En la antesala de su extradición, David Murcia Guzmán por fin dejó consignado en una declaración juramentada que le entregó a un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos varias verdades que había callado desde que fue detenido en noviembre de 2008. Y lo hizo dando nombres propios, fechas y montos de dinero que giró DMG en tres casos particulares que hoy son objeto de pesquisas de la justicia: su relación y dineros aportados al gobernador de Bolívar, Joaco Berrío; el préstamo de $200 millones al hoy personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, y los millonarios giros que entraron a la Comisión Nacional de Televisión y que derivaron en una investigación en contra de los comisionados.
La declaración la rindió el 12 de noviembre pasado, en el marco de la colaboración que exige la justicia para aplicar el “principio de oportunidad” en favor de su madre, María Amparo Guzmán de Murcia. Según expresó enfático, los hechos que narró en esta diligencia son absolutamente ciertos y veraces, al tiempo que manifestó su compromiso y decisión de participar como testigo en los procesos penales que se siguen en contra de las personas que señaló. Por primera vez desde su captura, Murcia Guzmán les puso nombres propios a sus contactos y detalló de qué manera su firma iba a beneficiarse de contratos o publicidad por la financiación que proporcionó.
Aunque Murcia se había negado a colaborar con la justicia en procesos concretos y había capoteado las preguntas de la prensa sobre algunos de sus socios que siguen pasando de agache —negándolo una y otra vez—, en la declaración conocida por El Espectador que espera ser ratificada ante un juez en los próximos días, el creador de DMG apuró detalles contundentes que les caen como anillo al dedo a los investigadores de la Fiscalía en los casos concretos de los procesos adelantados en contra de Jorge Berrío, su hermano Joaco, el personero Francisco Rojas Birry (acusado de enriquecimiento ilícito), y de los comisionados de televisión y un particular sobre el que amplió detalles: Fernando Grisales.
Esta semana es prácticamente inminente que Murcia Guzmán sea trasladado a los Estados Unidos para que responda por el delito de lavado de dinero que le endilga la corte federal del distrito sur de Nueva York. Pero su novelón judicial en el país cobra más vigencia que nunca, luego de que el juez cuarto especializado de Bogotá, José Reyes, al imponerle una pena de 30 años de prisión, ordenara investigar más de 130 personas que lo asesoraron durante varios años, entre quienes se cuentan el general (r) Miguel Maza Márquez, el humorista Guillermo Díaz Salamanca, el ex director de la DIAN Guillermo Fino y los abogados Abelardo de la Espriella y Gustavo Salazar, entre otros.
De cualquier manera, en estos tres casos particulares, Murcia decidió romper su silencio antes de partir a los Estados Unidos, y su versión, sin duda, se convertirá en un dolor de cabeza para Rojas Birry, Joaco Berrío y su hermano Jorge, o para Fernando Grisales. Su testimonio aclara cosas. Todo queda en manos de la justicia.
Dinero a cambio de contratos
David Murcia le relató a la justicia que se reunió con el actual personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, en las instalaciones de la feria DMG, ubicada al norte de Bogotá, en donde Murcia tenía una oficina privada. Según él, Rojas Birry fue a saludarlo y a contarle de su aspiración política para el cargo de personero de Bogotá, “la cual me manifestó ser muy importante, ya que la Alcaldía la había ganado su amigo Samuel Moreno Rojas”. En el encuentro, sostenido a principios de 2008, Rojas Birry “me manifestó que necesitaba que yo le prestara $200 millones con el ánimo de salir de unas deudas y poder seguir adelante con su campaña a la Personería”.
A renglón seguido, el cerebro de DMG contó que Rojas Birry le dijo que si le prestaba ese dinero se lo iba a agradecer muchísimo, y que se lo devolvería una vez fuera elegido como personero de Bogotá. De hecho, para cerrar el trato, “me ofreció que, adicionalmente, nuestras empresas podrían participar de las licitaciones públicas para participar en contrataciones con la Personería”. La orden de entregarle los $200 millones fue dada por David Murcia Guzmán, a quien luego le reportaron de la entrega del dinero, que se hizo personalmente, como consta en una de las grabaciones en las que William Suárez le confirma el destino de la plata.
Cuando la Fiscalía le preguntó a Murcia las condiciones de ese préstamo, el plazo o el interés, éste respondió así: “El plazo era después de la elección de la Personería, no se pactó ningún tipo de intereses y se realizó más como un favor. Él se comprometió, como ya le indiqué, a tener en cuenta nuestras empresas para licitaciones en contratación con la Personería”. Y agregó que no tenía conocimiento de si el actual personero había cancelado el cuestionado préstamo. De todas maneras, aunque Rojas Birry fue acusado por la Fiscalía del delito de enriquecimiento ilícito, continúa negando cualquier nexo con la intervenida captadora de dineros DMG o con cualquiera de los miembros de esa firma.
