El que peca y reza...

Menos sabemos, en cambio, sobre las responsabilidades precisas de la Iglesia católica. Mientras políticos de uno u otro bando aprovecharon algunas ocasiones para arrepentirse o echarse en cara culpas o muertos, la Iglesia como institución nunca reconoció desmanes ni pidió perdón. Poco hablamos, además, sobre las actuaciones del clero durante los años que antecedieron a la debacle.

Dentro de los informes confidenciales de la Policía Nacional, en el Archivo General de la Nación, reposan minuciosas descripciones de las campañas políticas (y armadas) del clero durante la oleada de confrontaciones reportada en algunos departamentos del país durante los primeros años del gobierno de Olaya Herrera, en los años treinta. Específicamente, se encuentran los informes enviados por jueces, detectives y otros funcionarios que viajaban desde Bogotá para evaluar la “situación” en algunas provincias de Santander y Norte de Santander.

La llamada “situación” había adquirido visos de escenario bélico hacia mediados de 1931. Además de los repertorios de violencia ejercida por los directorios de ambos partidos, los informes registraron los sermones agresivos y publicaciones explícitamente subversivas de algunos párrocos. En el informe rendido por el juez Antonio Santamaría, sobre la investigación realizada en los “municipios de mayor turbulencia”, se resaltó, por ejemplo, la responsabilidad del presbítero de Sardinata, quien fue descrito como el financiador y organizador de cuadrillas armadas. El juez describió cómo mientras se realizaba la pesquisa el cura se dio a la fuga con la complicidad del obispo.

Durante los meses siguientes, se destacaron también las actuaciones del párroco de Arboledas, quien se negó incluso a firmar el pacto de paz que allí se celebró entre ambos bandos políticos una vez cesaron los enfrentamientos. En ocasiones se presentaron choques entre los mismos miembros de la curia, pues la Iglesia, como cualquier agrupación, no era monolítica y poseía distintas facciones. Algunos presbíteros llegaron a acusar a otros miembros de su misma parroquia, por considerarlos demasiado “radicales”. Uno de los dos párrocos del municipio de Villa Caro desarrolló una activa campaña política, incitando a sus fieles a armarse. Su colega, el otro cura presente en el municipio, lo denunció ante la Policía Nacional. Días después la misma Policía tuvo que enviar un destacamento a defender la vida del denunciante, quien fue declarado enemigo y traidor.

El municipio de San Andrés fue otro de los inspeccionados por emisarios del Estado bogotano. Los detectives visitantes resaltaron la entusiasta participación del cura Castillo, quien escondía armas en la iglesia e impartía órdenes y directrices ideológicas desde su publicación Lucha y Defensa. Se lee en el informe que “el principal agitador del pueblo es el cura párroco José María Castillo (...) con sus sermones en el púlpito y con su hoja periódica que antes se llamaba Hojita Parroquial de Dios y ahora se denomina Lucha y Defensa, la cual es editada en la casa cural y es en la que se revelan los ataques violentos contra el Gobierno Departamental y Nacional”. Este impreso incluía una sección en la que se enumeraban los llamados “cambiados”, quienes, según el informe de los detectives, eran campesinos liberales que habían sido obligados a cambiarse de partido, a través de “chantajes de índole religiosa”.

Hacia mediados de 1932 el propio director de la Policía Nacional, Gustavo Gómez, se desplazó hacia los Santanderes para realizar un informe más completo de lo que allí sucedía. Gómez se mostró sorprendido al comprobar que algunos presbíteros habían intervenido las comunicaciones de uno de los cuarteles de Policía de la región. En una breve epístola dirigida al presidente Olaya Herrera, Gómez le alertó: “De la manera más atenta, llamo la atención de Su Excelencia hacia el hecho, por demás grave, y que demuestra el estado casi de guerra en que se mantiene el clero en Santander, de que hayan intervenido las comunicaciones telefónicas del Jefe de la Policía y posiblemente de otras autoridades departamentales”. Ante este panorama se llegó a poner en marcha una ofensiva diplomática ante la Santa Sede, para que ésta “pusiera término a las actividades políticas del clero del Norte de Santander y García Rovira”.

Aunque historias como estas se multiplicaron tras el asesinato de Gaitán, pocos piensan en la Iglesia católica, o en facciones de ella, como actores del conflicto de la primera mitad de siglo. Tal y como lo sentenció el editorial del periódico El Siglo en marzo de 1958: “La Iglesia no tiene nada que temer (…) las historias falladas hay que mantenerlas cerradas, así como Dios no se acuerda de nuestros pecados absueltos. ¿Quién podría vivir si a cada paso lo estuvieran martillando con sus muchas y deshonrosas faltas?”.

