El ejemplo del camino a seguir de Colombia lo dio en primer lugar Jorge Correa, magistrado del Tribunal Constitucional de Chile, que le contó al país la trayectoria de 20 años de justicia transicional: después de terminada la dictadura, ha sido un lento proceso de reparación a las víctimas y judicialización de quienes abusaron, en su debido momento, del poder.
Correa fue enfático en destacar que para garantizar un fin definitivo del conflicto, se hace necesario afianzar los programas de desmovilización, con ella "la no-repetición" es más probable.
Con respecto a la polémica vivida en los últimos días entre el Ejecutivo y las altas cortes, el representante chileno indicó que de igual manera su país vivió muchas "fricciones" en el proceso de empalme, que todavía no acaba: en proceso hay 245 juicios, para encontrar justicia para cerca de 3000 víctimas; "los horrores del pasado no se olvidan nunca, pero al menos se puede intentar procesarlos".
La diferencia tangencial entre uno y otro proceso, es que la justicia colombiana se ha visto abocada a un proceso de justicia y reparación cuando todavía el conflicto no ha terminado, contrario a lo ocurrido en Chile.
Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra, hizo una aclaración sobre los conceptos que embarcan la ley de verdad, justicia y reparación que actualmente se aplica en el país para juzgar y 'reparar' a las víctimas y victimarios del paramilitarismo.
"El derecho a la verdad tiene doble connotación. Es colectivo e individual: derecho a conocer la historia, a conocer la verdad sobre lo ocurrido. Las circunstancias que llevaron a la violación masiva del derecho internacional humanitario.
Se deben tomar medidas cautelares para evitar la alteración de los archivos que contienen esas investigaciones. Las familias tienen derecho a saber qué suerte corrió la víctima", aclaró el magistrado.
La justicia, fue definida por Sierra como el espacio a través del cual se "hacen valer sus derechos - los de las víctimas- mediante acciones"; la reparación, por su parte, es la parte dedicada a las víctimas per se, implica "indemnización y rehabilitación. Asegurar las garantías de no repetición", hacer que la víctima vuelva a las circunstancias en que vivía antes de que se cometiera la violación, ofrecerle las posibilidades de rehabilitación que necesita a nivel psicológico.
“Se suele creer el silencio es un presupuesto para alcanzar la reconciliación, cuando la verdad es todo lo contrario, la construcción integral de la verdad”, indicó el presidente de la Corte Constitucional.
Por El Espectador
