:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/I-nfR9VkRS0VDdFPCTCvvn1AWD4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/D3Y5VFZHMZHIZE6JYALQOGIX5M.jpg)
La justicia ha sancionado a Carbones del Cerrejón Limited al menos en 17 ocasiones por las afectaciones que la explotación de carbón a cielo abierto ha traído a los indígenas wayuu que habitan en las inmediaciones de la mina en La Guajira. La última decisión que se conoce la falló la Corte Constitucional el 16 de diciembre pasado, cuando ordenó a la compañía y las autoridades tomar “medidas transitorias urgentes para reducir el riesgo que las operaciones de la empresa representan para la comunidad indígena” de Provincial, en el municipio de Barrancas. A más de un mes del fallo, con el que los demandantes no están enteramente de acuerdo, nada ha cambiado.
Vea: Ordenan al Cerrejón proteger a los wayuus y al medio ambiente
La petición que se hacía en la demanda a Cerrejón, los ministerios de Ambiente y de Salud, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corporguajira) era simple: cerrar el Tajo Patilla, una de las canteras en las que la compañía explota carbón, que está a escasos 500 metros de la comunidad. Aunque la Corte reconoció en el fallo —una vez más— que la actividad minera afectaba directamente la salud de los indígenas y el medio ambiente, no dio la orden que se pedía en la tutela, sino que terminó dando 12 órdenes nuevas que eran “urgentes”, según se asegura en la sentencia.
La Corte aseguró que, antes de construir el Tajo Patilla, la empresa debió “haber identificado adecuadamente y a profundidad los posibles impactos que los tajos y botaderos cercanos podían ocasionar a los habitantes del resguardo Provincial”. Pero, en lugar de ordenar su cierre, ordenó a Cerrejón controlar los niveles de material particulado que emite su actividad y que contamina el aire; limpiar de las casas de la comunidad el polvillo de carbón, residuo propio de la minería; disminuir los niveles de ruido que produce el tajo; impedir la contaminación de fuentes hídricas, e incrementar sus esfuerzos en prevención de incendios, entre otras medidas.
Le podría interesar: Reclamo wayuu ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A más de un mes de que se impartieran todas estas órdenes, El Espectador consultó con las mujeres que interpusieron la tutela, Mary Luz Uriana y Yasmina Uriana, dos de los cerca de 700 habitantes de la comunidad, sobre los efectos que esta decisión judicial han tenido en sus vidas. “Nada ha cambiado”, aseguran. Lo mismo dice cada persona de la comunidad consultada sobre el tema. A pesar de que han pasado más de siete semanas de que se conociera el fallo, ni siquiera han sido formalmente notificadas y tampoco lo han sido las instituciones a las que la Corte les dio órdenes “urgentes”, lo que impide que puedan acatar las medidas.
La situación en esta comunidad del municipio de Barrancas, tan cercana a la mina, sigue igual a la que vivían antes de presentar la tutela. “A medianoche uno toca cualquier cosa con la mano y sale polvillo blanco”, “se mueven todas las paredes, el piso, se rajan las casas por la vibración de la tierra”, “no conocemos el agua potable”, son algunas de las cosas que autoridades tradicionales del resguardo le describieron a este diario. Pero, más allá de las afectaciones, con las que ya vivían, reprochan que la Corte no les haya dado la solución concreta que buscaban y en su lugar haya creado más trámites para solucionar sus problemas.
Yasmina Uriana, una de las demandantes, califica el fallo como “favorable para la comunidad” porque, dice, “la Corte dijo que sí había afectaciones en el resguardo al medio ambiente, a la salud y, en general, al territorio”, pero a renglón seguido reprocha: “La tutela la presentamos buscando el cierre del tajo Patilla, que era el que producía una mayor afectación a nuestra comunidad y al aire. Se falló a favor de nosotros, pero no se hizo lo que en realidad queríamos, no se cumplió con el principal anhelo de la comunidad”. Aunque ya conocen el fallo por medios de comunicación y por la página web de la Corte, siguen esperando la notificación.
Rosa Mateus, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar) que ha asesorado a las demandantes, dice que la sentencia dejó un sinsabor. Según Mateus, “la comunidad siente que, por supuesto, es un paso gigante que dieron porque la empresa nunca ha reconocido estas afectaciones, pero no ordenaron lo que buscaba. Aunque es una más, porque sobre Cerrejón hay 17 sentencias similares, puntualmente de Provincial, que es uno de los casos más aberrantes de La Guajira, no había un pronunciamiento de la justicia”. Además señala que el no haber sido notificadas las tiene de manos atadas para, por ejemplo, pedir una aclaración de la sentencia o una nulidad.
Cerrejón, por su parte, le aseguró a El Espectador que no ha recibido una notificación formal y, en ese sentido, no puede acatar las órdenes de la sentencia. La compañía, consultada por este diario sobre algunos aspectos del fallo, ratificó un comunicado del pasado 13 de enero en el que asegura: “La empresa acata la ley y cumple las decisiones judiciales. En relación con el fallo de la Corte Constitucional en mención, Cerrejón está a la espera de recibir la notificación del mismo con el fin de conocer su contenido y desarrollar las acciones o medidas que correspondan, así como aclarar cualquier inquietud que este fallo contenga en relación con la gestión de la operación”.
El pronunciamiento continúa diciendo que “Cerrejón mantiene un relacionamiento respetuoso y constructivo con las comunidades del Resguardo de Provincial y avanza en el cumplimiento de los compromisos acordados con ellas” y ratifica “su disposición de continuar manteniendo diálogos informados, constructivos y respetuosos con las comunidades vecinas a la operación”. No obstante, varios habitantes de la comunidad le dijeron a este diario que no existe tal diálogo y aseguran que no se sienten escuchados por la compañía. Denuncian que ninguna de las entidades vinculadas en la sentencia ha visitado siquiera el lugar.
Una joven lideresa le dijo a este diario: “La respuesta de las entidades ante este fallo tendría que haber sido inmediata, pero simplemente no ha habido. La sentencia ya va para dos meses y todavía nadie se ha acercado a mirar cómo está la situación, ni a brindarnos un acompañamiento. Nada”. Consultado por este diario, el Ministerio de Salud confirmó que no ha emprendido las acciones urgentes ordenadas por la Corte Constitucional en la sentencia porque, como las demás partes en el proceso, no ha sido notificado. No obstante, el Ministerio de Ambiente ya recibió la comunicación y estudia qué acciones tomar.