El rompecabezas del despojo

Antes de que la guerra cambiara su destino, Córdoba era una zona privilegiada de Colombia. Cruzada por los ríos Sinú y San Jorge, en medio de una exuberante riqueza hídrica de múltiples ciénagas y humedales, su territorio de sabanas y ramificaciones montañosas de la cordillera Occidental era un emporio de biodiversidad. Sin embargo, por estar situada entre Antioquia y la costa Caribe, era también una región con alto valor estratégico y, cuando su economía primaria perdió su vocación, entró en la ruta del conflicto.

Esta transformación social está resumida en una sentencia histórica. La que profirió hace pocos días la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que además de esclarecer por qué Córdoba se volvió eje de la expansión paramilitar en Colombia, dio una orden judicial inédita: exhortar al Estado a identificar y adoptar mecanismos de rendición de cuentas de los empresarios, comerciantes y personas de los sectores público y privado que promovieron o patrocinaron esta expresión criminal.

Un esfuerzo por la verdad con un contexto específico: todo empezó cuando el uso de la tierra en la zona se transformó drásticamente y la ganadería forzó la tala de bosques o la introducción de pastos artificiales y alambres de púas. Impulsada por empresarios antioqueños y cordobeses, esta dinámica rompió la coexistencia pacífica entre terratenientes, campesinos e indígenas, poco a poco fue ampliando la frontera agrícola y finalmente precipitó enconadas luchas por la concentración de la tierra.

Se hizo evidente una estructura desigual en su tenencia, se redujo la producción y comercio de productos como la yuca, el arroz o el maíz, y la ganadería extensiva empezó a mandar. Con el tiempo, en el marco de la violencia bipartidista de los años 40 y 50, se dieron dos complejas situaciones: confrontación entre guerrillas liberales y grupos conservadores y expulsión de amplias capas del campesinado cordobés hacia el Urabá antioqueño. En la década de los años 60 el asunto ya era crítico.

Entonces Córdoba —elevado a la categoría de departamento en 1952— se volvió enclave de los dilemas políticos de la época. A instancias de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970), junto a Sucre se convirtió en epicentro del más importante movimiento social de la segunda mitad del siglo XX, la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc), pero también fue de las primeras regiones en las que se aplicaron normas expedidas bajo inspiración de la doctrina de seguridad nacional.

A través del decreto 3398 de 1965, el Ministerio de Defensa estaba habilitado para entregar armas a civiles que ayudaran a preservar el orden público y en Córdoba aparecieron las Juntas de Defensa Civil para enfrentar “el envalentonamiento de los campesinos”. El panorama se agravó en 1967 cuando apareció el Ejército Popular de Liberación (Epl) y escogió esa zona para su expansión. Luego, en los años 70, llegaron las Farc. A la pelea por la tierra, la guerrilla sumó el homicidio, la extorsión, el robo, el abigeato y el secuestro.

Una década después, la región ya era un territorio de guerra. A la defensa de la propiedad, con formas de justicia privada o estrategias de seguridad nacional terminó agregándose el narcotráfico, que tuvo en Córdoba una de sus principales zonas de propagación. Se dio una confluencia de intereses como expresión contrainsurgente y, en medio de la tradición de defensa civil armada para proteger hacendados y terratenientes, surgió el narcoparamilitarismo de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño.

Aunque en 1989 la Corte Suprema de Justicia echó abajo las normas que desde los años 60 permitían a las Fuerzas Armadas compartir el monopolio de las armas con civiles, ya la casa Castaño había convertido la región en ríos de sangre. A finales del gobierno Gaviria, a través del decreto ley 356 de 1994, se creación las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, y las Convivir, como fueron llamadas, se convirtieron en nueva mampara para que el paramilitarismo consolidara su hegemonía militar en la zona.

La investigación de 646 páginas del Tribunal de Medellín, con ponencia del magistrado Rubén Darío Pinilla, detalla la acogida que tuvieron las Convivir en Córdoba. La mayoría de licencias fueron expedidas por el exgobernador Carlos Miguel Buelvas o su secretario de Gobierno, Benito Osorio, hoy procesado por concierto para delinquir, lavado de activos, desplazamiento forzado y apropiación de bienes, en conexión con el paramilitarismo. A finales de los años 90 ya había 17, dos de ellas lideradas por Salvatore Mancuso.

