El reclamo a la Justicia Penal Militar que se llevó hasta la Fiscalía de la CPI
Organizaciones sociales cuestionan que la fecha, esa justicia no enviado informe alguno a la Jurisdicción Especial para la Paz lo cual no es solo obligación fijada en el Acuerdo de Paz, sino que serviría para al esclarecimiento de la verdad en casos de violaciones a los derechos humanos.
“La Justicia Penal Militar y Policial (JPMP) como jurisdicción especializada en actos del servicio de agentes de Estado combatientes, en los términos del artículo 221 de la Constitución Política, no ha colaborado eficazmente con los fines de la justicia transicional”. La afirmación está contenida en una nota de impunidad que presentaron la semana pasada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
El documento denominado “Colombia en riesgo de impunidad: Puntos ciegos de la Justicia Transicional frente a crímenes internacionales de competencia de la CPI” asegura que la Justicia Penal Militar no ha entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz informe alguno sobre sus actividades, a pesar de que se trata de una obligación pactada en el Acuerdo de Paz (incluida en la Ley Estatutaria de la JEP) que incluye a otros organismos que ya han hecho esa tarea como la Fiscalía, la Procuraduría o la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados, resaltó que el plazo inicial para rendir informes se cumplió el 15 de marzo de 2020 sin que la JPM entregara informe alguno y explicó que la JEP amplió ese plazo un año más, hasta el 15 de marzo de 2021. “Es una preocupación porque allí reposan procesos judiciales que en su mayoría han precluido por hechos de graves violaciones de derechos humanos. Y también existen muchos procesos de la década de los 80 que se dieron en el marco de estado de excepción en los que tribunales militares juzgaron a civiles”, dijo.
En el reporte entregado a la Fiscalía de la CPI, las organizaciones le piden a ese organismo internacional, que hace un examen preliminar sobre el Estado Colombiano desde 2004, se le pide a la Justicia Penal Militar que entre en el diálogo de la justicia transicional y pone sobre la mesa el debate que existe sobre la competencia de esa justicia para llevar o no este tipo de casos. En ese sentido, conminaron a la JPM a dar cuenta a la JEP de “todos los procesos e investigaciones en curso, precluidas y/o archivadas contra agentes de Estado combatientes por hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia basada en el género o promoción y expansión de grupos paramilitares”.
Además, que “se abstenga de asumir conocimiento de aquellos hechos que, por involucrar la comisión de crímenes internacionales, están excluidos de su competencia al no ser actos del servicio”. La importancia de ello, asegura la nota de impunidad, es su importancia para ayudar en el esclarecimiento de la verdad y el juzgamiento de los máximos responsables de hechos como, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.
“En todo ese tiempo ha destacado la poca efectividad de las investigaciones en la JPMP para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra. Esto ha constituido una brecha de impunidad hasta ahora debido a que, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, dicha jurisdicción no ha “obrado [de modo] imparcial, independiente y efectivamente” en diversas oportunidades”, dice el documento.
El Colectivo de Abogados y la FIDH aseguraron, además, que la propia JEP ha dado cuenta de la falta de esa información y citaron un auto de marzo pasado en el que la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín puso de presente que desde el 4 de octubre de 2018 se solicitó información a la Dirección de la Justicia Penal Militar que consideró “insuficiente” cuando le fue entregada un mes después. “Todo esto evidencia la inacción reiterada de la JPMP respecto del cumplimiento del deber”, indicaron.
“La Justicia Penal Militar y Policial (JPMP) como jurisdicción especializada en actos del servicio de agentes de Estado combatientes, en los términos del artículo 221 de la Constitución Política, no ha colaborado eficazmente con los fines de la justicia transicional”. La afirmación está contenida en una nota de impunidad que presentaron la semana pasada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
El documento denominado “Colombia en riesgo de impunidad: Puntos ciegos de la Justicia Transicional frente a crímenes internacionales de competencia de la CPI” asegura que la Justicia Penal Militar no ha entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz informe alguno sobre sus actividades, a pesar de que se trata de una obligación pactada en el Acuerdo de Paz (incluida en la Ley Estatutaria de la JEP) que incluye a otros organismos que ya han hecho esa tarea como la Fiscalía, la Procuraduría o la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados, resaltó que el plazo inicial para rendir informes se cumplió el 15 de marzo de 2020 sin que la JPM entregara informe alguno y explicó que la JEP amplió ese plazo un año más, hasta el 15 de marzo de 2021. “Es una preocupación porque allí reposan procesos judiciales que en su mayoría han precluido por hechos de graves violaciones de derechos humanos. Y también existen muchos procesos de la década de los 80 que se dieron en el marco de estado de excepción en los que tribunales militares juzgaron a civiles”, dijo.
En el reporte entregado a la Fiscalía de la CPI, las organizaciones le piden a ese organismo internacional, que hace un examen preliminar sobre el Estado Colombiano desde 2004, se le pide a la Justicia Penal Militar que entre en el diálogo de la justicia transicional y pone sobre la mesa el debate que existe sobre la competencia de esa justicia para llevar o no este tipo de casos. En ese sentido, conminaron a la JPM a dar cuenta a la JEP de “todos los procesos e investigaciones en curso, precluidas y/o archivadas contra agentes de Estado combatientes por hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia basada en el género o promoción y expansión de grupos paramilitares”.
Además, que “se abstenga de asumir conocimiento de aquellos hechos que, por involucrar la comisión de crímenes internacionales, están excluidos de su competencia al no ser actos del servicio”. La importancia de ello, asegura la nota de impunidad, es su importancia para ayudar en el esclarecimiento de la verdad y el juzgamiento de los máximos responsables de hechos como, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.
“En todo ese tiempo ha destacado la poca efectividad de las investigaciones en la JPMP para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra. Esto ha constituido una brecha de impunidad hasta ahora debido a que, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, dicha jurisdicción no ha “obrado [de modo] imparcial, independiente y efectivamente” en diversas oportunidades”, dice el documento.
El Colectivo de Abogados y la FIDH aseguraron, además, que la propia JEP ha dado cuenta de la falta de esa información y citaron un auto de marzo pasado en el que la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín puso de presente que desde el 4 de octubre de 2018 se solicitó información a la Dirección de la Justicia Penal Militar que consideró “insuficiente” cuando le fue entregada un mes después. “Todo esto evidencia la inacción reiterada de la JPMP respecto del cumplimiento del deber”, indicaron.