El 'top' de los 'tumbados' por Interbolsa

Cada vez que se menciona el escándalo de Interbolsa, todo el mundo da por descontado que mucha plata se perdió. Pero cuando se detallan las cifras del hueco que dejó la comisionista en cada empresa que le confió su dinero, varias ‘perlas’ aparecen y los dramas se multiplican. El Espectador revisó el listado de casi 1.600 reclamantes de la liquidada firma de valores y se encontró con varias sorpresas: comunidades religiosas, universidades, fundaciones e institutos de salud, así como reconocidas empresas, resultaron afectadas.

El top 10 de los reclamantes lo encabeza la Alianza Fiduciaria S.A., una filial de la Organización Delima, creada en 1986, con sede en Bogotá y cuyo objeto social es el de administrar los bienes e inversiones de sus clientes. Tan solo esta compañía le reclama a Interbolsa más de $87 mil millones. En segundo lugar aparece el consorcio Hatovial, una empresa del grupo Odinsa, conocida por sus obras viales en el departamento de Antioquia. Esta organización se acreditó ante el liquidador para que Interbolsa le devuelva casi $29.700 millones.

Muy cerca figura la Universidad Santo Tomás, que tasó sus pérdidas por cuenta de la caída de la otrora todopoderosa comisionista en más de $19.690 millones. El listado de las 10 empresas que más perdieron dinero —o a las que, en el mejor de los casos, se les embolató por cuenta de este desastre financiero— continúa con la firma comisionista Asesores en Valores S.A., el Banco BBVA, la compañía OMYA Andina, la fiduciaria Fiducor, la empresa Mansarovar Energy, Seguros del Estado y el grupo Magnolio. Tan sólo la deuda de Interbolsa con estas 10 compañías asciende a más de $226.000 millones.

Eso sin contar las peticiones que los otros 1.590 inversionistas, entre personas naturales y jurídicas han instaurado ante el agente liquidador Pablo Muñoz. Una radiografía muy preocupante de los escenarios que tendrá que afrontar Muñoz cuando entre a repartir la torta de los dineros que alcance a recuperar. Por ahora está revisando balances, cruzando cuentas y exigiendo certificados que acrediten dichas deudas. No obstante, está claro que sobre el castillo de naipes de Interbolsa aún no está todo dicho y que las sorpresas se siguen dando.

Por ejemplo, entre las empresas conocidas que reclaman su dinero aparecen Avianca, Supertiendas y Droguerías Olímpica, Segurexpo de Colombia, Fenalco, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Carbones Colombianos del Cerrejón, Lechesán o Seguros del Estado. A esta última Interbolsa le debe ni más ni menos que unos $9.600 millones. En cambio, aunque su reclamación es de apenas $80 millones, llama la atención que en dicho listado aparezca el nombre de una prestigiosa compañía encuestadora: Datexco.

Un vocero de esta empresa le dijo a El Espectador que el dinero que hoy reclaman se le entregaba a Interbolsa para que manejara unos fondos de inversión a corto plazo con unos rendimientos. También explicó que era una forma de tener la caja produciendo, pero que dichos depósitos a Interbolsa no pasaban de un tiempo mayor a 30 días. Hoy la firma encuestadora, que a diario presta sus servicios al periódico El Tiempo y a la emisora W Radio, exige que la comisionista le pague los $80 millones que invirtió.

Otras ‘perlas’

Después de analizar todas las reclamaciones también figuran tres instituciones del Estado que por diversos motivos actualmente pretenden recuperar unos dineros. La primera es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que demanda que se le reintegren más de $4.179 millones. Consultado por este diario, su director Juan Ricardo Ortega manifestó: “Esa plata es de retenciones en la fuente de impuestos que le debe Interbolsa al Estado”. Y añadió irónico: “La DIAN no es tan estúpida como para invertir en Interbolsa”.

Asimismo, el Banco de la República aparece como reclamante al solicitar que se le reembolsen $112 millones. Dicha deuda, explicaron fuentes consultadas por este medio, se refiere a la comisión que le quedó debiendo Interbolsa por el uso del Sistema Electrónico de Negociación (SEN), en donde se negocian todas las operaciones de deuda pública y que es usado por todas las comisionistas. Por último, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) solicitó que se le devolvieran $65 millones. El director jurídico de la entidad, Jorge Eduardo Valderrama, le dijo a El Espectador que se trata de dineros parafiscales que no ha pagado la intervenida comisionista.

