Eln, excarcelación de exparas y otros motores de la reciente ola de violencia en el Bajo Cauca

La situación de orden público que vive la subregión del Bajo Cauca antioqueño (que abarca los municipios de Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza) ha vivido en los últimos años entre los constantes enfrentamientos de dos grupos sucesores del paramilitarismo. Se trata de los Caparros ( autodenomindado como el bloque Virgilio Peralta Arenas) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Agc, nombre que la familia de Jorge Eliecer Gaitán rechaza por no representar las banderas del político liberal). En esta zona, en la que se disputan los grupos criminales el negocio del narcotráfico y la minería ilegal cada tanto el escenario de guerra cambia.

La situación de orden público que vive la subregión del Bajo Cauca antioqueño (que abarca los municipios de Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza) ha vivido en los últimos años entre los constantes enfrentamientos de dos grupos sucesores del paramilitarismo. Se trata de los Caparros ( autodenomindado como el bloque Virgilio Peralta Arenas) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Agc, nombre que la familia de Jorge Eliecer Gaitán rechaza por no representar las banderas del político liberal). En esta zona, en la que se disputan los grupos criminales el negocio del narcotráfico y la minería ilegal cada tanto el escenario de guerra cambia.

La nueva ola de violencia, registrada entra agosto pasado y hasta la fecha, según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, tendría principalmente dos nuevos ingredientes en un escenario en el que prácticamente la población vive sometida a la violación de derechos humanos por parte de los actores armados. El primero es la llegada de exparamilitares que han recobrado su libertad luego de cumplir su pena como consecuencia de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz. “La excarcelación de algunos exintegrantes de las AUC ha servido para avivar la llama de la violencia en la subregión en los últimos dos años y medio, pues la tendencia es que mandos medios de estos bloques recuperaran los territorios que estaban bajo su control antes de la extradición de mayo de 2008”, dice el SAT.

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El SAT no hace mención a que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, exjefe paramilitar que operó en esta subregión y que volvió de EE.UU en julio de 2019. Sin embargo, se sabe que la llegada de este capo del paramilitarismo puede aumentar los riesgos. Antes de ser extraditado por el gobierno de Álvaro Uribe, tuvo que ser apresado en un buque de la armada en altamar. Su poder era tal que el Estado no estaba en capacidad de garantizar que tras las rejas no moviera sus tentáculos para seguir delinquiendo. Hace más de un año, cuando Jiménez volvió agentes del CTI le recordaron que en Colombia tenía procesos activos por un sin número de homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores, desplazamiento y violencia de género. Actualmente se encuentra preso.

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El otro factor y hasta ahora desconocido que puede agravar el orden público es el reciente homicidio de una ficha clave del Eln en el Bajo Cauca. “El Eln no habían entrado en confrontación directa con los grupos sucesores del paramilitarismo. Durante este periodo de escalamiento de la violencia en el Bajo Cauca, había acuerdos tácitos que respetaban el control de sus territorios, y por eso solo sostenía combates con la Fuerza Pública. Pero el 2 de agosto pasado, un grupo de hombres de las Agc incursionaron en el corregimiento de Puerto López (El Bagre) y procedieron a asesinar al jefe financiero del ELN en la zona. Esta acción complejiza, aún más, el escenario porque podría provocar que el ELN se aparte de los acuerdos funcionales para evitar su participación en la confrontación bélica”, dice el SAT.

Este sistema de la Defensoría también señala que el principal riesgo de vulneraciones a los DDHH y al DIH en el Bajo Cauca, lo constituye la disputa entre las AGC y el BVPA por el control territorial. No obstante, para el año 2020 se observa un cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales, pues mientras en 2018 y 2019 esta se caracterizaba por la expansión hacia los territorios en donde tenían intereses económicos, para finales de 2019 y durante 2020 se observa el interés de atacar lo que se consideran las sedes de mando del enemigo, provocando masacres y desplazamientos forzados.

