Olmedo de Jesús López Martínez es uno de tantos funcionarios públicos investigados por casos de corrupción en Colombia. Sin embargo, dentro de ese mundo de coimas, repartijas y acuerdos ilegales, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tiene una particularidad: pese a que es un testigo clave de la Fiscalía en el caso de corrupción más grave de los últimos años; que entregó información esencial para que las autoridades desmantelaran lo que han llamado una empresa criminal dentro del gobierno Petro; que aceptó su responsabilidad en la comisión de dos delitos y que ha hecho todo lo posible por colaborar con la justicia, el sistema judicial le sigue dando portazos en la cara.
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El más reciente se conoció en la tarde de este 26 de mayo, cuando un juzgado penal de Bogotá resolvió que López Martínez debe ir a juicio por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, pese a que él mismo estaba negociando con la Fiscalía y aceptó que sí cometió ambas conductas, lo que, en teoría, debía ahorrarle a él y a la ya congestionada Rama Judicial un proceso tan largo como el juicio. Además, este tipo de “confesiones” también le otorgan beneficios a los investigados, como una rebaja en sus penas, precisamente porque le ahorran de alguna manera el desgaste que el sistema sufre cuando lleva a los estrados judiciales a un procesado.
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Las particularidades del caso de López no paran ahí. A la decisión de ayer llegó el exfuncionario, luego de que la justicia negara en dos oportunidades el preacuerdo que había negociado con la Fiscalía para recibir otros beneficios, a cambio de su colaboración con las investigaciones del caso Ungrd. Como ha contado este diario, la información que entregó no solo sirvió para que la Corte Suprema de Justicia investigara a más de 10 congresistas que habrían recibido dádivas del gobierno, a cambio de sus votos a favor de reformas y proyectos del Ejecutivo, sino que también le permitió a la propia Fiscalía procesar a dos altos exfuncionarios de la Casa de Nariño. En primer lugar, a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), hoy prófugo de la justicia en Nicaragua.
Y en segundo lugar, a dos exministros: Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Pese a su colaboración y aceptación de cargos, la justicia lo quiere en juicio. Para penalistas consultados por este diario, todo el problema radicó en que López debía aceptar los cargos cuando fue imputado por primera vez. Sin embargo, el problema es más complicado, pues en ese momento él no podía hacer esa declaración porque, precisamente, estaba negociando con la Fiscalía. Para la jueza del caso, como la aceptación de cargos no ocurrió en ese momento, su allanamiento no es válido. No obstante, esa interpretación del proceso trae serias dudas, principalmente porque las negociaciones con el ente investigador no siempre van al mismo ritmo que una investigación.
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El abogado José Luis Moreno Caballero, quien representa a López en el proceso que se adelanta en su contra, apeló la decisión de la jueza de mantener en firme el juicio y además dejó constancia de las preguntas que se abren con un caso como este. Agregó que la decisión “rompe la confianza en la administración de justicia” porque, al no garantizar los beneficios que por ley están previstos para quienes aceptan cargos, y no proteger las garantías de quienes aceptan hablar y colaborar con la justicia, sencillamente nadie lo haría. En esta misma vía se pronunció el abogado Pablo Bustos, que representa a las víctimas del caso. Durante su intervención, calificó el caso como un “embeleco judicial”.
El abogado representante de víctimas señaló que López da cuenta de su interés en esclarecer este entramado de corrupción desde el inicio, cuando fue vinculado al proceso y buscó negociar con la Fiscalía el preacuerdo que le negaron. Sobre los argumentos de la jueza, el abogado Bustos señaló que la propia acusación ya había un allanamiento a cargos y que, durante los casi dos años que el exdirector de la Ungrd lleva involucrado en este expediente, “ya hay una cantidad de verdad vertida en distintos escenarios judiciales” que dan cuenta de su interés de colaborar con la justicia. Muestra de ello, no solo los intentos fallidos por llegar a un preacuerdo, sino también el principio de oportunidad que le avalaron en agosto de 2025 por tres delitos.
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Consultado por este diario, el abogado Juan David Bazzani coincidió en las dudas que deja la decisión de no avalar la aceptación de cargos de López. El penalista explicó que la confianza en la negociación penal cada vez está más deteriorada. “En Colombia falta mucha más lealtad y claridad en las reglas por parte de la administración de justicia. Hay muchísimos casos en los que las personas, confiando, se acercan a negociar y al final la administración de justicia termina con decisiones cuestionables, in aplicando la ley o utilizando los mecanismos de negociación en contravía de los intereses de quien intenta negociar”, dijo el jurista. Con este nuevo revés a López, ahora el caso pasa al Tribunal Superior de Bogotá, que definirá su futuro judicial.
Esa instancia tendrá que revisar la apelación del abogado Moreno y la posición de todas las partes del proceso y podría tomar dos caminos. El primero, mantener la decisión de la jueza penal y no admitir la confesión de Olmedo. El segundo, tumbar esa decisión y avalar lo que ha dicho el exdirector de la Ungrd. La decisión será clave para el expediente, pues en caso de que el Tribunal falle en contra de los intereses del exfuncionario, la información que ha entregado para develar este caso de corrupción no podrá ser tenida en cuenta en ningún proceso judicial. Un revés, no solo para Olmedo de Jesús López Martínez, sino para las investigaciones del entramado de corrupción más grave del cuatrienio de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.
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