Recogiendo la confesión de Fredy Rendón, alias el Alemán, la sentencia detalla como las convivir Horizonte y Guaimaral eran de Mancuso. La llamada Abibe pertenecía a Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. La Nuevo Amanecer era de Rodrigo Peluffo, alias Cadena, y Francisco Piedrahíta. La Arrayanes, de alias Juancho Prada. La Devayan, de alias Julián Bolívar. El control paramilitar era absoluto y además del apoyo de terratenientes, ganaderos o comerciantes, pronto se sumaron los dirigentes políticos.

La providencia detalla la forma como se transformaron las casas políticas tradicionales, de qué manera algunos de sus dirigentes históricos cayeron en el escándalo del proceso 8.000 por nexos con el narcotráfico, y cómo después se dio el relevo familiar por otros que terminaron envueltos en la redada de la parapolítica. Literalmente el paramilitarismo capturó el Estado local, fijó reglas sobre la contratación pública o concertó pactos para controlar la representación en Congreso, asambleas y concejos municipales.

Pero no sólo extendió sus redes a la política, también penetró la administración de justicia, los organismos de inteligencia, el sistema carcelario, las Fuerzas Armadas o la Universidad de Córdoba. El fallo detalla uno a uno los episodios de corrupción o violencia para ejercer ese poder. Hasta el periodismo que, según la decisión judicial, al menos desde el diario El Meridiano, promovió una estrategia de ocultamiento ante la grave crisis humanitaria que vivió el departamento por la acción de los grupos de autodefensa.

La sentencia condena a unos cuantos desmovilizados del paramilitarismo cuyos nombres poco o nada dicen; ordena reconocer como víctimas a una interminable lista de personas o grupos familiares violentados; exhorta a diversas entidades públicas y privadas a repararlos; y declara textualmente que el Estado, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería, entre otras instancias oficiales, son responsables por acción y omisión de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas con total impunidad.

El documento termina con la compulsa de copias para que se investigue a una decena de personajes entre empresarios, miembros de la Fuerza Pública, fiscales, jueces o periodistas. No se incluyó la sugerencia de uno de los desmovilizados, en el sentido de que fueran indagados todos los notarios de Córdoba desde 1985 a la fecha. De cualquier manera, la decisión del Tribunal de Medellín aporta las piezas claves para armar el rompecabezas del despojo en el privilegiado y también victimizado departamento de Córdoba.

El ponente de la sentencia

El magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla, es el mismo funcionario judicial que en 2013 pidió que el ex presidente Álvaro Uribe fuera investigado por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Abogado de la Universidad de Antioquia y funcionario judicial desde los 22 años, el magistrado Pinilla se ha distinguido por sus investigaciones sobre la incidencia de la ilegalidad en Colombia.

En su libro ‘El Estado ilegal’, el magistrado Pinilla detalla cómo a través de decretos de Estado de Sitio u otras fórmulas jurídicas, las autoridades le han dado un manejo equivocado a los temas de guerra y paz. Ahora, en su condición de integrante de la Sala de Justicia y Paz, ha dictado sentencia respecto a importantes capítulos de la violencia colombiana de los últimos tiempos.

En esta ocasión lo acompañaron la magistrada María Consuelo Rincón y el magistrado Juan Guillermo Cárdenas con salvamento parcial de voto.

Enclaves de un estado capturado

En la providencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín se mencionan varios personajes que resultaron fundamentales para la expansión del paramilitarismo en Córdoba.

Por ejemplo, el ex congresista liberal, Miguel Alfonso De La Espriella, condenado por el delito de concierto para delinquir. O los ex congresistas Juan Manuel López, Mario Salvador Náder, también condenados por la justicia.

La decisión ordena investigar a cinco ex fiscales, entre ellos a Luis Javier Cepeda Visbal. Lo mismo que a la sargento Luz Mary Soto, adscrita a la Policía de Montería. De igual manera a los particulares Pedro Pablo Beltrán, Casimiro Torres Medrano, William Sayeg, Pedro Ghisays, Manuel Troncos, Carmelo Cogollo, Pablo Enrique Triana, Rubén Darío Obando, Luis Eduardo Barreto y Regis Amadeo Martínez.