Si se discriminan las deudas por sectores, el panorama es aun más complejo. En educación la radiografía es, por decir lo menos, lamentable. Las universidades Santo Tomás, Central, Autónoma de Bucaramanga, Eafit, Pontificia Bolivariana, de Santander y la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud perdieron, sumadas todas sus reclamaciones, más de $41.000 millones. En su momento el rector de la Eafit, Juan Luis Mejía, no escondió su molestia ni su angustia por lo ocurrido con Interbolsa. “Estamos desconsolados; esperamos que los órganos de control nos digan qué pasó y por qué no alertaron a tiempo a los que invirtieron de buena fe estos recursos”.

Otras que no duermen y parecen en estado penitente desde que se conoció la quiebra de Interbolsa son seis comunidades religiosas. La que más puso dinero es la comunidad religiosa Hijas de Jesús, que invirtió $2.784 millones. Por su parte, las Hermanas Dominicas de la Presentación reclaman $2.779 millones y el Consejo Episcopal Latinoamericano una cifra que ronda los $1.178 millones. A este grupo se suman la comunidad misionera Recoletas, el Monasterio de Monjas Carmelitas Descalzas de Popayán y la congregación religiosa Terciarias de la Provincia de San José.

Al margen de los conglomerados empresariales que han sido suficientemente nombrados en desarrollo del descalabro de la comisionista por los repos de Fabricato, varias fundaciones, sociedades filantrópicas y de investigación en salud también llevaron del bulto. Por ejemplo, la fundación Alejandro Ángel Escobar —fundada en 1954 y que desde hace años premia a las mejores investigaciones científicas y de desarrollo social— figura en el listado acreditando que le deben $1.450 millones. En similar escenario está la Fundación Barraquer de América —que se dedica a la investigación médica—, pues demanda que se le restituyan $1.700 millones.

La Corporación Mundial de la Mujer de Medellín, la fundación Dar Amor, la fundación Plan o la fundación de Acción Santandereana, Prosantander, también exigen lo suyo. A propósito, sólo en Santander, Interbolsa captó más de $41.675 millones a través de distintas universidades, la Cámara de Comercio de Bucaramanga o la Caja Santandereana de Subsidio Familiar, según reporta el listado que hoy tiene el agente liquidador Pablo Muñoz. Y también figura en este sector la fundación Interbolsa.

Llama la atención que aparezcan como reclamantes de Interbolsa la Bolsa de Valores de Colombia y el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), quienes tenían la obligación de vigilar la compañía. Tan sólo el AMV acreditó que se le adeudan $52 millones y otro valor aún indeterminado. Y en ese contexto de negocios cruzados también aparecen socios de Interbolsa en la Bolsa Mercantil y en otras compañías. Por ejemplo, la firma Manrique y Manrique, dirigida por Alfonso Manrique Van Damme, socio de Alessandro Corridori —gestor de los repos de Fabricato—, asegura que le deben un valor aún indeterminado. En cambio, la empresa Tecfin, de Élber Otero, también salpicado en el escándalo, reclama más de $4.700 millones.

La lista de acreedores parece interminable. Sólo en el sector financiero, Interbolsa adeuda $127.000 millones. La Fiscalía avanza en sus pesquisas para determinar qué fue lo que pasó con la comisionista que controlaba un cuarto del mercado de valores de Colombia. No obstante, el proceso de interrogatorios es muy lento, mientras que la Procuraduría y la Contraloría despliegan investigaciones paralelas. Los casi 1.600 afectados esperan instrucciones de los organismos competentes para reclamar sus dineros, pero no se avizoran noticias pronto. En todo caso su proceso será probablemente muy distinto del que vio Colombia con las largas filas alrededor del estadio El Campín y de otras edificaciones en Colombia de miles de estafados por David Murcia Guzmán y su pirámide DMG.

