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El terror de Tolima

Raúl Agudelo Medina fue el primer guerrillero al que la Fiscalía le imputó cargos parciales por sus confesiones ante un fiscal de Justicia y Paz. Si bien Agudelo podría ser acusado de más crímenes —en caso de que la Fiscalía así lo considerara conveniente—, hasta la fecha el órgano investigador tiene documentados 17 casos de los que responsabiliza a este ex subversivo.

El Espectador

31 de enero de 2009 - 05:00 p. m.
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La Fiscalía documentó esta información y lo acusó de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, secuestro extorsivo agravado, terrorismo, hurto agravado y calificado, así como fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Sobre él pesa, por ejemplo, la muerte de Jorge Vila Iriarte y su hijo, Jorge Vila Bernal. Cuando hombres a cargo de Agudelo trataron de secuestrar a los Vila en la vía que conduce de Alvarado a Venadillo, del intento surgió un enfrentamiento y Vila Bernal resultó muerto. Los guerrilleros se llevaron a su padre mal herido y le exigieron a su familia una gruesa suma de dinero por su rescate, pero él murió en cautiverio y su cuerpo fue arrojado a una fosa.

Agudelo, según determinó la Fiscalía, es el responsable de los asesinatos en Ibagué de tres coroneles retirados: Gabriel Sánchez Díaz, Hipólito Morillo Álvarez y Gustavo Alfonso Caldas; así como del homicidio de Héctor Julio Aponte en Ibagué, y del plagio de Alfonso López Ramírez en la vía Piedras–Alvarado, y de su posterior muerte.

Agudelo también es señalado de 10 plagios extorsivos: Mónica Acosta y Jacinto Torres, en Ibagué; Jorge Ortiz, en Natagaima; Álvaro Botero, en Saldaña; los ingenieros de la empresa Gran Geo Physical Jairo Acosta y Everardo Castro, en Ortega; Stella Galindo y Luis Ramos, en El Espinal; y Fabio Botero y su hija menor, en Calarcá (Quindío).

Asimismo, Agudelo es señalado de terrorismo por un ataque contra las instalaciones de la empresa Hocol S. A. El fiscal del caso le solicitó al magistrado de Justicia y Paz que, por estos delitos, se impusiera medida de aseguramiento contra el desmovilizado.

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