En las últimas semanas, el presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas contra empresas de vigilancia presuntamente vinculadas con estructuras criminales. Según el mandatario, ordenó al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Wilson Caballero Ariza, perseguir “las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse”. Ante esto, El Espectador habló con Raquel Garavito Chapal, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Empresas de Segurida (FedeSeguridad), sobre los controles al sector y la lucha contra la ilegalidad.
El gremio lleva cerca de 14 años de trayectoria representa a empresas de vigilancia y seguridad privada, transporte de valores, monitoreo y algunos servicios de escolta. Agrupa a compañías nacionales y multinacionales representativas del sector. Además, cuenta con un área técnica y un observatorio económico para contribuir a la formulación de políticas de seguridad urbana, siendo órgano consultor del Gobierno Nacional y de los gobiernos territoriales.
¿Qué posición tiene FedeSeguridad frente a las medidas anunciadas por el Gobierno contra empresas de vigilancia presuntamente vinculadas con estructuras criminales?
Desde FedeSeguridad respaldamos la firmeza del Gobierno Nacional frente a la ilegalidad. Este es un sector en el generamos cerca de 400.000 empleos y, según cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, hay 1.200 personas jurídicas registradas, de las cuales 946 se dedican a la vigilancia y la seguridad privada. Estamos hablando de un sector que aporta el 1,3 % del PIB, equivalente a COP 21 billones para la economía colombiana.
Hay empresas que se hacen pasar por compañías de vigilancia y seguridad privada sin cumplir los requisitos legales: no están debidamente registradas, no cumplen con los procedimientos exigidos para el manejo de armas o su personal no cuenta con las acreditaciones necesarias. Estas prácticas perjudican a las empresas formales, que operan bajo las normas y generan empleo.
En 2025, las autoridades identificaron una red de empresas que presuntamente facilitaba armas y documentación a integrantes de grupos armados ilegales. ¿FedeSeguridad ha identificado otros casos de posibles empresas fachada y qué medidas propone para prevenir estas irregularidades?
Hemos sido muy firmes en delimitar cuál es el papel del Estado y cuál es el nuestro. No nos corresponde perseguir la ilegalidad. Sin embargo, sí estamos atentos a las condiciones que debe garantizar el Estado para combatirla. Uno de los llamados que le hemos hecho al Gobierno Nacional es fortalecer la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Consideramos que, con el paso de los años, la entidad se ha concentrado en tramitar permisos y licencias, y ha dejado en un segundo plano sus funciones de regulación, inspección, vigilancia y control.
Este es un sector que tiene cerca de 64 tipos de trámites diferentes. Por eso, creemos que es necesario revisar cuáles pueden simplificarse para que la Superintendencia tenga mayor capacidad de concentrarse en su función principal: controlar el mercado y detectar posibles irregularidades. También es fundamental revisar los controles previos a la expedición de licencias. Por ejemplo, la Superintendencia anunció en el Gobierno anterior el cierre de 21 empresas que desarrollaban actividades ilegales. Cuando analizamos esas cifras en FedeSeguridad, encontramos que el 60 % de esas compañías había obtenido su licencia durante ese mismo gobierno. Esto demuestra que no basta con actuar después de identificar las irregularidades: también hay que ser rigurosos al momento de autorizar el funcionamiento de las empresas.
Actualmente hay más de 62.000 armas asociadas a empresas de vigilancia inactivas ¿Conocen su paradero y qué ocurre con las armas cuyos permisos no están vigentes?
Es importante entender que las armas en Colombia son del Estado y que Indumil las provee tanto al sector público como al privado. Para que las empresas de seguridad puedan tenerlas, deben cumplir con trámites específicos y contar con los permisos correspondientes. Además, existen reglas claras sobre cuándo un arma puede estar en servicio y cuándo no. Lo que ha ocurrido es que, debido a los retrasos en los trámites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, especialmente durante los últimos cuatro años, muchos permisos de armas no se renovaron. Sin embargo, esto no significa que las armas estén perdidas.
Las empresas formales de vigilancia no promueven la circulación ilegal de armamento. Que algunas compañías ilegales hayan incurrido en esas prácticas no significa que todo el sector opere de la misma manera. Cuando un arma no tiene un permiso vigente, las empresas están obligadas a mantenerla bajo custodia. Además, las instalaciones de las empresas de vigilancia deben cumplir con requisitos específicos de seguridad. Por ejemplo, deben contar con espacios acondicionados para almacenar el armamento bajo las condiciones establecidas en la normativa. Por eso, las armas cuyos permisos están pendientes de renovación no pueden utilizarse y deben permanecer bajo custodia, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
FedeSeguridad advierte que la Superintendencia tiene recursos insuficientes y una planta de 94 cargos congelada desde 2007. ¿Qué necesita la entidad para supervisar eficazmente al sector?
Cemos que el Estado, pese a la importancia de este tema, no le ha prestado mucha atención a lo largo de los años. Es una entidad que está muy estancada, no solo en materia de personal, sino también en tecnología. Hoy en día, sigue operando como cuando fue creada: todos los procesos son manuales, no cuenta con plataformas digitales y tiene una cantidad de trámites y procedimientos que no deberían existir.
Uno de los llamados que le hacemos al Gobierno Nacional es que empecemos a evaluar si llegó el momento de modernizar la Superintendencia. Varios de sus procedimientos podrían fusionarse o incluso desaparecer. Actualmente, el sector debe realizar 64 tipos de trámites diferentes, algunos de los cuales se duplican con los de otras entidades del Estado.
¿Cómo funcionaría la interoperabilidad entre las empresas de vigilancia y la fuerza pública que propone FedeSeguridad?
¿Qué está pasando? En términos generales, cada vez hay menos personal disponible para integrar las fuerzas de seguridad en el mundo, por distintas circunstancias. Una de ellas es que, muchas veces, las nuevas generaciones no quieren vincularse a la Policía, el Ejército, la Armada u otras instituciones de la fuerza pública. En Colombia tenemos un déficit de pie de fuerza policial, y la Policía es la encargada de cuidar las ciudades. Ante esas limitaciones, tenemos que empezar a pensar de manera diferente en cómo podemos apoyar el trabajo de la fuerza pública.
Hay algo importante que quiero aclarar: desde FedeSeguridad no pretendemos que haya una sustitución de funciones. La fuerza pública es la encargada de la seguridad urbana; no se trata de trasladarle esa responsabilidad al sector privado. Lo que proponemos es un apoyo en el ejercicio de ciertas funciones, en actividades específicas en las que la seguridad privada pueda respaldar a la fuerza pública.
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