Menos sabemos, en cambio, sobre las responsabilidades precisas de la Iglesia católica. Mientras políticos de uno u otro bando aprovecharon algunas ocasiones para arrepentirse o echarse en cara culpas o muertos, la Iglesia como institución nunca reconoció desmanes ni pidió perdón. Poco hablamos, además, sobre las actuaciones del clero durante los años que antecedieron a la debacle.

Dentro de los informes confidenciales de la Policía Nacional, en el Archivo General de la Nación, reposan minuciosas descripciones de las campañas políticas (y armadas) del clero durante la oleada de confrontaciones reportada en algunos departamentos del país durante los primeros años del gobierno de Olaya Herrera, en los años treinta. Específicamente, se encuentran los informes enviados por jueces, detectives y otros funcionarios que viajaban desde Bogotá para evaluar la “situación” en algunas provincias de Santander y Norte de Santander.

La llamada “situación” había adquirido visos de escenario bélico hacia mediados de 1931. Además de los repertorios de violencia ejercida por los directorios de ambos partidos, los informes registraron los sermones agresivos y publicaciones explícitamente subversivas de algunos párrocos. En el informe rendido por el juez Antonio Santamaría, sobre la investigación realizada en los “municipios de mayor turbulencia”, se resaltó, por ejemplo, la responsabilidad del presbítero de Sardinata, quien fue descrito como el financiador y organizador de cuadrillas armadas. El juez describió cómo mientras se realizaba la pesquisa el cura se dio a la fuga con la complicidad del obispo.

Durante los meses siguientes, se destacaron también las actuaciones del párroco de Arboledas, quien se negó incluso a firmar el pacto de paz que allí se celebró entre ambos bandos políticos una vez cesaron los enfrentamientos. En ocasiones se presentaron choques entre los mismos miembros de la curia, pues la Iglesia, como cualquier agrupación, no era monolítica y poseía distintas facciones. Algunos presbíteros llegaron a acusar a otros miembros de su misma parroquia, por considerarlos demasiado “radicales”. Uno de los dos párrocos del municipio de Villa Caro desarrolló una activa campaña política, incitando a sus fieles a armarse. Su colega, el otro cura presente en el municipio, lo denunció ante la Policía Nacional. Días después la misma Policía tuvo que enviar un destacamento a defender la vida del denunciante, quien fue declarado enemigo y traidor.

El municipio de San Andrés fue otro de los inspeccionados por emisarios del Estado bogotano. Los detectives visitantes resaltaron la entusiasta participación del cura Castillo, quien escondía armas en la iglesia e impartía órdenes y directrices ideológicas desde su publicación Lucha y Defensa. Se lee en el informe que “el principal agitador del pueblo es el cura párroco José María Castillo (...) con sus sermones en el púlpito y con su hoja periódica que antes se llamaba Hojita Parroquial de Dios y ahora se denomina Lucha y Defensa, la cual es editada en la casa cural y es en la que se revelan los ataques violentos contra el Gobierno Departamental y Nacional”. Este impreso incluía una sección en la que se enumeraban los llamados “cambiados”, quienes, según el informe de los detectives, eran campesinos liberales que habían sido obligados a cambiarse de partido, a través de “chantajes de índole religiosa”.

Hacia mediados de 1932 el propio director de la Policía Nacional, Gustavo Gómez, se desplazó hacia los Santanderes para realizar un informe más completo de lo que allí sucedía. Gómez se mostró sorprendido al comprobar que algunos presbíteros habían intervenido las comunicaciones de uno de los cuarteles de Policía de la región. En una breve epístola dirigida al presidente Olaya Herrera, Gómez le alertó: “De la manera más atenta, llamo la atención de Su Excelencia hacia el hecho, por demás grave, y que demuestra el estado casi de guerra en que se mantiene el clero en Santander, de que hayan intervenido las comunicaciones telefónicas del Jefe de la Policía y posiblemente de otras autoridades departamentales”. Ante este panorama se llegó a poner en marcha una ofensiva diplomática ante la Santa Sede, para que ésta “pusiera término a las actividades políticas del clero del Norte de Santander y García Rovira”.

Aunque historias como estas se multiplicaron tras el asesinato de Gaitán, pocos piensan en la Iglesia católica, o en facciones de ella, como actores del conflicto de la primera mitad de siglo. Tal y como lo sentenció el editorial del periódico El Siglo en marzo de 1958: “La Iglesia no tiene nada que temer (…) las historias falladas hay que mantenerlas cerradas, así como Dios no se acuerda de nuestros pecados absueltos. ¿Quién podría vivir si a cada paso lo estuvieran martillando con sus muchas y deshonrosas faltas?”.