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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, cumplió seis meses al mando del órgano disciplinario que vigila la conducta de los funcionarios públicos en Colombia. Ternado por el presidente Gustavo Petro, Eljach llegó para reemplazar a Margarita Cabello, quien salió en medio de críticas por diferencia de criterios a la hora de investigar y sancionar políticos, pero quien defendió las capacidades de la entidad. Eljach ha logrado que su Procuraduría entre a actuar en los procesos más delicados del país, con decisiones de las que se conocerán su desarrollo en los próximos meses.
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Entre enero y junio de este año, la Procuraduría inició más de 40.000 procesos de tipo preventivo, de los cuales el 82% se concentró en temas de mitigación de daños y restitución de derechos. Asimismo, en el plano disciplinario, la entidad ha publicado 386 fallos sancionatorios contra funcionarios públicos, incluyendo los de elección popular, y ha iniciado 730 juicios en lo que va del año.
“En sus primeros seis meses de gestión, el jefe del Ministerio Público ha invitado al diálogo para construir consensos, a la sensatez y a utilizar los escenarios que nos brinda la democracia para tramitar las diferencias, de manera que sea posible ‘buscar un destino común en el que quepamos todos y para eso la democracia establece suficientes mecanismos’”, explicó la Procuraduría en un comunicado de prensa.
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La semana pasada, la Procuraduría de Eljach abrió una investigación contra Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La pesquisa se enmarca en “presuntas irregularidades en la formulación y mensualización de las metas de recaudo tributario correspondientes a la vigencia 2024″, como explicaron al público. La pista que sigue la autoridad es una presunta caída del recaudo tributario entre enero y mayo de 2024 en Colombia, que fue superior al 10%.
Asimismo, el pasado 9 de julio, la Procuraduría abrió una investigación formal en contra de los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, y el nuevo jefe de despacho, Alfredo Saade, por los líos en la esperada contratación para la expedición de pasaportes para los colombianos. La investigación fue abierta por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, la cual indicó que, posiblemente, “Murillo y Sarabia no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial (Cancillería)”.
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Por su parte, sobre Saade, nuevo jefe de Despacho de Gustavo Petro, el Ministerio Público señaló que, aparentemente, se “extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes”. Saade ha sostenido públicamente que el gobierno de Portugal y la Imprenta Nacional están listos para asumir el proceso. Sin embargo, Sarabia se fue del cargo insistiendo en que no era así, y que debía realizarse una nueva contratación con la firma Thomas Greg & Sons.
De otro lado, el órgano de control hizo un llamado a las autoridades para qué se dé inicio a la investigación, identificación, individualización, captura y judicialización de los autores materiales e intelectuales de la masacre de los ocho líderes cristianos desaparecidos desde abril en Calamar (Guaviare), y que fueron encontrados en una fosa común a principio de mes. Asimismo, el Ministerio Público pidió al gobierno nacional que adelante “acciones en contra de los grupos armados ilegales que se encuentran disputando el control territorial en ese departamento”.
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El pasado 2 de julio, de otro lado, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra de Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por la presunta omisión en la atención de solicitudes presentadas por líderes y lideresas sociales que requerían la asignación de esquemas de seguridad. La Procuraduría también indaga posibles irregularidades en la reubicación de agentes de protección para tareas administrativas, pese al déficit de personal para labores de seguridad.
A finales del mes pasado, el órgano de control prorrogó por tres meses la investigación contra el exsuperintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, “por presuntas irregularidades en la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas”. Esa toma de posesión fue declarada en contra de las leyes y la Constitución por la Corte Constitucional, y tiene sumida a Colombia en una demanda multimillonaria radicada por el grupo inversionista español Keralty, dueños de la segunda EPS con más usuarios en el país.
En junio pasado, además, la Procuraduría abrió una indagación previa contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón, por un presunto incumplimiento de sus funciones al no designar, en el plazo legal, al nuevo alcalde local de la localidad de Usme. De acuerdo con el órgano de control, el proceso disciplinario —adelantado por la Sala Disciplinaria de Instrucción— busca esclarecer si hubo irregularidades en el trámite que debía concluir con el nombramiento del funcionario.
La Procuraduría también se metió en las intenciones del gobierno de llevar a cabo una consulta popular a nivel nacional, tras recibir una negativa inicial del Senado a la propuesta ligada a la reforma laboral. Un ciudadano, Raymundo Francisco Marenco, consideró que el trámite de esa votación fue irregular y demandó la decisión ante el Consejo de Estado. Sin embargo, la Procuraduría envió su concepto a esa alta corte y solicitó dejar en firme la votación del Senado. Luego, tras superar los debates que por poco llevan al país a una consulta, el Congreso adoptó la reforma laboral en los últimos días, la cual está bajo estudio final de la Corte Constitucional.
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El gobierno de Gustavo Petro buscaba, el mes pasado, realizar su consulta popular y para ello preparó el denominado “decretazo”, el cual fue firmado por todos los ministros. Pasó menos de un día para que la Procuraduría abriera una indagación contra todos, buscando delimitar presuntas faltas disciplinarias. La Procuraduría señaló, en ese momento, que “garantizará, dentro de sus atribuciones, el respeto a la Constitución y al principio de independencia de los poderes con colaboración armónica entre sus órganos”.
La Procuraduría también ha intervenido en las labores del gobierno para prevenir la violencia contra miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a manos de grupos criminales. Llevó a juicio a los policías que atendieron el caso del estadounidense Timothy Alan Livingston, quien fue hallado con dos niñas de 13 años en un apartamento del suspendido Hotel Gotham de esa ciudad, el 28 de marzo de 2024. Además, el órgano de control llevó a juicio al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta omisión en la publicación de su declaración de renta de 2020, entre otros casos de connotación nacional.
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