Con los brazos cruzados, la espalda recta y la mirada desafiante casi todo el tiempo, el coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez aguardó su turno para hablar. Tras ocho horas y 27 minutos de audiencia, el pasado 5 de agosto, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Reinere Jaramillo, le dio el uso de la palabra. Debía aceptar o negar su responsabilidad en los asesinatos de 75 civiles en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar), entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
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El exmilitar, quien es la primera persona que va a juicio en la justicia transicional al no aceptar su responsabilidad en los delitos imputados, fue tajante en su intervención. “No soy el victimario de ustedes. No acepto los cargos”, dijo.
El expediente del coronel (r) Mejía llegó a la justicia transicional dentro del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, mal llamadas falsos positivos. Hace parte concretamente del subcaso Costa Caribe, que busca esclarecer 127 asesinatos cometidos en una alianza entre paramilitares y uniformados del Batallón La Popa, unidad militar de la cual Mejía fue comandante durante más de tres años.
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Por esos hechos, 15 militares retirados fueron imputados; 12 de ellos aceptaron su responsabilidad y esperan la sentencia restaurativa que se emitirá este mes. Los otros tres negaron su responsabilidad y fueron enviados a juicio. Entre ellos, Mejía.
El exmilitar, condenado en 2013 por patrullar junto a paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a principios de los 2000, fue imputado en la justicia especial en julio de 2021 por su presunta responsabilidad en 35 eventos relacionados con falsos positivos. Su juicio, presidido por la magistrada Reinere Jaramillo y liderada por el fiscal quinto de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Samuel Serrano Galvis, inició el 18 de septiembre de 2024.
Tras 12 audiencias que culminaron el 4 de diciembre del año pasado y la diligencia de alegatos de conclusión, que se programó inicialmente para que fuera el 5 y 6 de agosto, Mejía está a punto de recibir una sentencia que, de ser condenatoria, podría ser de hasta 20 años de prisión, al no aceptar haber sido máximo responsable de falsos positivos.
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Las pruebas contra Mejía
La audiencia en la que la UIA, los representantes de las víctimas y la defensa de Mejía presentaron sus alegatos de conclusión, era el último paso que faltaba para que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP emita una sentencia sobre el caso del militar retirado. El primero en dirigirse a los magistrados fue el fiscal Serrano Galvis.
Durante cerca de dos horas fue insistente en señalar desde distintos puntos y con base en las pruebas que sustentan el expediente, que Mejía “estructuró un aparato ilegal de poder al interior del Batallón La Popa”, en alianza con el frente Mártires del Cesar de las autodefensas, para la “comisión sistemática de asesinatos de civiles” que luego eran presentados como bajas en combate.
Para sustentar su teoría, la UIA tomó las declaraciones de los 12 comparecientes que aceptaron su responsabilidad y cuyos testimonios dan cuenta de que la política de asesinatos de civiles en el Batallón La Popa fue estructurada y sistemática. Entre las declaraciones que señalan a Mejía está la del mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, citada por el fiscal Serrano Galvis durante la audiencia.
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“Había participado en operaciones ilegales ordenadas por Mejía Gutiérrez, así lo manifestó en este juicio, razón por la cual conocía el funcionamiento del ilegal aparato organizado de poder y, por ende, sabía cómo se llevaban a cabo las operaciones y las labores que debía realizar para dar la apariencia de legalidad necesaria”.
La investigación permitió determinar que, según la UIA, mientras el coronel (r) estuvo al frente del Batallón La Popa, se habría configurado una dinámica en la que, en algunos casos, los paramilitares al parecer captaban a las víctimas y las entregaban luego de ser asesinadas. En otros, serían entregados con vida, torturados y luego asesinados bajo el conocimiento de Mejía.
Por esa razón, el fiscal Serrano Galvis pidió la pena máxima de 20 años de prisión por la autoría en los homicidios de 38 personas, la tortura de tres y la desaparición forzada de 11 más. También por ser coautor en los homicidios de 34 personas, la tortura de una y la desaparición de otras 29, de las cuales dos siguen sin ser identificadas.
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Los abogados de las víctimas, Sebastián Escobar y Daniela Rodríguez, coincidieron en solicitar ese monto para la pena. Argumentaron que no fueron hechos aislados, sino una práctica sistemática y que Mejía, en su concepto, fue “el arquitecto de un aparato criminal con capacidad de mando y control”.
La abogada Rodríguez señaló que la forma en la que se dieron los asesinatos fue “una traición” a 75 personas que creían en el Ejército y la institucionalidad, pero terminaron presentados como guerrilleros. Una visión compartida por víctimas como María Otilia Aguirre, madre de Carlos Alfredo Castro Aguirre, quien durante 19 años y hasta su muerte, en 2019, buscó a su hijo sin poder creer que había sido asesinado por el Estado.
“El acusado dirigió una estructura que operó para asesinar civiles y presentarlos como bajas legítimas. No fue un exceso, fue una política ilegal”, dijo el abogado Escobar. Los representantes de las víctimas también señalaron que, aunque Mejía defendió que sus subalternos actuaron con autonomía, nada ocurrió a sus espaldas.
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“Este argumento ignora que la autoría mediata no exige la presencia física, sino el control del aparato organizado de poder y la posibilidad de sustituir a los ejecutores”, dijo el abogado. Y agregó: “En el caso concreto, existen múltiples indicios, pruebas y testimonios que permiten inferir que el comandante del batallón en ejercicio del mando (Mejía) conocía, toleraba y facilitaba los crímenes cometidos bajo su jurisdicción”.
El coronel (r) se defiende
Luego de escuchar los argumentos de la UIA y la defensa de las víctimas, que estructuraron el modo en el que se dieron los 75 asesinatos con la presunta licencia de Mejía, la magistrada Reinere Jaramillo le dio paso a la intervención de Mejía y de su defensa. Germán Navarrete, abogado del exmilitar, señaló que su cliente no tuvo conocimiento de que esa práctica sistemática ocurriera dentro de La Popa.
Lo sostuvo a pesar de las declaraciones de los 12 exmilitares comparecientes que aceptaron su responsabilidad en el caso y señalaron a Mejía en sus aportes a la justicia transicional. También aseguró que la llegada del coronel a Valledupar no se relacionó con un plan estructurado y solo tuvo una razón: “fue una decisión intempestiva tomada por el entonces presidente Andrés Pastrana”.
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El argumento más osado fue un dardo contra los comparecientes, que retumbó contra las paredes del auditorio. “Son una caterva de mentirosos, confesos de homicidios y otras tropelías. (...) El coronel Mejía era el oficial más condecorado y respetado del país. No necesitaba llegar a La Popa. Si no lo hubieran mandado allí, hoy sería general”, dijo el abogado.
Luego, la magistrada le preguntó a Mejía, por última vez, si aceptaba o no su responsabilidad. “Después de haber perdido todo, me quedan tres cosas: la verdad, mi honor de soldado de Colombia y mi dignidad ciudadana. Y eso no es negociable. No acepto los cargos”, respondió el exmilitar.
Agotados el tiempo y las palabras, se levantó la audiencia. Parado en su versión y sin sostenerle la mirada a las víctimas que esperan verdad y reparación, a Mejía solo le queda esperar a que se venza el plazo de 60 días que tiene la JEP para definir si es culpable o no por los asesinatos de los 75 inocentes en Valledupar.
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Por Gustavo Montes Arias
