El contratista Emilio Tapia Aldana será testigo de la Fiscalía General en el proceso que se adelanta contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la celebración del contrato para la prestación del servicio de ambulancias y que tuvo un costo superior a los 67 mil millones de pesos.
El testimonio de Tapia es clave en este proceso penal, puesto que en el preacuerdo firmado con el ente investigador aseguró que entregó comisiones a través del entonces secretario de salud de Bogotá, Héctor Zambrano para resultar beneficiado con el multimillonario contrato. Dichas ‘coimas’ también le fueron entregadas al exmandatario distrital.
Igualmente serán citados como testigos la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo; el exconcejal de Bogotá, Andrés Camacho Casado; y el exsecretario de salud, Héctor Zambrano. Todos ellos, según el ente, estuvieron relacionados con la entrega de una comisión cercana a los 6 mil millones de pesos entregada por un grupo de contratistas.
Moreno Rojas, quien enfrenta otros dos procesos penales por el denominado carrusel de la contratación vial en Bogotá, se ha declarado inocente de las acusaciones hechas por la Fiscalía General asegurando que no tuvo ninguna participación en el proceso de licitación y entrega del contrato.
La Fiscalía General cuenta en este proceso con 73 testigos, entre los que se encuentran peritos e investigadores con los que buscan demostrar la culpabilidad del exalcalde en el delito de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. (Ver Samuel Moreno no recibió comisiones por contrato de ambulancias: Defensa)
Según la investigación, en el año 2009 el entonces alcalde Mayor le solicitó a Zambrano que aceptara la promesa remuneratoria de los contratistas. Una parte la iba a recibir él, un porcentaje similar era para su hermano, el exsenador Iván Moreno Rojas –quien enfrenta un proceso en la Corte Suprema por el ‘carrusel’- el exconcejal Hipólito Moreno; el expersonero Francisco Rojas Birry; y el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, entre otros funcionarios del Distrito.
Para la Fiscalía el exmandatario conocía todos los pormenores de las reuniones en las cuales se “negociaba el porcentaje” que debía pagar las empresas interesadas en la adjudicación del contrato. En dichos encuentros se pactó con una de las empresas de Tapia Aldana la entrega de una comisión del seis por ciento sobre el valor real del convenio. Pese a que no estaba presente recibía información puntual sobre lo que allí se acordó.
Según los testimonios recolectados, Tapia Aldana fungía como el representante de los hermanos Moreno y fue el encargado de recibir y repartir el dinero de la comisión entre las partes que se hacán parte de “la empresa criminal” denominada por la Fiscalía General, que como ese se repartieron varios contratos durante la administración de Moreno Rojas. Ante esto se consideró que el exalcalde actuó con dolo directo pues sabía que se estaban presentando conductas contrarias a la ley.
El exmandatario se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2011 en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en el centro de la capital de la República.
Por Redacción Judicial
