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La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por las afectaciones que deja el paro armado indefinido decretado por el Eln en el municipio de Bajo Baudó, en Chocó. La entidad advirtió que la medida está vulnerando derechos fundamentales como la vida, la integridad, la seguridad, la movilidad, la salud, la educación y el trabajo de las comunidades en zonas urbanas y rurales.
El paro armado indefinido, el primero registrado en 2026, fue anunciado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla y afecta a 25 comunidades, entre ellas 16 afrocolombianas, que corresponden a 530 familias, equivalentes a 1.933 personas, y nueve comunidades indígenas, integradas por 886 familias (4.114 personas). Estas poblaciones habitan en el Bajo Baudó y en cuencas como la del río Docampadó y otros afluentes del suroriente del departamento.
Uno de los principales efectos es el confinamiento, que limita la movilidad por los corredores fluviales e impide el acceso a alimentos básicos. La situación también ha interrumpido jornadas de atención en salud, el acceso a clases de niños y jóvenes, y la llegada de misiones humanitarias a los territorios afectados.
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La Defensoría recordó que todos los actores armados están obligados a respetar el derecho internacional humanitario (DIH), en especial la protección de la población civil. Señaló que “las amenazas, intimidaciones o medidas que generen terror en la población civil, así como las restricciones generalizadas que afecten su acceso a bienes indispensables para la supervivencia, contravienen los principios y obligaciones establecidos” en estas normas.
La Defensoría exigió al Eln levantar de manera inmediata el paro armado y respetar el DIH. “Los derechos y la protección de los pueblos étnicos del Chocó deben prevalecer en todo momento”, enfatizó la entidad, que también hizo un llamado urgente a las autoridades para adoptar medidas inmediatas y coordinadas que garanticen la protección de las comunidades.
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