De una muestra de 502 mujeres víctimas de violencia sexual en desarrollo del conflicto armado, tan sólo una tuvo acceso a una ruta de atención y reparación integral por parte del Estado.
Ese fue uno de los hallazgos más alarmantes del más reciente informe publicado por la fundación Círculo de Estudios, que, en asocio con el Ministerio de Justicia, busca que las mujeres denuncien esos hechos y sean reparadas.
Según la entidad, aunque el 94,8% de las víctimas denunciaron su caso ante alguna institución, no fueron conducidas u orientadas para poder acceder a los servicios que prestan otras entidades públicas. Para la fundación, “esta situación es una clara muestra de la dominante ineficiencia estatal para atender integralmente a las mujeres víctimas, la cual es ocultada en la justificación de que cada institución cumple con sus obligaciones”.
Además de la aparente falta de articulación entre las entidades, las mujeres manifestaron encontrarse con complejos escenarios judiciales, políticos y de atención integral. Aunque las 502 que conformaron la muestra estaban vinculadas al sistema de salud, el 95% manifestó que no se le suministró atención psicosocial, pese a que en 2010 la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud atender esos casos de manera especializada.
En cuanto al acceso a la justicia, el 94% dijo que no declaró los hechos ante la Procuraduría y el 93% no denunció ante la Fiscalía. En la mayoría de casos esa situación obedeció a percepciones negativas del sistema judicial, como que “los funcionarios conocían personalmente a las víctimas y podían filtrar la información, que los procesos judiciales no avanzaban o que los actores armados podían tomar represalias”.
Más aún, ninguno de los 34 casos denunciados ante la Fiscalía ha sido fallado en la justicia ordinaria o en los tribunales de Justicia y Paz. A la impunidad y la falta de comprensión del sistema judicial se suma la escasa participación de las mujeres en las organizaciones de víctimas, lo cual ha limitado su capacidad para exigir el restablecimiento de sus derechos.
Esta situación está estrechamente relacionada con la estigmatización que pesa sobre las víctimas de violencia sexual, cuyas asociaciones son inferiores en número respecto, por ejemplo, de las de desplazados y familiares de los desaparecidos.
Para la fundación Círculo de Estudios, el temor y la vergüenza han impedido que estas organizaciones tengan acogida en los territorios que habitan las mujeres, mayormente ubicadas en La Guajira, Atlántico, Valle del Cauca y Cesar.
Pero, además de los dolorosos episodios de violencia sexual que enfrentaron por cuenta de guerrilleros y paramilitares, las mujeres también fueron víctimas de otros delitos. Al menos en 281 casos se presentaron desplazamientos forzados, amenazas, secuestros o despojos de bienes.
Asimismo se encontró que el 10% de ellas tuvieron hijos producto de la violación, lo cual “se convierte en un ataque a su proyecto de vida, en tanto que las obliga a convertirse en proveedoras y cabezas de familia”, con los consecuentes impactos psicológicos para ellas y sus hijos.
Otras mujeres fueron “obligadas a sacrificar sus animales para cocinarles y darles de comer a los actores armados, conminadas a lavar ropa militar y expuestas a palabras obscenas”, particularmente durante las incursiones en zonas rurales y urbanas.
Por eso se torna imperiosa una mayor articulación institucional y un acompañamiento decidido que permita incrementar las denuncias, conjurar la impunidad y hacer efectiva la reparación integral para unas víctimas que, aunque en la sombra, han sufrido algunos de los impactos más cruentos de la guerra.
Por María Flórez
