Empresa de oro habría lavado activos usando a habitantes de calle como fachada

Comercializadora Internacional S & JIL registró pagos a proveedores que venían de regiones donde no se explota oro. / Archivo.

Sadín Jesús e Ileana Jiménez Hernández tendrán que estar en la cárcel mientras la Fiscalía los investiga formalmente por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Estos hermanos crearon la empresa Comercializadora Internacional S & JIL se suponía, era la compra y venta del oro. Pero en esa ciudad fueron arrestados hace más de una semana e imputados, al igual que siete personas más, por -asegura la Fiscalía- haber facilitado el lavado de activos.

Todos ellos estarán detenidos (cuatro en la cárcel y cinco en prisión domiciliaria) mientras las indagaciones siguen, pues este proceso es el resultado de una investigación que la Fiscalía está llevando a cabo desde hace tres años. Y lo que halló fue que la Comercializadora Internacional S & JIL estableció todo un esquema para legalizar transacciones con supuestos proveedores de oro que en realidad eran personas fallecidas, o habitantes de calle, u obreros de construcción, o panaderos, o taxistas, o agricultores, entre otros.

Al parecer, la gente de la empresa les prometió pagos a cambios de que sacaran su RUT (Registro Único Tributario) y no siempre cumplió. Ante la DIAN, Comercializadora Internacional S & JIL tenía registrados unos 12.600 proveedores de oro. Con algunos de ellos, dice hoy la Fiscalía, simuló transacciones por $1,3 billones. Es decir: como no eran proveedores de verdad, la empresa habría falsificado esos pagos. La plata salió de sus cuentas, pero no se sabe a quién.

De esos 12.600, la Fiscalía tomó como muestra 1.200 proveedores: 420 de ellos fueron entrevistados y se descubrió que ninguno tenía que ver con actividades auríferas. También se descubrió que algunas de las empresas que figuraban como proveedores suyos tenían como dirección locales desocupados. Incluso, se encontró también que Comercializadora Internacional S & JIL tenía entre sus cuentas pagos hechos a proveedores de municipios que en el Sistema de Información Minero Colombiano no registran producción de oro.

Fue tal el nivel de falsificación de registro de proveedores, señaló la Fiscalía, que un particular episodio se dio mientras se desarrollaba la audiencia de imputación y medida de aseguramiento: el nombre de un policía que custodiaba a los investigados en la sala apareció como proveedor de la empresa Comercializadora Internacional S & JIL. Aún no es claro si estaba ahí con o sin su conocimiento.

Además de los hermanos Sadín Jesús e Ileana Jiménez Hernández, también Sebastián Peláez Jiménez y León Jaime Vélez Muñoz estarán en la cárcel mientras son investigados porque, explicó la Fiscalía, durante el registro a la casa de uno de ellos “se halló un cuaderno de la investigación, documento reservado y de manejo exclusivo de la Fiscalía Nacional de la Nación”. El juez consideró que ellos podrían obstruir la labor de la justicia y ordenó su reclusión.