En 2014 fueron vinculadas formalmente a procesos e investigaciones 86 personas relacionadas con el desplazamiento forzado del que fueron víctimas pobladores de Jiguamiandó y Curvaradó quienes tuvieron que vender sus predios a precios irrisorios tras recibir amenazas de grupos paramilitares.
El despojo de estas tierras se adelantó desde la Fundación para la Paz en Córdoba (Funpazcor), coordinada por Sor Teresa Gómez, hermanastra del clan Castaño Gil, que mediante amenazas y documentos falsos logró la apropiación de estos predios. También contaron con la participación de paramilitares que delinquían en el Chocó.
Muchos de estos predios fueron puestos a nombre de la viuda de los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, así como otros extraditados. Además de Gabriela Inés Henao Montoya, representante de una de las familias vinculadas al cartel del Norte del Valle.
En estos casos también han sido vinculados servidores públicos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), notarios y funcionarios de Finagro. Mientras que en el sector privado están siendo procesados palmicultores, bananeros, ganaderos e integrantes de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En total, han sido 30 condenas y 86 personas vinculadas en todos los sectores antes descritos.