Eln, a rendirle cuentas a la justicia

Este miércoles 8 de junio, a las 10 de la mañana, en los juzgados de Paloquemao, está programado uno de los eventos judiciales más importantes del año: la macroimputación de cargos de la Fiscalía General contra el Eln. En palabras castizas, se trata de que la Fiscalía anuncie ante un juez que comienza a investigar formalmente a los cinco miembros del Comando Central (Coce) de esa guerrilla. Específicamente a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Eliécer Chamorro, alias Antonio García; Rafael Sierra, alias Ramiro Vargas, y Gustavo Giraldo Quinchía, alias Pablito.

La Fiscalía pretende lograr una tarea colosal: imputarles a esos cinco jefes guerrilleros más de 15.800 hechos delictivos, entre los que se incluyen homicidios, desplazamientos forzados, infracciones al derecho internacional humanitario, reclutamiento y secuestros. Hasta hace un mes, los casos de secuestro incluían a tres extranjeros, cinco hombres y una mujer colombianos. Desde hace una semana, ese listado lo integran también la periodista española Salud Hernández y los reporteros de RCN Diego D’Pablos y Carlos Melo.

Imputarles tantos crímenes a los jefes del Eln podría ser catalogado como uno de los intentos más ambiciosos que haya emprendido la justicia colombiana en contra de esa guerrilla. En marzo de este año, la Fiscalía había anunciado que la imputación sería exclusivamente por los atentados contra la infraestructura petrolera del país. En especial, los atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, los cuales habrían producido el derramamiento de más de tres millones de barriles de petróleo, generando pérdidas para el país por más de $65 billones y provocando daños ambientales tasados en $73 billones.

El día en que el hoy fiscal general encargado, Jorge Perdomo, notificó sobre la imputación que se venía para el Eln por delitos ambientales, él mismo señaló: “Se hará uso de las múltiples pruebas periciales de carácter científico (…) estadístico, geográfico, audiovisual y demás elementos materiales probatorios, aportados a la Fiscalía por la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services”. Lo que quiere decir que, a partir del miércoles 8 de junio, no sólo el trabajo de la Fiscalía con el Eln podrá ser escudriñado, sino que por fin podría conocerse el trabajo de la firma de Natalia Springer.

El trabajo de la firma Springer Von Schwarzenberg para la Fiscalía se hizo gracias a un contrato directo adjudicado por el exfiscal Eduardo Montealegre el 3 de julio del año pasado, por un valor de $3.085 millones. Hasta ahora, el exfiscal Montealegre ha sostenido que los aportes de la firma Springer revolucionarán la manera como se investiga penalmente en Colombia; sin embargo, esos resultados no se han hecho públicos todavía. Como tampoco se ha divulgado la investigación que la firma Springer hizo para la Fiscalía sobre las Farc por un contrato directo de casi $900 millones, pues, en el marco del proceso de paz, la Fiscalía suspendió las imputaciones contra esa guerrilla.

En mayo, no obstante, la Fiscalía hizo público que se había ampliado el rango de crímenes que les serían imputados a los cinco integrantes del Comando Central del Eln. La Fiscalía, dividiendo al Eln en cinco frentes de guerra (Oriental, Nororiental, Suroccidental, Noroccidental y Norte) agregó homicidios como el de Jorge Cristo Sahium, padre del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien fue asesinado en agosto de 1997 junto con uno de sus escoltas en Cúcuta. Recibió al menos cuatro disparos en la cabeza y el cuello.

Esta macroimputación de cargos contra el Eln se hace, además, en un momento político particular, cuando el Gobierno parece más cerca que nunca de instalar formalmente una mesa de negociaciones de paz con esta misma guerrilla, a la que le quieren imputar más de 15.000 hechos delictivos. En los últimos meses, dicha mesa ha estado “en veremos” por una razón: los secuestrados. A finales de abril, cuando se suponía que ya todas las barreras para empezar los diálogos estaban derribadas, se supo que el excongresista Odín Sánchez —condenado por parapolítica— se había entregado al Eln a cambio de que esta guerrilla liberara a su hermano, Patrocinio Sánchez, exgobernador del Chocó.

Desde entonces, los diálogos de paz con el Eln andan embolatados. Si la macroimputación no se suspende —como ocurrió con las Farc—, en la carrera entre la política y la justicia podría empezar a tomar ventaja la segunda.

