El caso, que compromete $3.500 millones de dinero público, está ahora en la Justicia Penal Militar.
Foto: El Espectador - José Vargas
Tras cumplir una década, la Ley Antitrámites de 2012 tuvo un desenlace kafkiano. Esa norma, que eliminaba trámites innecesarios y parroquiales de todas las entidades, le ordenó al Ejército tener un servicio en línea que hiciera más sencillo para los colombianos definir su situación militar. La entidad cumplió la orden, no sin polémica: la contratación de ese software terminó en un millonario proceso de corrupción que tiene en juicio a tres oficiales. Ahora, el juez del caso decidió enviar el proceso a la Justicia Penal Militar, tras concluir...
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