Antes de que la guerra cambiara su destino, Córdoba era una zona privilegiada de Colombia. Cruzada por los ríos Sinú y San Jorge, en medio de una exuberante riqueza hídrica de múltiples ciénagas y humedales, su territorio de sabanas y ramificaciones montañosas de la cordillera Occidental era un emporio de biodiversidad. Sin embargo, por estar situada entre Antioquia y la costa Caribe, era también una región con alto valor estratégico y, cuando su economía primaria perdió su vocación, entró en la ruta del conflicto.

Esta transformación social está resumida en una sentencia histórica. La que profirió hace pocos días la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que además de esclarecer por qué Córdoba se volvió eje de la expansión paramilitar en Colombia, dio una orden judicial inédita: exhortar al Estado a identificar y adoptar mecanismos de rendición de cuentas de los empresarios, comerciantes y personas de los sectores público y privado que promovieron o patrocinaron esta expresión criminal.

Un esfuerzo por la verdad con un contexto específico: todo empezó cuando el uso de la tierra en la zona se transformó drásticamente y la ganadería forzó la tala de bosques o la introducción de pastos artificiales y alambres de púas. Impulsada por empresarios antioqueños y cordobeses, esta dinámica rompió la coexistencia pacífica entre terratenientes, campesinos e indígenas, poco a poco fue ampliando la frontera agrícola y finalmente precipitó enconadas luchas por la concentración de la tierra.

Se hizo evidente una estructura desigual en su tenencia, se redujo la producción y comercio de productos como la yuca, el arroz o el maíz, y la ganadería extensiva empezó a mandar. Con el tiempo, en el marco de la violencia bipartidista de los años 40 y 50, se dieron dos complejas situaciones: confrontación entre guerrillas liberales y grupos conservadores y expulsión de amplias capas del campesinado cordobés hacia el Urabá antioqueño. En la década de los años 60 el asunto ya era crítico.

Entonces Córdoba —elevado a la categoría de departamento en 1952— se volvió enclave de los dilemas políticos de la época. A instancias de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970), junto a Sucre se convirtió en epicentro del más importante movimiento social de la segunda mitad del siglo XX, la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc), pero también fue de las primeras regiones en las que se aplicaron normas expedidas bajo inspiración de la doctrina de seguridad nacional.

A través del decreto 3398 de 1965, el Ministerio de Defensa estaba habilitado para entregar armas a civiles que ayudaran a preservar el orden público y en Córdoba aparecieron las Juntas de Defensa Civil para enfrentar “el envalentonamiento de los campesinos”. El panorama se agravó en 1967 cuando apareció el Ejército Popular de Liberación (Epl) y escogió esa zona para su expansión. Luego, en los años 70, llegaron las Farc. A la pelea por la tierra, la guerrilla sumó el homicidio, la extorsión, el robo, el abigeato y el secuestro.

Una década después, la región ya era un territorio de guerra. A la defensa de la propiedad, con formas de justicia privada o estrategias de seguridad nacional terminó agregándose el narcotráfico, que tuvo en Córdoba una de sus principales zonas de propagación. Se dio una confluencia de intereses como expresión contrainsurgente y, en medio de la tradición de defensa civil armada para proteger hacendados y terratenientes, surgió el narcoparamilitarismo de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño.

Aunque en 1989 la Corte Suprema de Justicia echó abajo las normas que desde los años 60 permitían a las Fuerzas Armadas compartir el monopolio de las armas con civiles, ya la casa Castaño había convertido la región en ríos de sangre. A finales del gobierno Gaviria, a través del decreto ley 356 de 1994, se creación las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, y las Convivir, como fueron llamadas, se convirtieron en nueva mampara para que el paramilitarismo consolidara su hegemonía militar en la zona.

La investigación de 646 páginas del Tribunal de Medellín, con ponencia del magistrado Rubén Darío Pinilla, detalla la acogida que tuvieron las Convivir en Córdoba. La mayoría de licencias fueron expedidas por el exgobernador Carlos Miguel Buelvas o su secretario de Gobierno, Benito Osorio, hoy procesado por concierto para delinquir, lavado de activos, desplazamiento forzado y apropiación de bienes, en conexión con el paramilitarismo. A finales de los años 90 ya había 17, dos de ellas lideradas por Salvatore Mancuso.

