. No se puede repetir los errores del pasado. La salida militar no ha permitido conseguir la paz ni superar los flagelos que acompañan a la guerra.
Hay que trabajar para lograr el cese bilateral del fuego, así se evitan más víctimas. El doctor Duque tiene la oportunidad de plantear un proceso de paz con reglas ajustadas a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a las exigencias internacionales, superando las posibles falencias que el acuerdo adelantado con las Farc pudo tener.
Un proceso de negociación implica honrar la palabra, cumplir con lo pactado, las condiciones de concentración, cese de hostilidades y verificación internacional. Esto requiere concesiones mutuas y no imposición. No se puede empezar con inamovibles, eso debe ser claro para ambas partes.
Al viejo conflicto armado con las Farc y el Eln, se suman otras guerras de guerrillas y las crecientes manifestaciones de criminalidad vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y demás actividades ilícitas. Por eso, el Gobierno entrante tiene una tarea urgente, inaplazable y prioritaria con la protección de los líderes y lideresas sociales, asesinados selectivamente en un elevado número. Se debe empezar por aquí ante la pretensión de corregir el pasado y construir el futuro, pues la paz está sitiada.
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Si el Presidente Duque, al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, asume la obligación de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos como lo dispone la Carta Fundamental (art. 188 ContPol), ciertamente simbolizará la unidad nacional y lo deseable es que le vaya bien en su Gobierno.
Amanecerá y veremos.
* Director Observatorio Constitucional de la Universidad Libre