El próximo 6 de marzo un juez definirá si archiva proceso contra Petro por pánico económico
Fiscalía y Procuraduría solicitaron que se precluya al considerar que no se demostró que las declaraciones del alcalde hayan influido en la baja de las acciones.
El Espectador
El juez 24 penal de conocimiento definirá el próximo 6 de marzo si archiva o no el proceso que se adelanta por el delito de pánico económico en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
En la audiencia celebrada este viernes la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que se precluya la investigación en contra del mandatario distrital al considerar que no se pudo demostrar que las declaraciones de Petro hubieran afectado la baja de las acciones de la Empresa de Energía en la bolsa de valores de Bogotá.
El abogado Daniel Prado, quien defiende los intereses de Gustavo Petro indicó que la Fiscalía no pudo demostrar la existencia del delito puesto que no se presentó una intención para la baja de esas acciones.
En este sentido consideró que no se pudo demostrar que la baja las acciones hubiera sido causada por las declaraciones entregadas en los medios de comunicación de Petro Urrego.
El alcalde de Bogotá fue denunciado el 9 de diciembre de 2011 por el abogado Jaime Granados por las declaraciones hechas por Petro en noviembre de ese año sobre el futuro ante una posible fusión de las Empresa de Energía de Bogotá y la Empresa de Acueducto de Bogotá, las cuales, según el denunciante, causó la baja de la cotización en la bolsa y la suspensión por tres días del mercado bursátil.
Según el jurista, está establecido en la ley que cualquier persona que divulgue información falsa o inexacta que afecte el valor de las acciones incurre en un delito de tinte financiero y podría pagar una pena que va entre los 144 y 210 meses de prisión. (Ver Es temerario y calumnioso decir que por mi culpa cayeron las acciones: Gustavo Petro)
Para Granados, con sus declaraciones sobre una posible fusión entre las empresas de Energía de Bogotá y de Telecomunicaciones de Bogotá, “incurrió en un delito pues afectó el valor de acciones, títulos, bonos, compañías o sociedades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, poniendo en riesgo el bien jurídico, económico y social”.
El juez 24 penal de conocimiento definirá el próximo 6 de marzo si archiva o no el proceso que se adelanta por el delito de pánico económico en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
En la audiencia celebrada este viernes la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que se precluya la investigación en contra del mandatario distrital al considerar que no se pudo demostrar que las declaraciones de Petro hubieran afectado la baja de las acciones de la Empresa de Energía en la bolsa de valores de Bogotá.
El abogado Daniel Prado, quien defiende los intereses de Gustavo Petro indicó que la Fiscalía no pudo demostrar la existencia del delito puesto que no se presentó una intención para la baja de esas acciones.
En este sentido consideró que no se pudo demostrar que la baja las acciones hubiera sido causada por las declaraciones entregadas en los medios de comunicación de Petro Urrego.
El alcalde de Bogotá fue denunciado el 9 de diciembre de 2011 por el abogado Jaime Granados por las declaraciones hechas por Petro en noviembre de ese año sobre el futuro ante una posible fusión de las Empresa de Energía de Bogotá y la Empresa de Acueducto de Bogotá, las cuales, según el denunciante, causó la baja de la cotización en la bolsa y la suspensión por tres días del mercado bursátil.
Según el jurista, está establecido en la ley que cualquier persona que divulgue información falsa o inexacta que afecte el valor de las acciones incurre en un delito de tinte financiero y podría pagar una pena que va entre los 144 y 210 meses de prisión. (Ver Es temerario y calumnioso decir que por mi culpa cayeron las acciones: Gustavo Petro)
Para Granados, con sus declaraciones sobre una posible fusión entre las empresas de Energía de Bogotá y de Telecomunicaciones de Bogotá, “incurrió en un delito pues afectó el valor de acciones, títulos, bonos, compañías o sociedades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, poniendo en riesgo el bien jurídico, económico y social”.