Eln y Arauca: una relación de política, petróleo, amenazas y condenas

Héctor Federico Gallardo, exgobernador absuelto, cuya denuncia en su contra prescribió (izquierda). Ricardo Alvarado, exgobernador bajo investigación (centro). Y Facundo Castillo Cisneros, actual gobernador, también bajo imputación (derecha).

Foto: El Mirador y Archivo El Espectador

Gustavo Lizarazu fue un infiltrado del Ejército quien durante dos años y medio accedió al área de sistemas del Eln en Arauca. Gracias a su testimonio, entre otras versiones de informantes y exguerrilleros, en 2003 la Fiscalía libró más de 60 órdenes de captura en la región, que terminaron en los juicios por el delito de rebelión contra 24 contratistas, funcionarios, alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, por presuntos nexos políticos y económicos con el Eln. Así como entonces, la Fiscalía tiene la hipótesis de que la administración pública durante la última década ha estado al servicio de la guerrilla, tras imputar al actual gobernador José Facundo Castillo Cisneros y al exgobernador Ricardo Alvarado Bestene, jefe de departamento entre 2016 y 2019.