Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En septiembre de 2007, cuando la Fiscalía compulsó copias para que se investigara la responsabilidad del ex presidente Belisario Betancur y de los generales retirados Rafael Samudio Molina y Jesús Armando Arias Cabrales en la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, más de uno recibió la noticia con escepticismo. Se trataba de quienes eran Jefe de Estado, comandante del Ejército y comandante de la Brigada XIII cuando una treintena de guerrilleros del M-19 asaltaron la sede de los más altos tribunales. Una cruel acción que dejó el triste saldo de más de un centenar de muertos, 11 de ellos magistrados.
El recelo que durante más de 20 años rondó el tema del Palacio de Justicia, por el hecho de que ninguna investigación resultó en condenas, comenzó a disminuir en agosto de 2006. El 23 de ese mes, la Fiscalía General de la Nación anunció la reapertura de las indagaciones en busca de conocer la suerte que corrieron 11 personas que, según está soportado en videos y testimonios, salieron con vida de las instalaciones del Palacio. Por cuenta de este expediente, doce militares en retiro, que participaron en las actividades de retoma del Palacio, están vinculados formalmente al proceso. Uno de ellos era el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, a quien la Fiscalía ordenó capturar este viernes.
Este ex alto oficial ha tenido una trayectoria castrense marcada por los altibajos. Su espíritu guerrero, con el que brilló en la región de Urabá durante la guerra de las Farc, el Epl y las autodefensas, se vio opacado con su súbito retiro de la institución en 1990 y su posterior destitución por parte de la Procuraduría. Esta fue la única sanción que se produjo por los hechos relacionados con el Palacio de Justicia.
No obstante, el general (r) apeló la decisión y 15 años después el Consejo de Estado determinó que debía ser reintegrado al Ejército, como sucedió en 2005. Para esa época, Arias Cabrales le expresó a este diario que lo suyo había sido “una persecución política”.
Sin embargo, dos años después de este fallo, el militar fue vinculado una vez más al expediente del Palacio de Justicia. A finales de julio pasado, tanto él como Samudio Molina rindieron indagatoria ante la fiscal Ángela María Buitrago, funcionaria delegada ante la Corte Suprema y cabeza del proceso que sigue el ente investigador por los hechos ocurridos el 6 y el 7 de noviembre de 1985. La vinculación de tantos altos ex oficiales ha sido recibida con poco agrado en las Fuerzas Armadas. Durante las últimas dos décadas, los militares sólo han respaldado las acciones de quienes respondieron a la sangrienta emboscada del M-19.
Algunos de los procesados, como el general (r) Iván Ramírez, le han manifestado a El Espectador que consideran injusto que quienes alguna vez fueron considerados “héroes de guerra”, hoy sean tratados como criminales. Sin embargo, los familiares de los desaparecidos opinan diferente. “Nosotros sólo queremos saber dónde están los restos de los nuestros, y creemos que los militares sí tienen responsabilidad en su desaparición”, afirmó René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de los 11 desaparecidos. “Recibimos con optimismo pero con mucha prudencia la noticia de la captura de Arias Cabrales, porque todavía no está claro qué prevalece: si el fuero del general o que el caso es de Derechos Humanos. No queremos que pase lo mismo que con Jorge Noguera”.
Por Redacción Judicial
