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Las investigaciones por los hechos de violencia en Tierralta (Córdoba), en la que al parecer militares habrían amenazado a la población civil, tiene divididos al ministro de Defensa Iván Velásquez y al fiscal general Francisco Barbosa. El alto funcionario y el jefe del ente investigador se han enviado pulas a través de cartas, declaraciones y trinos, en los que hablan sobre quién debería llevar las averiguaciones de los hechos.
El ministro de Defensa le respondió al fiscal Francisco Barbosa, quien abrió el debate sobre qué entidad sería la encargada de investigar las intimidaciones que recibieron los habitantes de Tierralta. A través de su cuenta de X (antiguo Twitter), el jefe de la cartera ministerial señaló que jamás se opondrían a que la Fiscalía investigara estos hechos y que, por el contrario, en el pasado ha pedido que la Fiscalía vaya a fondo en sus pesquisas.
Si el deber de la Fiscalía General de la Nación es investigar, por qué se disgusta su titular cuando se pide justamente que la entidad cumpla su deber?
— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 14, 2023
Esto dije el 7 de junio pasado en el debate de control político que adelantó la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes https://t.co/otwNphnJ9T
En contexto: Suspenden a 10 militares por caso de violencia en Tierralta (Córdoba)
El ministro Velásquez respondía a las recientes declaraciones del fiscal Barbosa, quien ha dicho que: “Es increíble que pueda llegar una comisión de la Inspección General del Ejército y no pueda haber llegado la Fiscalía a un hecho de violación de derechos humanos contra la población civil, que corresponde en lo penal a la Fiscalía”. Asimismo, Barbosa explicó que, si en algún momento la Justicia Penal Militar solicita conocer en exclusiva el caso, el ente investigador pedirá que se dirima la competencia.
También, Barbosa reveló que la Procuraduría tomó por poder preferente el caso, que fue conocido esta semana a través de videos de redes sociales, en los que se ve a militares apuntando armas cortas y largas a la población de Santa Isabel del Manso. Allí, como lo ha denunciado la comunidad, hubo hurtos de ropa, dinero y elementos de aseo por parte de los militares. Incluso, la Defensoría del Pueblo señaló a militares del Ejército por presuntos actos sexuales con una de las mujeres de la región.
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“Esos hechos generan una preocupación mayúscula porque hay un freno, no hay unas garantías para esas investigaciones en Colombia y por eso le vamos a solicitar el día de hoy al presidente (Gustavo Petro), con la señora Procuradora (Margarita Cabello), una comunicación para que garantice que podamos llegar a esa zona”, explicó Barbosa a Caracol Radio. El Espectador confirmó que hacia el mediodía de este 14 de septiembre la comisión integrada por Fiscalía y Procuraduría estará en terreno, luego de despejar con fuerza pública la zona y unos impasses por temas meteorológicos.
En la discusión también apareció la Justicia Penal Militar. “Sin perjuicio de que en curso de la investigación pudiera verificarse que los hechos son ajenos al ámbito funcional de la fuerza pública, se ponga en duda la competencia de la jurisdicción castrense y, conforme lo dispone la ley, haya que remitirse la actuación a la jurisdicción ordinaria. Su actuación obedece al ejercicio legítimo de la acción penal por parte de la jurisdicción especializada, por cuanto, prima facie, los hechos pudieron ser cometidos por miembros de la Fuerza Pública y en relación con el mismo servicio. Lo que también a primera vista permite verificar que no se trataría de una “intromisión” arbitraria en las competencias de la jurisdicción ordinaria”, aclaró esa justicia.
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