Este miércoles 8 de junio, a las 10 de la mañana, en los juzgados de Paloquemao, está programado uno de los eventos judiciales más importantes del año: la macroimputación de cargos de la Fiscalía General contra el Eln. En palabras castizas, se trata de que la Fiscalía anuncie ante un juez que comienza a investigar formalmente a los cinco miembros del Comando Central (Coce) de esa guerrilla. Específicamente a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Eliécer Chamorro, alias Antonio García; Rafael Sierra, alias Ramiro Vargas, y Gustavo Giraldo Quinchía, alias Pablito.

La Fiscalía pretende lograr una tarea colosal: imputarles a esos cinco jefes guerrilleros más de 15.800 hechos delictivos, entre los que se incluyen homicidios, desplazamientos forzados, infracciones al derecho internacional humanitario, reclutamiento y secuestros. Hasta hace un mes, los casos de secuestro incluían a tres extranjeros, cinco hombres y una mujer colombianos. Desde hace una semana, ese listado lo integran también la periodista española Salud Hernández y los reporteros de RCN Diego D’Pablos y Carlos Melo.

Imputarles tantos crímenes a los jefes del Eln podría ser catalogado como uno de los intentos más ambiciosos que haya emprendido la justicia colombiana en contra de esa guerrilla. En marzo de este año, la Fiscalía había anunciado que la imputación sería exclusivamente por los atentados contra la infraestructura petrolera del país. En especial, los atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, los cuales habrían producido el derramamiento de más de tres millones de barriles de petróleo, generando pérdidas para el país por más de $65 billones y provocando daños ambientales tasados en $73 billones.

El día en que el hoy fiscal general encargado, Jorge Perdomo, notificó sobre la imputación que se venía para el Eln por delitos ambientales, él mismo señaló: “Se hará uso de las múltiples pruebas periciales de carácter científico (…) estadístico, geográfico, audiovisual y demás elementos materiales probatorios, aportados a la Fiscalía por la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services”. Lo que quiere decir que, a partir del miércoles 8 de junio, no sólo el trabajo de la Fiscalía con el Eln podrá ser escudriñado, sino que por fin podría conocerse el trabajo de la firma de Natalia Springer.

El trabajo de la firma Springer Von Schwarzenberg para la Fiscalía se hizo gracias a un contrato directo adjudicado por el exfiscal Eduardo Montealegre el 3 de julio del año pasado, por un valor de $3.085 millones. Hasta ahora, el exfiscal Montealegre ha sostenido que los aportes de la firma Springer revolucionarán la manera como se investiga penalmente en Colombia; sin embargo, esos resultados no se han hecho públicos todavía. Como tampoco se ha divulgado la investigación que la firma Springer hizo para la Fiscalía sobre las Farc por un contrato directo de casi $900 millones, pues, en el marco del proceso de paz, la Fiscalía suspendió las imputaciones contra esa guerrilla.

En mayo, no obstante, la Fiscalía hizo público que se había ampliado el rango de crímenes que les serían imputados a los cinco integrantes del Comando Central del Eln. La Fiscalía, dividiendo al Eln en cinco frentes de guerra (Oriental, Nororiental, Suroccidental, Noroccidental y Norte) agregó homicidios como el de Jorge Cristo Sahium, padre del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien fue asesinado en agosto de 1997 junto con uno de sus escoltas en Cúcuta. Recibió al menos cuatro disparos en la cabeza y el cuello.

Esta macroimputación de cargos contra el Eln se hace, además, en un momento político particular, cuando el Gobierno parece más cerca que nunca de instalar formalmente una mesa de negociaciones de paz con esta misma guerrilla, a la que le quieren imputar más de 15.000 hechos delictivos. En los últimos meses, dicha mesa ha estado “en veremos” por una razón: los secuestrados. A finales de abril, cuando se suponía que ya todas las barreras para empezar los diálogos estaban derribadas, se supo que el excongresista Odín Sánchez —condenado por parapolítica— se había entregado al Eln a cambio de que esta guerrilla liberara a su hermano, Patrocinio Sánchez, exgobernador del Chocó.

Desde entonces, los diálogos de paz con el Eln andan embolatados. Si la macroimputación no se suspende —como ocurrió con las Farc—, en la carrera entre la política y la justicia podría empezar a tomar ventaja la segunda.