Todo está listo para que el gobierno de Gustavo Petro radique la segunda iniciativa con la que pretende aterrizar la propuesta de paz total: el proyecto de ley de sometimiento para grupos criminales y narcotraficantes. Luego de que el Congreso aprobara prolongar la ley de orden público y, cuando apenas hace una semana, el Ministerio de Justicia presentó un articulado para intentar “humanizar” las cárceles y fortalecer la justicia restaurativa; ahora se planea presentar la hoja de ruta para que las organizaciones criminales dejen la ilegalidad. En el corazón de la propuesta está que no habrá negociación con estos actores, como ocurre con las guerrillas, sino entrega de armas y verdad a cambio de beneficios judiciales.
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Lo primero que busca el Gobierno es no otorgarle un estatus de tipo ideológico a organizaciones como el Clan del Golfo. Esa forma de aproximación está reservada para grupos como el Eln, con el cual el Gobierno acaba de entrar a una segunda fase de diálogos en México, se están desarrollando negociaciones en el marco de, por así decirlo, diálogos de paz. La vía que plantea el proyecto de ley de sometimiento, como lo confirmó el ministro Néstor Osuna públicamente, es meter en una bolsa a todas las organizaciones criminales cuyas acciones sometan a la población civil de zonas urbanas y rurales. Es decir, sí entrarán narcotraficantes, siempre y cuando demuestren haber constituido una red que, con intención o no, ejerció control territorial.
Expertos cercanos a la Casa de Nariño le explicaron a El Espectador que, por ahora, no se contempla que los narcotraficantes accedan a un sistema de justicia transicional, como la Ley de Justicia y Paz, creada para la desmovilización paramilitar, o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acordada en La Habana (Cuba). Al contrario, fuentes cercanas a la construcción del proyecto dijeron que las reglas de juego serían las mismas que ya están dispuestas en la justicia ordinaria. Por tanto, el rol de la Fiscalía será central. Esa entidad asumiría buena parte de la carga de la investigación de quienes dejen las armas, administraría la información y llevaría a los responsables ante los jueces.
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Las mismas fuentes confirmaron, por otro lado, que el tema de la extradición no será contemplado en el proyecto de ley de sometimiento. Ese fue uno de los puntos clave que, por ejemplo, fue innegociable para el Cartel de Medellín en los noventa. Arropados de la frase “prefiero una tumba en Colombia, que una prisión en Estados Unidos”, los miembros de ese grupo narcotraficante accedieron a someterse ante el Estado solo si se les garantizaba su presencia en el país. Además, es casi un hecho que todo miembro de las agrupaciones criminales pagarían como mínimo seis años de prisión en un establecimiento carcelario administrado por el Inpec.
A pesar de que en borradores pasados del proyecto se habló de “centros de arraigo”, en los que los grupos hubieran permanecido unificados, esa idea, al parecer, quedará descartada en la versión final del proyecto. Lo que sí se mantendría es que cada procesado, tras salir de prisión, debe cumplir con actividades restaurativas. Es decir, los criminales no solo pagarán sus delitos con su libertad, también tendrían que llegar a acuerdos con sus propias víctimas sobre cómo repararlas.
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Otras fuentes cercanas al Ministerio de Justicia aseguraron que, en principio, se tiene planteado que los procesados se comprometan a reconocer su responsabilidad y responder a las demandas de verdad de las víctimas. Asimismo, deberán participar en programas de reintegración a la sociedad y entregar información a la Fiscalía para el desmantelamiento y la judicialización de redes criminales o los colaboradores de las mismas. Además, los procesados podrían mantener un pequeño porcentaje de los bienes obtenidos a través del crimen. Aunque es un punto controversial, el actual Código de Extinción de Dominio permite a los delincuentes quedarse con el 5% del valor de los bienes que les incautan.
Se tiene entendido, por otro lado, que el presidente Gustavo Petro no quiere que los grupos criminales y de narcotráfico tengan todo el tiempo a su disposición para someterse. Por ello, quienes están estructurando el proyecto, tendrían pensado dar una fecha límite, en años, para que las organizaciones presenten las respectivas solicitudes al Alto Comisionado para la Paz. Y, quienes han estado cerca a la escritura del texto, aseguraron que la iniciativa del Gobierno contempla sanciones para los procesados que incumplan con los compromisos a los que llegaron con el Estado. Por ejemplo, reincidir en el delito o no llevar a cabo las actividades restaurativas con las víctimas.
El Espectador confirmó que el Ministerio de Justicia ajustará esta semana los últimos detalles para consolidar el texto que, finalmente, se le presente al Congreso. Entre los duros que están asesorando al Gobierno, en este pilar de su idea de “paz total”, están el exvicefiscal Jorge Perdomo; el penalista Mauricio Pava; el exministro de Justicia, Yesid Reyes; el actual ministro, Néstor Osuna, el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña; y los congresistas Iván Cepeda, Roy Barreras, Ariel Ávila y Alirio Uribe. Pronto los colombianos sabrán, en detalle, qué les propone el Gobierno a los criminales y narcotraficantes para que dejen las armas y, a su vez, entreguen los secretos del negocio de las drogas ilícitas.