Recogiendo la confesión de Fredy Rendón, alias el Alemán, la sentencia detalla como las convivir Horizonte y Guaimaral eran de Mancuso. La llamada Abibe pertenecía a Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. La Nuevo Amanecer era de Rodrigo Peluffo, alias Cadena, y Francisco Piedrahíta. La Arrayanes, de alias Juancho Prada. La Devayan, de alias Julián Bolívar. El control paramilitar era absoluto y además del apoyo de terratenientes, ganaderos o comerciantes, pronto se sumaron los dirigentes políticos.

La providencia detalla la forma como se transformaron las casas políticas tradicionales, de qué manera algunos de sus dirigentes históricos cayeron en el escándalo del proceso 8.000 por nexos con el narcotráfico, y cómo después se dio el relevo familiar por otros que terminaron envueltos en la redada de la parapolítica. Literalmente el paramilitarismo capturó el Estado local, fijó reglas sobre la contratación pública o concertó pactos para controlar la representación en Congreso, asambleas y concejos municipales.

Pero no sólo extendió sus redes a la política, también penetró la administración de justicia, los organismos de inteligencia, el sistema carcelario, las Fuerzas Armadas o la Universidad de Córdoba. El fallo detalla uno a uno los episodios de corrupción o violencia para ejercer ese poder. Hasta el periodismo que, según la decisión judicial, al menos desde el diario El Meridiano, promovió una estrategia de ocultamiento ante la grave crisis humanitaria que vivió el departamento por la acción de los grupos de autodefensa.

La sentencia condena a unos cuantos desmovilizados del paramilitarismo cuyos nombres poco o nada dicen; ordena reconocer como víctimas a una interminable lista de personas o grupos familiares violentados; exhorta a diversas entidades públicas y privadas a repararlos; y declara textualmente que el Estado, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería, entre otras instancias oficiales, son responsables por acción y omisión de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas con total impunidad.

El documento termina con la compulsa de copias para que se investigue a una decena de personajes entre empresarios, miembros de la Fuerza Pública, fiscales, jueces o periodistas. No se incluyó la sugerencia de uno de los desmovilizados, en el sentido de que fueran indagados todos los notarios de Córdoba desde 1985 a la fecha. De cualquier manera, la decisión del Tribunal de Medellín aporta las piezas claves para armar el rompecabezas del despojo en el privilegiado y también victimizado departamento de Córdoba.

El ponente de la sentencia

El magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla, es el mismo funcionario judicial que en 2013 pidió que el ex presidente Álvaro Uribe fuera investigado por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Abogado de la Universidad de Antioquia y funcionario judicial desde los 22 años, el magistrado Pinilla se ha distinguido por sus investigaciones sobre la incidencia de la ilegalidad en Colombia.

En su libro ‘El Estado ilegal’, el magistrado Pinilla detalla cómo a través de decretos de Estado de Sitio u otras fórmulas jurídicas, las autoridades le han dado un manejo equivocado a los temas de guerra y paz. Ahora, en su condición de integrante de la Sala de Justicia y Paz, ha dictado sentencia respecto a importantes capítulos de la violencia colombiana de los últimos tiempos.

En esta ocasión lo acompañaron la magistrada María Consuelo Rincón y el magistrado Juan Guillermo Cárdenas con salvamento parcial de voto.

Enclaves de un estado capturado

En la providencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín se mencionan varios personajes que resultaron fundamentales para la expansión del paramilitarismo en Córdoba.

Por ejemplo, el ex congresista liberal, Miguel Alfonso De La Espriella, condenado por el delito de concierto para delinquir. O los ex congresistas Juan Manuel López, Mario Salvador Náder, también condenados por la justicia.

La decisión ordena investigar a cinco ex fiscales, entre ellos a Luis Javier Cepeda Visbal. Lo mismo que a la sargento Luz Mary Soto, adscrita a la Policía de Montería. De igual manera a los particulares Pedro Pablo Beltrán, Casimiro Torres Medrano, William Sayeg, Pedro Ghisays, Manuel Troncos, Carmelo Cogollo, Pablo Enrique Triana, Rubén Darío Obando, Luis Eduardo Barreto y Regis Amadeo Martínez.