Empezó la guerra psicológica contra defensores de derechos humanos: Cinep

Con bombos y platillos, el Gobierno anunció que el año pasado fue el de menor intensidad en el conflicto armado en los últimos 50 años. Sin embargo, no mostró con la misma vehemencia las cifras que prueban que, si bien se dispararon menos balas en el campo de batalla, hubo otro tipo de violencia que aumentó de manera dramática. Y lo más grave: fue contra actores no armados, los defensores de derechos humanos.
 
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) lanzó su informe sobre la situación de los derechos humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia para el año 2015, en el que se evidencia que las amenazas y asesinatos contra defensores de derechos humanos y líderes políticos aumentaron. El informe señaló además un punto controvertido: identificó a los paramilitares –o las llamadas bandas criminales– como los mayores violadores de derechos.
 
El Cinep aseguró que en 2015 se reportaron 2.047 hechos victimizantes, la mayoría son amenazas contra la vida de los defensores: 1.061 casos. Desde 2012, año en el que iniciaron los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, las amenazas han aumentado de forma exponencial: en tan solo cuatro años ha habido un crecimiento de este fenómeno del 107%.
 
En la mayoría de los casos, detrás de estas amenazas están, según la organización, las bandas criminales, quienes ejecutaron el 54% de los ataques. En el informe, el Cinep planteó una hipótesis que a la luz de los acontecimientos cada vez toma más fuerza: que las bandas criminales, que el Estado se ha empeñado en calificar como exclusivamente delincuenciales, sí tienen un matiz político en su accionar y que por esto deben ser llamados paramilitares.
 
El organismo argumenta que el lenguaje que usan estas estructuras en los panfletos, las llamadas y los correos con las que amedrantan a los líderes políticos o defensores de derechos tienen el mismo carácter contrainsurgente y anticomunista que ha caracterizado a los paramilitares. “No hay diferencias sustanciales con los ‘paras’ del pasado”, señaló el sacerdote Javier Giraldo, investigador del Banco de Datos de derechos humanos y violencia política de la organización.
 
 Aun así, Luis Guillermo Guevara, director del Cinep, señaló que efectivamente hay acciones de las bandas criminales que no encajan con el discurso tradicional paramilitar: el ‘Plan Pistola’ contra miembros de la Fuerza Pública, por ejemplo, o los panfletos que se difundieron en días anteriores al pasado paro armado de los Úsuga, en los que se oponían al Gobierno y reivindicaba a grupos marginados.
 
 “Ellos necesitan esas cosas que no encajan, esto no es gratuito. Ellos podrán pensar que es parte de su fórmula para desviar la atención hacia otros ámbitos. Esto es muy perverso, y desde la sociología, la historia muestra que pueden ocurrir cosas como sacrificar a los del mismo bando” dijo Guevara. Por su parte, el sacerdote Giraldo señaló que podrían estar actuando de esta manera para camuflarse entre ciertos grupos opositores del Gobierno y del proceso de paz.
 
 Pero hay un hallazgo aún más preocupante para los investigadores: presuntamente serían la Policía y el Ejército los segundos grupos que más violentarían los derechos humanos en el país. La organización registró 83 casos de amenazas por parte de la Policía en el 2015, y 80 de cuenta del Ejército. Las detenciones arbitrarias fueron de 161 y 120, respectivamente, lo que para el Cinep demuestra una creciente criminalización de la protesta social mediante estrategias jurídicas (el aumento fue del 175% en detenciones arbitrarias respecto al 2014).
 
 Para Javier Giraldo, el hecho de que estos acontecimientos ocurran principalmente en Bogotá (20% de los hechos), Cauca (13%), Santander (10%) y Valle del Cauca (9%), lugares con un movimiento social fuerte. El sacerdote Alejandro Angulo, coordinador del Banco de datos del Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, sostuvo que “lo que está sucediendo ahora es una guerra psicológica y jurídica contra los defensores de derechos humanos”.
 
Hay registros de defensores que solo el año pasado fueron amenazados hasta seis veces, como es el caso de Ingrid Vergara, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre. Para  Andrea Bautista, abogada en el proceso de la desaparición forzada de Nidia Erika Bautista por parte de organismos estatales, estos hechos se constituyen en una tortura psicológica para quienes los padecen.
 
 Si a esto se le suma que hay 164 casos de amenazas cuyos autores no han sido identificados, y que en la mayoría de asesinatos contra líderes sociales registrados (228)  no hay claridad sobre los autores, el panorama es, cuando menos, inquietante. El Cinep señaló que es necesaria una solución real si quiere evitarse que ocurra un episodio como el de la UP tras la desmovilización de las guerrillas.