En Twitter: @jdlaverde9

Infografía con la lista de reclamantes de Interbolsa

Cada vez que se menciona el escándalo de Interbolsa, todo el mundo da por descontado que mucha plata se perdió. Pero cuando se detallan las cifras del hueco que dejó la comisionista en cada empresa que le confió su dinero, varias ‘perlas’ aparecen y los dramas se multiplican. El Espectador revisó el listado de casi 1.600 reclamantes de la liquidada firma de valores y se encontró con varias sorpresas: comunidades religiosas, universidades, fundaciones e institutos de salud, así como reconocidas empresas, resultaron afectadas.

El top 10 de los reclamantes lo encabeza la Alianza Fiduciaria S.A., una filial de la Organización Delima, creada en 1986, con sede en Bogotá y cuyo objeto social es el de administrar los bienes e inversiones de sus clientes. Tan solo esta compañía le reclama a Interbolsa más de $87 mil millones. En segundo lugar aparece el consorcio Hatovial, una empresa del grupo Odinsa, conocida por sus obras viales en el departamento de Antioquia. Esta organización se acreditó ante el liquidador para que Interbolsa le devuelva casi $29.700 millones.

Muy cerca figura la Universidad Santo Tomás, que tasó sus pérdidas por cuenta de la caída de la otrora todopoderosa comisionista en más de $19.690 millones. El listado de las 10 empresas que más perdieron dinero —o a las que, en el mejor de los casos, se les embolató por cuenta de este desastre financiero— continúa con la firma comisionista Asesores en Valores S.A., el Banco BBVA, la compañía OMYA Andina, la fiduciaria Fiducor, la empresa Mansarovar Energy, Seguros del Estado y el grupo Magnolio. Tan sólo la deuda de Interbolsa con estas 10 compañías asciende a más de $226.000 millones.

Eso sin contar las peticiones que los otros 1.590 inversionistas, entre personas naturales y jurídicas han instaurado ante el agente liquidador Pablo Muñoz. Una radiografía muy preocupante de los escenarios que tendrá que afrontar Muñoz cuando entre a repartir la torta de los dineros que alcance a recuperar. Por ahora está revisando balances, cruzando cuentas y exigiendo certificados que acrediten dichas deudas. No obstante, está claro que sobre el castillo de naipes de Interbolsa aún no está todo dicho y que las sorpresas se siguen dando.

Por ejemplo, entre las empresas conocidas que reclaman su dinero aparecen Avianca, Supertiendas y Droguerías Olímpica, Segurexpo de Colombia, Fenalco, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Carbones Colombianos del Cerrejón, Lechesán o Seguros del Estado. A esta última Interbolsa le debe ni más ni menos que unos $9.600 millones. En cambio, aunque su reclamación es de apenas $80 millones, llama la atención que en dicho listado aparezca el nombre de una prestigiosa compañía encuestadora: Datexco.

Un vocero de esta empresa le dijo a El Espectador que el dinero que hoy reclaman se le entregaba a Interbolsa para que manejara unos fondos de inversión a corto plazo con unos rendimientos. También explicó que era una forma de tener la caja produciendo, pero que dichos depósitos a Interbolsa no pasaban de un tiempo mayor a 30 días. Hoy la firma encuestadora, que a diario presta sus servicios al periódico El Tiempo y a la emisora W Radio, exige que la comisionista le pague los $80 millones que invirtió.

Otras ‘perlas’

Después de analizar todas las reclamaciones también figuran tres instituciones del Estado que por diversos motivos actualmente pretenden recuperar unos dineros. La primera es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que demanda que se le reintegren más de $4.179 millones. Consultado por este diario, su director Juan Ricardo Ortega manifestó: “Esa plata es de retenciones en la fuente de impuestos que le debe Interbolsa al Estado”. Y añadió irónico: “La DIAN no es tan estúpida como para invertir en Interbolsa”.

Asimismo, el Banco de la República aparece como reclamante al solicitar que se le reembolsen $112 millones. Dicha deuda, explicaron fuentes consultadas por este medio, se refiere a la comisión que le quedó debiendo Interbolsa por el uso del Sistema Electrónico de Negociación (SEN), en donde se negocian todas las operaciones de deuda pública y que es usado por todas las comisionistas. Por último, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) solicitó que se le devolvieran $65 millones. El director jurídico de la entidad, Jorge Eduardo Valderrama, le dijo a El Espectador que se trata de dineros parafiscales que no ha pagado la intervenida comisionista.

