El abogado Luis Guillermo Pérez aseguró que la Corte Suprema de Justicia desconoció los derechos de las víctimas y la gravedad de los hechos al prescribir tres de los delitos por los cuales iba a ser procesado el exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes por las llamadas ‘chuzadas’.
En este sentido aseguró que con este fallo, el alto tribunal benefició a otros implicados por las interceptaciones telefónicas ilegales y seguimientos a congresistas de oposición, defensores de derechos humanos y periodista durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El jurista, quien representa a cerca de 30 víctimas, asegura que la justicia en los últimos años ha actuado de manera lenta frente a las investigaciones, puesto que no se han vinculado oficialmente a personas vinculadas con la Presidencia de la República que tuvieron participación y conocimiento en estos hechos.
Ante esto, le solicitó al fiscal General, Eduardo Montealegre una reunión de “urgencia” con el fin de establecer los avances de las investigaciones y “el evidente camino a la impunidad” en los otros procesos puesto que durante la presente administración los avances en las investigaciones “han sido casi nulos” y no se han logrado nuevas vinculaciones “pese a todas las pruebas que existen”.
“Sigue la impunidad absoluta frente a la responsabilidad de altos funcionarios del Gobierno anterior en el escándalo del DAS, a quienes la Fiscalía se ha abstenido de imputarles cargos de responsabilidad penal, a pesar de las evidencias presentadas. En el caso de José Obdulio Gaviria, César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo, Jorge Mario Eastman, entre otros”, precisó Pérez.
Estos hechos, según el abogado, ya fueron puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamando la atención de que ciudadanos extranjeros también fueron víctimas en estas actividades irregulares viendo afectadas su integridad personal y la seguridad de su familia.
Igualmente aseguró que muchos de los testigos de las denominadas ‘chuzadas’ han preferido guardar silencio y no contar la verdad sobre los hechos puesto que han recibido amenazas e contra de su vida y la de sus familias el Estado no les ha garantizado la seguridad.
Por El Espectador
