“El presidente no elige sus jueces”: críticas al último decreto del Gobierno

Con el nuevo decreto, las tutelas que se radiquen contra el presidente Iván Duque solo podrán presentarse en el Consejo de Estado. / Archivo El Espectador

“No debemos ignorar el contexto en el que estamos, donde el presidente Iván Duque tiene aliados y exfuncionarios prácticamente en todos los órganos de control, como la Fiscalía y la Procuraduría. Y ahora hay que sumarle que las tutelas contra él serán conocidas únicamente por el Consejo de Estado”. Con esas palabras Esteban Hoyos Ceballos, profesor de derecho constitucional de la Universidad EAFIT, señala su desacuerdo con la reciente reforma del Ministerio de Justicia, con la cual -vía decreto- se modificó el reparto de tutelas contra la Presidencia.

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Se trata del Decreto 333 de 2021, recién expedido por el ministro de Justicia (lo firmó el pasado 6 de abril), Wilson Ruiz Orejuela. De acuerdo con la nueva normativa, todas las tutelas que vayan contra Presidencia, así como las relacionadas con asuntos de seguridad nacional y la erradicación de cultivos de uso ilícito, serán competencia exclusiva del Consejo de Estado. El ruido que genera es porque, por esa vía se les despojó la competencia a los jueces municipales y los tribunales superiores, los cuales habían fallado en contra del Estado en temas de interés oficial como el retorno de la erradicación aérea con glifosato.

Según el abogado y profesor Esteban Hoyos Ceballos, quien públicamente ha compartido su descontento, se trata de una situación sin precedentes. “El presidente Iván Duque está escogiendo una única corte, el Consejo de Estado, para que conozca de las acciones de tutela en su contra, eso nunca lo había hecho un presidente en Colombia. Decir: de las tutelas en contra mía solo va a conocer este juez. Eso es inconstitucional, eso es una clara desviación de poder. En una democracia el presidente no elije sus jueces”, dijo en entrevista con El Espectador.

En contraste, el ministro Wilson Ruiz Orejuela defiende los papeles que firmó, pues con la modificación se buscaría combatir “uno de los aspectos que más afecta la seguridad nacional y alienta la violencia en los territorios”. De acuerdo con el jefe de cartera, las acciones de tutela que toquen la erradicación de cultivos ilícitos deben ser conocidos por el órgano judicial de cierre en temas administrativos, como lo es el Consejo de Estado -alta corte especializada en lo contencioso-administrativo-.

“Las funciones del presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad Administrativa, establecidas en la Constitución Política, encarnan el interés general y dadas las implicaciones de sus decisiones a nivel interno e internacional, es necesario que cuando las mismas sean objeto de acción de tutela, estas sean revisadas por el máximo tribunal en materia administrativa, este es, el Consejo de Estado (…) estos temas deben ser debatidos por órganos judiciales de cierre que refuercen la desconcentración de la administración de justicia”, le explicó Ruiz a este diario.

Adhiriendo a las palabras del ministro de Justicia, una fuente en la altas cortes, quien omite su nombre por encontrarse comprometido con una de las instituciones mencionadas, señaló que vía decreto el Gobierno puede modificar, a su vez, el Decreto 1069 de 2015 o Decreto único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Además, explicó que “el Consejo de Estado es un juez plural y es un juez que más conoce y, además, es el órgano de cierre que tiene que ver con el derecho administrativo, eso le da gran experiencia en mirar temas complejos”.

Antecedentes: Gobierno propone que tutelas contra el presidente solo vayan al Consejo de Estado.

Sin embargo, para el profesor Ceballos, decir que el Consejo de Estado es el despacho más especializado es una falacia, dado que, desde la Constitución de 1991, cuando la figura de la acción de tutela vio la luz, todos los jueces del país son constitucionales, es decir, tienen la capacidad de decidir sobre la violación de derechos consagrados en la Carta Magna. Además, le resulta llamativo que el ministro busque la “desconcentración” de la administración de justicia, justamente concentrando las denuncias de los colombianos, contra el presidente en el Consejo de Estado.

“Yo tengo una hipótesis al respecto: al Gobierno Nacional le han molestado las decisiones de otra cantidad de jueces, por ejemplo, el fallo de la protesta en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno no quiere que otros jueces distintos al Consejo de Estado conozcan de acciones de tutela en su contra. Si se hace un barrido de las tutelas que le han molestado al Gobierno -erradicación de cultivos ilícitos, protesta social, rebelión de las canas- ninguna ha sido fallada por el Consejo de Estado”, le dijo a este diario el profesor Hoyos.

