Cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC en 2016, se hizo el compromiso de sustituir los cultivos ilícitos en el país. Para ello, el punto cuatro del Acuerdo daba paso al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que prometía mejorar la calidad de vida de los campesinos que vivían de plantaciones de marihuana, amapola y hoja de coca, entre otros. Ante las promesas, en 2018, la comunidad de río Mejicano de Tumaco (Nariño), se sumó al programa. Pero ahora, denuncian incumplimientos por parte del Estado.
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La Corte Constitucional está próxima a revisar una tutela presentada por la comunidad en la que denuncian que desde la época en la que se inscribieron al PNIS y hasta la fecha, nadie les ha cumplido con lo acordado y que el Estado estaría vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital de las 1.651 familias del Consejo Comunitario río Mejicano. Según el documento, que ahora reposa en el alto tribunal, el Estado no tuvo en cuenta las condiciones de la zona para poder materializar los acuerdos.
Nariño es uno de los departamentos de Colombia que mayor cantidad de cultivos ilícitos tiene y también el de mayor inscritos en el PNIS. Según el informe de monitoreo más reciente (2021) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en el Pacífico (Nariño, Cauca, Valle y Chocó) se alcanzaron las 89.266 hectáreas de coca, lo que, según el mismo documento, es 76 % más que lo registrado en 2020. Igualmente, de acuerdo con la demanda que está en la Corte, en el departamento hay 17.211 hogares que buscan beneficiarse con el PNIS, principalmente en Tumaco, con más de 14.000 familias inscritas, lo que representa el 14,2 % del total de inscritos en Colombia.
Ante este panorama, el Consejo Comunitario río Mejicano, que presentó la demanda en el alto tribunal, señala que hay una grave afectación por el incumplimiento e irregularidades en los acuerdos al que se había llegado. Por ejemplo, señala que en el proceso de inscripción de las familias al PNIS, “las jornadas debían llevarse a cabo en lugares a más de una hora en lancha desde sus hogares, sin tener en cuenta las dificultades de desplazamiento que conllevaba. Esto ocasionó la exclusión de al menos 400 hogares que no lograron trasladarse”.
Asimismo, los demandantes señalan que por la falta de pedagogía por parte del Estado, se cometieron errores en el diligenciamiento de los formularios de inscripción al Programa, y eso provocó que varias familias quedaran excluidas. Por la misma línea, la demanda señala que hubo un programa de conservación ambiental que terminó en 2011 y, que algunas familias que participaron de él, fueron excluidas o retiradas del PNIS. Según la tutela, esto no estaba estipulado como condición para entrar al Programa y “la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) no justificó estas decisiones y, por el contrario, ni las notificaciones han sido efectivas ni se ha garantizado el debido proceso para controvertir los hechos”.
Lo que más ha afectado a algunas de las familias que firmaron los acuerdos para ingresar al PNIS, es que desde 2018 no se han efectuado todos los pagos que había prometido el DSCI dentro del Plan de Atención Inmediata (PAI), que prometía darle $12 millones a cada familia inscrita. Casi 300 hogares, dice la demanda, aún no han recibido la totalidad de los pagos correspondientes al Plan, un asunto que debió saldarse a más tardar en el segundo semestre de 2019.
Por esta lista de incumplimientos e irregularidades, el Consejo Comunitario río Mejicano le está pidiendo a la Corte Constitucional que le ordene al Gobierno hacer nuevas jornadas para la inscripción al PNIS, pero teniendo en cuenta las condiciones de las zonas, para que sea posible el acceso de los ciudadanos. Por otra parte, piden que se cumpla cuanto antes con los pagos pendientes del PAI, y que se reintegren a las familias suspendidas y retiradas del programa por normas que no habían sido estipuladas al momento de los acuerdos.
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