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Más de 120 piezas arqueológicas precolombinas del Tesoro Quimbaya podrían regresar al país después de más de 100 años. El Gobierno finalmente le solicitó de manera oficial a España la repatriación de estas obras de gran valor cultura para el país. Esto por medio de una carta que fue firmada por el ministro de las Culturas, Juan David Correa, y el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, el pasado 9 de mayo.
Sin embargo, desde el 2017 la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre el tema, exigiéndole al gobierno que solicitara el retorno de estas piezas. A pesar de ello, dos periodos presidenciales transcurrieron antes de que la petición fuera finalmente realizada por esta cartera ministerial del gobierno de Gustavo Petro. El Espectador le cuenta de qué se trató este capítulo judicial que buscaba el retorno de estos bienes de interés cultural colombiano.
Para empezar hay que tener en cuenta es que estas piezas se encuentran fuera del país desde 1893, cuando el entonces presidente, Carlos Holguín, se las regaló a la reina María Cristina de España, apenas 3 años después de su descubrimiento. Esto como muestra de agradecimiento por la ayuda que prestó la Corona Española en medio de una disputa con Venezuela. Sin embargo, en la carta enviada por los ministros, hace poco más de una semana, se afirma que este regalo se llevó a cabo “desconociendo el valor cultural” que tenían estas piezas para la nación.
Esta solicitud, como se dijo, fue planteada por la Corte Constitucional en una sentencia de 2017. En ella, luego de un extenso análisis de más de cinco años, la Sala Plena llegó a la conclusión de que el Tesoro Quimbaya debía volver a Colombia y que el presidente tenía que hacer todo lo que estuviera a su alcance para que estos bienes culturales, que nunca debieron salir del país, retornaran.
Sin embargo, la historia de este litigio se remonta 10 años antes del pronunciamiento del alto tribunal, cuando el ciudadano Felipe Rincón presentó una acción popular en la que afirmaba que el entonces presidente habría violado los derechos colectivos al patrimonio público cuando entrego de manera “irregular” esta colección.
En el documento, el ciudadano afirmaba que estas piezas hacían parte de la nacionalidad colombiana y eran una clara muestra de “la más alta calidad artística de la cultura y la orfebrería precolombinas”. Posteriormente, en primera instancia, un juez le dio la razón y ordenó iniciar con las acciones para que estas piezas consideradas “parte de nuestra identidad nacional” volvieran al país, pero esta decisión fue impugnada por el mismo Ministerio de cultura y un Tribunal hecho para atrás las órdenes.
Fue entonces que la petición llegó a manos del entonces magistrado Alberto Rojas, quien presentó a sus compañeros un proyecto de más de 234 páginas en las que argumentaba con más de 15 ejemplos internacionales la posibilidad de que estas piezas fueran repatriadas.
Uno de los ejemplos internacionales que entregó el magistrado tiene relación con uno de los sitios más emblemáticos de Perú, Machu Picchu. En ese caso, la Universidad de Yale, en Estados Unidos, tuvo que devolver material arqueológico que había extraídos del pueblo Inca a principios del siglo XX y sobre el que nunca presentó estudios, pese a que lo tuvo en su poder por más de 80 años.
El gobierno peruano precisó que esta solicitud iba más allá del valor estético de las piezas, si no que estaba relacionado con el simbolismo que tenía para la población y sobre todo al acceso a su propia información, el cual se les negó por casi un siglo. Aproximadamente 46.000 piezas y fragmentos arqueológicos incas comenzaron a retornar a su lugar de origen en 2005, luego de un acuerdo extrajudicial.
Así como este, el magistrado citó también el caso de las reliquias culturales chinas, que datarían de 2000 a.C, las cuales fueron devueltas por Dinamarca, luego de que estas fueran exportadas de manera ilegal. También se ha realizado la devolución de estatuas, bustos y pinturas desde Grecia y Estados Unidos a países como Albania, Argelia e Italia y se ha llevado a cabo toda una campaña para buscar bienes judíos que se perdieron o compraron forzosamente durante la Segunda Guerra Mundial. Ejemplos que fueron comparados con la situación del tesoro Quimbaya, el cual tiene el mismo valor histórico para el país.
Sin embargo, en 2017, cuando se conoció el fallo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese momento encabezado por María Ángela Holguín, argumentó que no existía un mecanismo para que Colombia unilateralmente obligara el Estado español a restituir las piezas. Las cuales curiosamente fueron entregadas por el expresidente Holguín, tío abuelo de la entonces canciller, a la vez que eran descritas como “una obra de arte y reliquia de una civilización muerta, de un valor inapreciable”.
La carta, con la que finalmente se espera que comience el retorno de estas piezas, fue enviada precisamente porque el país europeo adelanta una política de descolonización de sus museos. En ella también se argumenta que esta repatriación reivindicaría la soberanía cultural y el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos indígenas. El gobierno se encuentra ahora a la espera de una respuesta por parte del país europeo para saber si, por fin, luego de más de 6 años desde la sentencia de la Corte y 16 desde la primera solicitud, este tesoro precolombino regresará finalmente a Colombia.
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