De hecho, la erradicación de cultivos de uso ilícito en Colombia, mediante el uso de glifosato, está frenado desde 2017 por una acción de tutela presentada por el personero de Nóvita (Chocó), la cual fue tramitada, en principio, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de ese departamento. El debate llegó hasta la Corte Constitucional, la cual ordenó al Gobierno suspender la estrategia hasta que las comunidades afro, indígenas y campesinas participen en los diálogos y, además, la Policía Nacional, encargada de la eventual erradicación, demuestre que no afectará la salud ni el medio ambiente de los colombianos.

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Otra fuente consultada por este diario, quien ha ocupado diferentes puestos en la Rama Judicial y quien solicitó ocultar su nombre por trabajar en una de las entidades, aseguró que el decreto le parece razonable, pues el Consejo de Estado es el tribunal contencioso-administrativo más importante del país. Sin embargo, opinó que hay un trasfondo en la decisión: “viniendo de este Gobierno pienso que está tratando de evadir la justicia, perdón, pero no veo un acto de buena fe tendiente a fortalecer las instituciones. El Gobierno ha buscado controlar a todos los que le hacen contrapeso, la Contraloría, la Procuraduría, la Registraduría, etc.

No es la primera vez

De acuerdo con la abogada María Cristiana Gómez, directora del doctorado en Derecho de la Universidad de Antioquia, la acción de tutela ha sido incomoda para los gobiernos conservadores desde su implementación en 1991. “La tutela crea espacios para que los ciudadanos puedan ser escuchados en demandas de derechos fundamentales. Desde la década del noventa las personas del común se han acercado a los jueces de su región y ellos respondían a lo que el Gobierno no ha hecho”, explicó en entrevista con El Espectador.

Además, la curtida docente explicó que el ejecutivo lleva un buen tiempo hablando de un “activismo de los jueces”, pues desde los años noventa habrían reconocido derechos, vía tutela, sin tener en cuenta los recursos del Estado. “Cuando comienza el gobierno Uribe, el Estado se ocupa de fortalecer la política militar, temas de seguridad y lucha contra los grupos insurgentes. Todos los recursos parecían estar requeridos para ese tema. Entonces los jueces se volvieron incómodos, porque todas las demandas requieren gastos. A los jueces empezaron a verlos con sospecha”, dijo.

Por ejemplo, según las palabras de Gómez, el antiguo ministro del Interior y de Justicia del Gobierno Uribe, Fernando Londoño, habría intentado crear una jurisdicción especial que solo estudiara tutelas, sin embargo, esa idea no prosperó. “La propuesta de Londoño Hoyos era tratar de crear una jurisdicción y que la tutela estuviera muy limitada a la posibilidad de los recursos del Estado. Un poco disciplinar a estos jueces. Eso fue inédito porque fue más un debate político que jurídico. Hay que ir con cuidado cuando se habla a la reforma a la tutela porque es el único mecanismo con el que el colombiano entiende que hay un tipo de administración de justicia”, explicó.

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Tal era la aversión de Londoño con la acción de tutela, que en 2001 escribió un artículo sobre la Constitución de 1991, criticándola así: “El Estado Social de Derecho, con su séquito inagotable de equivocaciones, no iba a quedarse como fórmula escrita. Así que lo apuntalaron con la nunca bien lamentada tutela (…) Que la Empresa de Acueducto no tenga dinero, o no considere económica o socialmente razonable llevar agua a un barrio, eso no importa. En un Estado Social de Derecho no puede haber barrio sin agua y basta la sentencia de cualquier juez para que en diez días el acueducto se extienda hasta ese barrio o el gerente pare con sus huesos en la cárcel. Y así, sucesiva e indefinidamente, viene la marcha inexorable de la estupidez judicial, que ignorando todo en materia económica se volvió el factor esencial de la economía”.

Demanda, en camino

El abogado y profesor Esteban Hoyos Ceballos aseguró que, en compañía de otros académicos de la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana, demandará el Decreto 333 del 6 de abril de 2021. A la acción ciudadana se sumará la representante a la Cámara Juanita Goebertus, del partido Alianza Verde, quien en diálogo con este diario aseguró que el presidente Iván Duque está escogiendo sus propios jueces, limitando así la independencia judicial. Goebertus adhiere a la hipótesis de que al Gobierno le ha ido mal con los jueces regionales.

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“Estamos trabajando en la demanda, esperamos poder presentarla cuanto antes. He trabajado especialmente en el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y me preocupa que este decreto sea usado para saltarse la jurisprudencia Constitucional en materia de aspersión aérea. Ahí hay un riesgo concreto de vulneración de derechos por la imposibilidad de las comunidades de presentar de manera directa y ágil una tutela en sus territorios (…) es muy preocupante la manera en que este Gobierno ha venido concentrando poder en los órganos de control, reduciendo así la separación de poderes y el sistema de pesos y contra pesos”, concluyó Goebertus.