Hace pocos días, como lo reportó este diario, iba a llevarse a cabo una audiencia en la cárcel de Cómbita para que la justicia tomara el testimonio de Suárez antes de que se formalice su extradición. La diligencia no se llevó a cabo porque los abogados de Rojas Birry no se presentaron.
‘Joaco Berrío recibió más de $3.000 millones’
“Sí, él tenía conocimiento perfectamente de cada dinero que se enviaba. Su hermano Jorge Berrío era quien solicitaba los montos que requería y me extrañó que en una ocasión en Santa Marta el mismo Joaco Berrío me solicitó personalmente el envío urgente de más de $1.000 millones”. Así recordó David Murcia su relación con el actual gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, investigado por la financiación de DMG a su campaña en 2007. Según Murcia, a Joaco le fueron girados por DMG más de $3.000 millones y la entrega de dineros en efectivo se hacía a través de la empresa Transval S.A., cuyos propietarios eran su cuñado William Suárez y el hermano del político, el empresario Jorge Berrío.
“El retorno de la inversión —señaló Murcia—, según lo manifestado por Jorge y Joaco Berrío, se haría en el momento en que el Gobierno realizara la reposición de los votos en la elección del gobernador (de Bolívar) y adicionalmente nuestras empresas podrían participar de las licitaciones para contratación con la Gobernación en diferentes áreas y además la implementación de la programas de restaurantes sociales que impulsaba la compañía que yo representaba”, es decir, la controvertida firma DMG. En su declaración manifestó que en cuatro oportunidades se reunió con el actual gobernador.
Dos de estos encuentros ocurrieron en Cartagena, uno más en Santa Marta y un cuarto en Corferias, en Bogotá, en la capacitación de alcaldes y gobernadores. Las charlas eran para expresar su propuesta de gobierno y “mis intenciones de participación en caso de que el resultado fuera positivo y él ganara la Gobernación de Bolívar”. Una de esas propuestas fue la que el propio Murcia denominó los restaurantes sociales. Según su relato, quien le presentó a Joaco Berrío fue el empresario Jorge Berrío, quien hacía parte de una firma llamada Vimarco, con la cual se fueron afianzando las relaciones meses antes de las elecciones regionales de octubre de 2007.
Finalmente aclaró que ese dinero que aportó era para invertir en la publicidad de la campaña de Berrío y fue entregado a medida que “ellos lo fueran necesitando”.
Grisales, el enlace con la CNTV
A propósito de la investigación que solicitó la Fiscalía y un juez de Bogotá en contra de particulares y miembros de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), por la entrega de $1.577 millones por parte de DMG al ente estatal a través de una empresa de garaje denominada Elite Entertainment, David Murcia Guzmán también aportó datos concretos. Confirmó que el empresario de televisión Fernando Grisales fue el intermediario entre DMG y la CNTV en esta negociación, que lo conoció a través de otro empresario y que Grisales le manifestó que necesitaba recursos urgentes porque necesitaba sacar adelante un proyecto de televisión por suscripción satelital.
Según refirió, Grisales le ofreció ser su socio en la concesión y la suma que le pidió era cercana a los $2.000 millones. “Yo accedí a su aprobación y se hicieron las entregas que, según las instrucciones de Fernando Grisales, debían ser consignadas en las cuentas de la empresa Elite Entertainment”, que giraría a la CNTV dichos montos. Los giros salieron de la firma Sánchez Rivera, más conocida como El Trigal, una más del conglomerado de sociedades creado por David Murcia Guzmán. La entrega de esa plata se dio en efectivo por medio de la transportadora de valores Transval S.A.
“Yo me reuní con Fernando Grisales en varias ocasiones, tanto en Colombia como en Panamá para coordinar las entregas de dinero y los planes de negocios de la empresa Elite Entertainment”, recordó Murcia, y añadió que el negocio estipulaba que el grupo DMG sería el distribuidor exclusivo del servicio de televisión pagado satelital en todo el territorio nacional y desde allí fijar una plataforma comercial para seguir atrayendo ahorradores sobre los supuestos bienes y servicios que ofrecía DMG.
La concesión a Elite Entertainment se concretó el 30 de agosto de 2007 por parte de la CNTV, aunque uno de los comisionados, Eduardo Noriega, alertó que esa empresa podía ser de papel. La Fiscalía ha establecido que los estados financieros presentados por Elite registraban apenas $425 millones de activos y $94 millones en propiedades de planta y equipos.
Transval y el referendo
La controvertida firma Transval, cuyos socios eran el empresario Jorge Berrío y el cuñado de David Murcia, William Suárez, fue utilizada por los promotores del referendo reeleccionista para transportar cerca de cinco millones de firmas que fueron recogidas y presentadas ante la Registraduría para avalar la iniciativa.
Lo curioso es que en las cuentas de los promotores del referendo sólo aparece que se pagaron alrededor de $4 millones por este servicio. Grabaciones revelaron que Berrío le ofreció sus servicios a Carlos Alberto Jaramillo, representante legal de Colombia Primero.
Por Redacción Judicial