Si se discriminan las deudas por sectores, el panorama es aun más complejo. En educación la radiografía es, por decir lo menos, lamentable. Las universidades Santo Tomás, Central, Autónoma de Bucaramanga, Eafit, Pontificia Bolivariana, de Santander y la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud perdieron, sumadas todas sus reclamaciones, más de $41.000 millones. En su momento el rector de la Eafit, Juan Luis Mejía, no escondió su molestia ni su angustia por lo ocurrido con Interbolsa. “Estamos desconsolados; esperamos que los órganos de control nos digan qué pasó y por qué no alertaron a tiempo a los que invirtieron de buena fe estos recursos”.

Otras que no duermen y parecen en estado penitente desde que se conoció la quiebra de Interbolsa son seis comunidades religiosas. La que más puso dinero es la comunidad religiosa Hijas de Jesús, que invirtió $2.784 millones. Por su parte, las Hermanas Dominicas de la Presentación reclaman $2.779 millones y el Consejo Episcopal Latinoamericano una cifra que ronda los $1.178 millones. A este grupo se suman la comunidad misionera Recoletas, el Monasterio de Monjas Carmelitas Descalzas de Popayán y la congregación religiosa Terciarias de la Provincia de San José.

Al margen de los conglomerados empresariales que han sido suficientemente nombrados en desarrollo del descalabro de la comisionista por los repos de Fabricato, varias fundaciones, sociedades filantrópicas y de investigación en salud también llevaron del bulto. Por ejemplo, la fundación Alejandro Ángel Escobar —fundada en 1954 y que desde hace años premia a las mejores investigaciones científicas y de desarrollo social— figura en el listado acreditando que le deben $1.450 millones. En similar escenario está la Fundación Barraquer de América —que se dedica a la investigación médica—, pues demanda que se le restituyan $1.700 millones.

La Corporación Mundial de la Mujer de Medellín, la fundación Dar Amor, la fundación Plan o la fundación de Acción Santandereana, Prosantander, también exigen lo suyo. A propósito, sólo en Santander, Interbolsa captó más de $41.675 millones a través de distintas universidades, la Cámara de Comercio de Bucaramanga o la Caja Santandereana de Subsidio Familiar, según reporta el listado que hoy tiene el agente liquidador Pablo Muñoz. Y también figura en este sector la fundación Interbolsa.

Llama la atención que aparezcan como reclamantes de Interbolsa la Bolsa de Valores de Colombia y el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), quienes tenían la obligación de vigilar la compañía. Tan sólo el AMV acreditó que se le adeudan $52 millones y otro valor aún indeterminado. Y en ese contexto de negocios cruzados también aparecen socios de Interbolsa en la Bolsa Mercantil y en otras compañías. Por ejemplo, la firma Manrique y Manrique, dirigida por Alfonso Manrique Van Damme, socio de Alessandro Corridori —gestor de los repos de Fabricato—, asegura que le deben un valor aún indeterminado. En cambio, la empresa Tecfin, de Élber Otero, también salpicado en el escándalo, reclama más de $4.700 millones.

La lista de acreedores parece interminable. Sólo en el sector financiero, Interbolsa adeuda $127.000 millones. La Fiscalía avanza en sus pesquisas para determinar qué fue lo que pasó con la comisionista que controlaba un cuarto del mercado de valores de Colombia. No obstante, el proceso de interrogatorios es muy lento, mientras que la Procuraduría y la Contraloría despliegan investigaciones paralelas. Los casi 1.600 afectados esperan instrucciones de los organismos competentes para reclamar sus dineros, pero no se avizoran noticias pronto. En todo caso su proceso será probablemente muy distinto del que vio Colombia con las largas filas alrededor del estadio El Campín y de otras edificaciones en Colombia de miles de estafados por David Murcia Guzmán y su pirámide DMG.

En Twitter: @jdlaverde9

Infografía con la lista de reclamantes de Interbolsa