El contratista Emilio Tapia Aldana le manifestó a los magistrados del Consejo de Estado su deseo de no declarar en el proceso que se adelanta en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el fallo emitido por la Procuraduría General que destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego por las irregularidades que rodearon la implementación del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
Tapia, cuya declaración era considerada de suma importancia por parte de la defensa del mandatario distrital, argumentó que no cuenta con las garantías procesales para declarar y continuar colaborando con la justicia. “Yo decidí no seguir con esa colaboración. Me encuentro humillado por parte del Inpec”, aseguró el contratista quien actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Cómbita (Boyacá) enfrentando un proceso por el delito de lavado de activos.
“No tengo las garantías para yo poder seguir colaborando con la justicia, creo que se ha puesto en riesgo que el país y Bogotá siga conociendo la verdad”, precisó Tapia Aldana al manifestar que después de declarar públicamente que se había adelantado un “complot” por parte de los operadores privados de aseo con el fin de afectar la ejecución del modelo de recolección de basuras en diciembre de 2012.
Aseguró que tras dichas declaraciones fue víctima de interceptaciones telefónicas, seguimientos y amenazas, así como de una “imputación exprés” por parte de la Fiscalía General que afectó el preacuerdo que había firmado con el ente investigador para colaborar con las otras investigaciones que se adelantan por el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República, así como ser testigo de cargo en los juicios contra el exalcalde Samuel Moreno Rojas, exconcejales distritales y exfuncionarios del IDU.
La Fiscalía General compulsó copias para investigar al contratista al considerar que no se había podido confirmar la existencia de este "complot". Esta decisión se tomó al anunciar el archivo de la investigación penal contra Petro Urrego por las irregularidades en la planeación y puesta en marcha del nuevo modelo de aseo.
Sin embargo, Tapia aseguró que pese a la persecución que se ha realizado en su contra y la de su familia “sostengo lo que dije” en la entrevista a El Espectador el 10 de diciembre de 2013 en el que reveló las reuniones que se sostuvieron con el fin de afectar la ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
“Me siento humillado por todo lo que están haciendo conmigo, mi desgracia llegó desde el momento en que hablé sobre el tema del alcalde de Bogotá (…) no se puede seguir diciendo la verdad”, aseguró Tapia al salir del Consejo de Estado. Ante esto el alto tribunal finalizó la recolección de testimonios en este caso.
El abogado Iván Acuña, quien defiende los intereses del mandatario distrital, lamentó que no se pudiera recibir esta declaración en el proceso, manifestando la gran importancia que tenía para sustentar la hipótesis presentada en el recurso de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de Petro Urrego quien cuenta con medidas cautelares.
“Es una pérdida para la justicia, para la ciudadanía, para la verdad que se debe conocer; es lamentable esto que sucedió, es lamentable que el testigo no hubiera profundizado en su declaración por las razones que además compartimos y entendemos”, aseguró el jurista quien en repetidas oportunidades había insistido en contar con la declaración del contratista.
Se espera que en los próximos días se fije la audiencia de alegatos de conclusión en este caso por parte de la defensa del alcalde de Bogotá y la Procuraduría General.
Por Redacción Judicial
