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La polémica que se armó alrededor de Emilio Tapia por el proceso que le abrieron por lavado de activos y que lo dejó contra las cuerdas está que arde. Para muchos, el expediente contra el extestigo estrella de la Fiscalía no es más que una traición porque lo están investigando por hechos por los que se autoincriminó. Sin embargo, el ente investigador radicó el pasado 5 de mayo el escrito de acusación y con más de 500 pruebas intentará validar su hipótesis de que Tapia siguió delinquiendo.
Para la Fiscalía, su excolaborador les mintió porque a través de sus empresas Tecmach SAS y Tecmach Group lavó los dineros que recogió durante la época del carrusel, cuando fue el emisario de los hermanos Samuel e Iván Moreno. En el escrito, de 119 páginas, el ente acusador volvió a explicar lo que se había contado en el principio de oportunidad que había firmado Tapia —y que le había dado inmunidad total por los hechos relatados y delitos conexos—: que era el encargado de pedir una comisión del 8% a los contratistas para entregarles licitaciones.
Agregó la Fiscalía que con sus actuales empresas habría intentado replicar el modus operandi para ocultar los dineros públicos que utilizó con Geos durante la época en que recibió las mordidas. Junto a él fue acusado el representante legal de las dos firmas de Techmach, Carlos Augusto Joly Herrera.
Entre los centenares de pruebas que presentó la Fiscalía se encuentran extractos de sus cuentas bancarias y de las empresas en cuestión, reportes financieros del círculo más cercano de Tapia, las facturas que emitió durante los últimos tres años Tecmach y una decena de dispositivos electrónicos —entre memorias celulares y computadores—. Asimismo, solicitó los testimonios de Miguel, Guido y Manuel Nule, Julio Gómez y Mauricio Galofre.
Una de las curiosidades es que entre las pruebas están documentos escritos a mano, en los que se habrían plasmado las cuentas personales de Tapia y su familia. Por ejemplo, las de un viaje que hizo a Estados Unidos y en el que se habría gastado US$12.800 en compras en GAP, Gucci, restaurantes y hoteles. Asimismo, se registran los pagos a sus empleados —como los conductores—, de las facturas de celular, de los servicios públicos, del arrendamiento de oficinas, del mantenimiento de las fincas, entre otros. La cifra de estos gastos supera los $500 millones.
Sin embargo, para el abogado de Tapia, Jesús Albeiro Yepes, esta situación es el resultado de una decisión política para callar a su defendido y meterlo en la cárcel, ya que en sus declaraciones favoreció al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Agregó, que “para la Fiscalía es raro que Emilio pueda comer sin lavar activos. El simplismo ha llegado a ese punto. Se les olvida que el tenía permiso de trabajar. A él le hicieron el conejo más grande de la historia judicial de Colombia. No sólo ha sido traicionado, sino engañado, humillado y desprestigiado”.
La prueba reina que tiene la Fiscalía para decir que Tapia lavó dineros públicos se basa en un contrato que firmó Tecmach con Conalvías. Éste tenía como objeto la remoción de escombros de un tramo en la vía Carmen de Bolívar-Valledupar, que formaba parte de la Ruta del Sol. Al parecer, la sociedad adquirió con la plata del carrusel unas volquetas para realizar el trabajo. Entre las pruebas tienen los pagarés que se les dieron a los conductores de los vehículos.
En defensa de Tapia, Yepes aseguró que las volquetas no eran de Tecmach y estaban por leasing. Que estos vehículos pertenecían y ya fueron devueltos a un banco. Precisó, además, que el contrato con Conalvías no era público sino privado, y que lo que se está presentando como prueba son los mismos elementos que él entregó para aceptar su responsabilidad: “La Fiscalía se comprometió a que nunca haría uso de esa evidencia”. A su vez, los abogados que representan al Distrito como víctimas del cartel de la contratación también salieron en defensa de Tapia.
Daniel Prado y Orlando Beltrán advirtieron en entrevista con El Espectador, que la colaboración de Tapia venía siendo efectiva y que no entendían el comportamiento de la Fiscalía. “Notamos un tratamiento discriminatorio en relación con los demás participantes del carrusel. Nosotros no encontramos sustento legal para esas imputaciones de lavado. Creemos que ese proceso, que hoy lo tiene preso, busca impedir que Tapia cuente lo que sabe”, dijo Beltrán. “Tapia resultó detenido por lavado de activos porque, se supone, lavó plata del saqueo al Distrito. Pero, curiosamente, no fuimos convocados como representantes de Bogotá a esa audiencia. Ese proceso tiene serios problemas. Incluso, le dieron permiso para trabajar”, agregó Prado.
El pasado miércoles el Tribunal Superior de Bogotá negó una nulidad que presentó la defensa de Tapia en el proceso. Al margen de que se realice la audiencia de formulación de acusación, la Fiscalía continúa analizando qué bienes son producto del lavado de activos, porque hasta el momento sólo tiene una casa y un apartamento en Bogotá y un lote en Sahagún (Córdoba), como propiedades producto de este supuesto crimen.
El caso de Tapia es clave, porque no sólo fue el primer gran testigo que abrió al investigación del carrusel de la contratación, sino que ha manifestado que tan sólo ha contado el 2%. Por eso es válida la pregunta del abogado Prado: ¿Qué es más importante: que el delincuente parrandero esté en una cárcel o que el delincuente parrandero esté colaborando con la justicia para develar la corrupción que se tragó a Bogotá?
@jdlaverde9
@santsmartinez
Por Juan David Laverde Palma, Santiago Martínez Hernández