Dentro de los recientes hechos de violencia se registra el de la madrugada del pasado 3 de septiembre, cuando un grupo armado sin identificar ingresó a la vereda la Dulzura, municipio de Cáceres, y torturó a algunos habitantes y desplazó de manera forzada a 300 personas. Ese mismo día fueron asesinados agentes de la Policía tras un ataque a la patrulla en la que se movilizaban en la vía Caucasia-Zaragoza. El 30 de agosto pasado, fueron asesinados en Tarazá dos hermanos, de 17 años de edad, y unas horas más tarde de ese hecho fue encontrado el cuerpo sin vida de la lideresa social Sandra Banda Meneses, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, del corregimiento La Caucana.

Para la Defensoría “el principal riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en el Bajo Cauca lo constituye la disputa entre las Agc (o Clan del Golfo) y el BVPA por el control territorial. No obstante, para el año 2020 se observa un cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales, pues mientras en 2018 y 2019 esta se caracterizaba por la expansión hacia los territorios en donde tenían intereses económicos, para finales de 2019 y durante 2020 se observa el interés de atacar lo que se consideran las sedes de mando del enemigo, provocando masacres y desplazamientos forzados”.

Y añadió que “Se trata de una estrategia de aniquilación del enemigo que comporta graves riesgos para la población civil, por cuanto el repertorio de violencia de dichos actores se ha dirigido de forma directa en contra de los/as habitantes del municipio que consideran colaboradores/as de su contraparte, en un flagrante desconocimiento del principio de distinción. En este marco, los actos violentos adquieren una connotación de alta sevicia, como el cercenamiento de miembros, el empalamiento de cabezas, el degollamiento o la prohibición de levantar los cadáveres. Todo esto da cuenta de que los hechos de violencia, a más de ser barbáricos, reflejan una agravación del escenario de riesgo para la población, con un profundo escalamiento de la violencia, que no ha parado ni en tiempos de pandemia”.

Una dinámica que inevitablemente se expandió en subregiones aledañas al Bajo Cauca como Córdoba en donde las masacres aumentan. En el municipio de San José de Uré, sur de ese departamento, entre el pasado lunes 27 y martes 28 de julio se perpetraron dos masacres en zona rural del municipio. El sur de Córdoba, que incluye los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, es clave para los grupos armados. En esta zona, denominada como el Nudo de Paramillo, hay gran riqueza natural y mineral (minas de oro, ferroníquel, carbón y plata). Además, la región permite acceder al Urabá, en donde sale una buena parte de los alijos de cocaína con dirección a Estados Unidos y Europa, y se trafican armas e insumos para las primeras cadenas del narcotráfico.

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Las Agc, dice la alerta, optaron por la violencia selectiva, es decir, identificar y eliminar supuestos integrantes y financiadores de los Caparros. Actualmente, advierte el SAT, la zona urbana de La Caucana tiene menos de la mitad de sus habitantes y el frente Rubén Darío Ávila ha logrado el propósito de controlar todas las veredas limítrofes con el municipio de San José de Uré, casi la totalidad de la zona urbana de La Caucana y avanza sobre las veredas del sur de este corregimiento, limítrofes con el corregimiento de El Guaímaro, con el objetivo de liquidar el último bastión de los Caparros.

Además, en Puerto Valdivia, corregimiento que sufrió la avalancha generada por la contingencia vivida en Hidroituango hace más de un año, también registró choques entre campesinos y la fuerza pública por los operativos de erradicación forzada. Los líderes de la comunidad señalan que no erradicaran hasta que el gobierno cumpla con los planes de sustitución de cultivos. El Espectador se comunicó con la séptima brigada del Ejército, encargada de controlar el orden público en el Bajo Cauca y otras subregiones, para conocer cuáles han sido los movimientos de los militares en los últimos meses para combatir este violento panorama y cómo se prepara ante este nuevo escenario de guerra que puede agravarse aún más. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.