Con bombos y platillos, el Gobierno anunció que el año pasado fue el de menor intensidad en el conflicto armado en los últimos 50 años. Sin embargo, no mostró con la misma vehemencia las cifras que prueban que, si bien se dispararon menos balas en el campo de batalla, hubo otro tipo de violencia que aumentó de manera dramática. Y lo más grave: fue contra actores no armados, los defensores de derechos humanos.
 
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) lanzó su informe sobre la situación de los derechos humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia para el año 2015, en el que se evidencia que las amenazas y asesinatos contra defensores de derechos humanos y líderes políticos aumentaron. El informe señaló además un punto controvertido: identificó a los paramilitares –o las llamadas bandas criminales– como los mayores violadores de derechos.
 
El Cinep aseguró que en 2015 se reportaron 2.047 hechos victimizantes, la mayoría son amenazas contra la vida de los defensores: 1.061 casos. Desde 2012, año en el que iniciaron los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, las amenazas han aumentado de forma exponencial: en tan solo cuatro años ha habido un crecimiento de este fenómeno del 107%.
 
En la mayoría de los casos, detrás de estas amenazas están, según la organización, las bandas criminales, quienes ejecutaron el 54% de los ataques. En el informe, el Cinep planteó una hipótesis que a la luz de los acontecimientos cada vez toma más fuerza: que las bandas criminales, que el Estado se ha empeñado en calificar como exclusivamente delincuenciales, sí tienen un matiz político en su accionar y que por esto deben ser llamados paramilitares.
 
El organismo argumenta que el lenguaje que usan estas estructuras en los panfletos, las llamadas y los correos con las que amedrantan a los líderes políticos o defensores de derechos tienen el mismo carácter contrainsurgente y anticomunista que ha caracterizado a los paramilitares. “No hay diferencias sustanciales con los ‘paras’ del pasado”, señaló el sacerdote Javier Giraldo, investigador del Banco de Datos de derechos humanos y violencia política de la organización.
 
 Aun así, Luis Guillermo Guevara, director del Cinep, señaló que efectivamente hay acciones de las bandas criminales que no encajan con el discurso tradicional paramilitar: el ‘Plan Pistola’ contra miembros de la Fuerza Pública, por ejemplo, o los panfletos que se difundieron en días anteriores al pasado paro armado de los Úsuga, en los que se oponían al Gobierno y reivindicaba a grupos marginados.
 
 “Ellos necesitan esas cosas que no encajan, esto no es gratuito. Ellos podrán pensar que es parte de su fórmula para desviar la atención hacia otros ámbitos. Esto es muy perverso, y desde la sociología, la historia muestra que pueden ocurrir cosas como sacrificar a los del mismo bando” dijo Guevara. Por su parte, el sacerdote Giraldo señaló que podrían estar actuando de esta manera para camuflarse entre ciertos grupos opositores del Gobierno y del proceso de paz.
 
 Pero hay un hallazgo aún más preocupante para los investigadores: presuntamente serían la Policía y el Ejército los segundos grupos que más violentarían los derechos humanos en el país. La organización registró 83 casos de amenazas por parte de la Policía en el 2015, y 80 de cuenta del Ejército. Las detenciones arbitrarias fueron de 161 y 120, respectivamente, lo que para el Cinep demuestra una creciente criminalización de la protesta social mediante estrategias jurídicas (el aumento fue del 175% en detenciones arbitrarias respecto al 2014).
 
 Para Javier Giraldo, el hecho de que estos acontecimientos ocurran principalmente en Bogotá (20% de los hechos), Cauca (13%), Santander (10%) y Valle del Cauca (9%), lugares con un movimiento social fuerte. El sacerdote Alejandro Angulo, coordinador del Banco de datos del Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, sostuvo que “lo que está sucediendo ahora es una guerra psicológica y jurídica contra los defensores de derechos humanos”.
 
Hay registros de defensores que solo el año pasado fueron amenazados hasta seis veces, como es el caso de Ingrid Vergara, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre. Para  Andrea Bautista, abogada en el proceso de la desaparición forzada de Nidia Erika Bautista por parte de organismos estatales, estos hechos se constituyen en una tortura psicológica para quienes los padecen.
 
 Si a esto se le suma que hay 164 casos de amenazas cuyos autores no han sido identificados, y que en la mayoría de asesinatos contra líderes sociales registrados (228)  no hay claridad sobre los autores, el panorama es, cuando menos, inquietante. El Cinep señaló que es necesaria una solución real si quiere evitarse que ocurra un episodio como el de la UP tras la desmovilización de las guerrillas.